Más allá del derecho al voto

Al cumplirse dos años de la represión y actos vandálicos de los que fueron víctimas un grupo de jóvenes del movimiento denominado OcupaINSS, es necesario reiterar los derechos de los jóvenes como legítimos ciudadanos para expresar sus propuestas y demandas a la autoridad pública y desarrollar acciones para generar un cambio en la conducción del poder.

Al cumplirse dos años de la represión y actos vandálicos de los que fueron víctimas un grupo de jóvenes del movimiento denominado OcupaINSS, es necesario reiterar los derechos de los jóvenes como legítimos ciudadanos para expresar sus propuestas y demandas a la autoridad pública y desarrollar acciones para generar un cambio en la conducción del poder.

OcupaINSS demostró el rol protagónico que pueden tener los jóvenes en la gestión de demandas sociales y políticas. No obstante, una gran mayoría por diferentes motivos vive al margen de los temas políticos, económico y social que afectan al país, razón por la cual cuando se les pregunta cuáles son sus derechos políticos se limitan a responder: “Votar en las elecciones”.

Este tipo de repuesta pone de manifiesto que la juventud tiene un concepto equivocado de la participación ciudadana y evidencia el desconocimiento de otros derechos constitucionales que la Carta Magna les confiere al igual que al resto de nicaragüenses, que van más allá del derecho de elegir.

La Constitución garantiza una serie de derechos y espacios de participación que cualquier ciudadano puede poner en práctica para exigir el cumplimiento de una obligación del Estado o la mera satisfacción de una necesidad individual o colectiva.

Los comunicados, las proclamas, las opiniones vertidas en los diferentes medios de comunicación a favor o en contra del Gobierno, las marchas, las concentraciones, las caravanas para participar en una concentración política, el ser miembro de una organización de sociedad civil, pertenecer a un partido político o bien optar a cargos públicos están amparados por la Constitución y no es más que el ejercicio de derechos como:

• La libertad de conciencia, de pensamiento y expresar libremente su pensamiento en público o en privado.
• Constituir o participar libremente en organizaciones civiles, asociaciones, fundaciones, de todo tipo en el campo o la ciudad.
• Derecho de participar en reuniones pacíficas, en asuntos públicos hacer peticiones, denunciar anomalías, formular críticas y obtener respuesta y soluciones.
• Derecho de concentración, manifestación y movilización pública.
• Derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder.

Igualmente cuando se participa en cabildos, consultas de proyectos sociales, de ley o en la formulación de políticas públicas se está haciendo uso del artículo 50 de la Constitución, que señala el derecho ciudadano de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal.

Cuando se denuncian actos de corrupción en entidades del Estado, se critica las obras públicas de mala calidad y se pide la solución de un problema que compete al gobierno municipal o nacional, se tiene como fundamento jurídico el artículo 52.

Del lado contrario, cada vez que el Gobierno a través de sus hordas partidarias, la policía o el ejército ordena reprimir una protesta ciudadana, cierra un medio de comunicación, utiliza al Consejo Supremo Electoral para cancelar personerías jurídicas, destituir diputados, o bien ordena la aprobación de leyes u otorga concesiones de impacto nacional sin ser consultados con la población, está violentando los derechos civiles y políticos arriba mencionados.

Como se observa, la Ley Suprema garantiza a los jóvenes derechos y espacios de participación. Lo que hace falta es que la juventud se apropie de ellos y los ponga en práctica, sin dejarse manipular por los que se auto consideran líderes políticos, que solo obedecen a sus intereses personales, y con la plena conciencia de que sus derechos no se circunscriben a marcar una boleta por una opción partidaria y depositarla en una urna electoral cada cinco años.

El autor es licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales, miembro del Grupo Projusticia.

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