Los militares mexicanos que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas, tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, afirmó este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La organización no gubernamental presentó su informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, integrado a partir de la información a la que ha accedido el Centro Prodh al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de los hechos.
La testigo, identificada en los medios como “Julia”, fue presentada este jueves en conferencia de prensa como Clara Gómez, cuya hija Erika, de 15 años, es una de las víctimas fatales.
Uno de los documentos citados en el informe es una “orden de relevo y designación de mando del teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez” al frente de la base de operaciones San Antonio del Rosario.
“De esta orden resultan una serie de instrucciones que, sin lugar a dudas, son ilegales y, más grave aún, que a todas luces incentivan la comisión de violaciones a derechos humanos”, aseguró la asociación civil.
Añadió que la disposición que mayor preocupación genera es la que señala que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en ese horario”.
De acuerdo con el Centro, “el uso de este lenguaje resulta sumamente grave, pues al instruir abatir delincuentes se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.
Lo anterior se ve agravado por el hecho de que expresamente se instruya que esta actividad se realice de noche, “ya que se coloca a las tropas castrenses en franca condición de alevosía, circunstancia indicativa del propósito de ocultamiento de una actividad ilícita”, apuntó.
“El expediente no deja dudas: a la base de operaciones San Antonio del Rosario se le ordenó abatir delincuentes en horas de oscuridad y, tras los hechos de Tlatlaya, el teniente a cargo de la base informó que en efecto se había abatido delincuentes. La orden había sido cumplida”, indicó.
Por ello, el Centro Prodh hizo una serie de recomendaciones, entre ellas la creación de una nueva comisión investigadora para el caso en la que participen especialistas institucionales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e independientes.
Finalmente, señaló que ha enviado el informe al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Christoph Heyns, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Penal Internacional para el efecto de que evalúe la oportunidad de abrir una investigación sobre México.
La versión inicial del Ejército sobre lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, establecía que 22 supuestos criminales fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas.
Sin embargo, la CNDH sostuvo que solo siete murieron de esta forma, mientras que cifró en 15 los civiles asesinados por los soldados una vez que se habían rendido. La investigación de la fiscalía también admite que hubo ejecuciones extrajudiciales, aunque una cantidad menor.