Kitty Monterrey: “Soy nicaragüense”

Carmella María Rogers Amburn de Monterrey, conocida como Kitty Monterrey, quiere ser magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE) para velar por la democracia en Nicaragua, “para que hayan elecciones libres y transparentes”; sin embargo, está clara de que el partido gobernante Frente Sandinista (FSLN) no se lo permitirá con el argumento de que tiene doble nacionalidad.

Carmella María Rogers Amburn de Monterrey, frente a los miembros de la comisión especial, su presidenta la diputada Alba Palacios y los diputados Edwin Castro y Wilber López, coordinadores de bancadas. LA PRENSA/CORTESÍA/ARCHIVO

Carmella María Rogers Amburn de Monterrey, conocida como Kitty Monterrey, quiere ser magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE) para velar por la democracia en Nicaragua, “para que hayan elecciones libres y transparentes”; sin embargo, está clara de que el partido gobernante Frente Sandinista (FSLN) no se lo permitirá con el argumento de que tiene doble nacionalidad.

Monterrey se presentó ayer en la Asamblea Nacional, donde fue recibida por los diputados de la comisión especial que está evaluando las propuestas de candidatos al cargo vacante de magistrado del CSE.

Monterrey les expuso que su nacionalidad norteamericana no fue adquirida, por lo cual la Constitución Política no le impide ser candidata al cargo público de magistrada electoral.

“La Constitución es clara, ellos (los diputados sandinistas) la están interpretando a su gusto, simplemente para impedir mi candidatura (…), quieren hacer todo lo posible para justificar que yo no puedo ser magistrada”, dijo Monterrey al salir de la entrevista con los diputados sandinistas Alba Palacios y Edwin Castro.

ARTÍCULO 171 DE LA CONSTITUCIÓN

Los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), quienes proponen a Monterrey como candidata, han explicado que el artículo constitucional (171) —sobre los requisitos para optar al cargo de magistrado electoral—, lo que establece es que se prohíbe para “quien hubiere adquirido otra nacionalidad”, pero Monterrey no adquirió otra nacionalidad, sino que nació en Estados Unidos, su padre es norteamericano y su madre es nicaragüense.

“Yo no tendría el cinismo de venirme a presentar aquí si la doble nacionalidad fuera un impedimento para ocupar un cargo público, no existe en la Constitución absolutamente nada que diga que la doble nacionalidad es un impedimento, lo que sí dice la Constitución es que cuando una persona adquiere otra nacionalidad tiene que renunciar a ella, pero yo jamás he adquirido otra nacionalidad, nací en Estados Unidos, pero mi mamá es nicaragüense y por eso yo soy nicaragüense”, dijo Monterrey, quien es directora ejecutiva del PLI.

Monterrey también comentó que ella tiene experiencia electoral porque diseñó un proyecto de instituto de cedulación.

El coordinador de la bancada gobernante FSLN y miembro de esta comisión, Edwin Castro, manifestó ayer que sería un conflicto de intereses pensar siquiera en la posibilidad de que una persona con doble nacionalidad sea magistrada del poder electoral, porque también estaría representando los intereses de otro país.

OTRO CANDIDATO

La presidenta de la comisión especial, Alba Palacios, confirmó ayer que el diputado Wilfredo Navarro retiró a los cinco candidatos que había propuesto. Palacios reveló también que se sumó un candidato más: Jaime Arellano, propuesto por el diputado Mauricio Montealegre.

SILVA SERÍA LA ELEGIDA

Aunque se permitiera la candidatura a magistrada electoral de Carmella Monterrey, no tendría probabilidades de ganar, debido a que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional responden a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), quienes aprueban todas sus propuestas sin cuestionamiento alguno.

En ese caso, Judith Silva, que es la candidata propuesta por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, es quien tiene más probabilidades de ser electa con los 64 votos invariables de los diputados sandinistas, de 90 votos totales.
El pasado 16 de junio Silva renunció a la presidencia ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).

 

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