Justicia flexible con narcos - La Prensa

Justicia flexible con narcos

Condenados de Operación Mojón fuera de cárcel por “problemas de salud”

02/07/2015

Seis personas fueron acusadas como presuntos autores de traficar droga, entre los procesados destaca José Antonio Garcia Aguilar, sobrino del magistrado de la CSJ, Marvin Aguilar, el administrador financiero de la Alcaldía de Cárdenas y un excandidato a alcalde de ese municipio fronterizo con Costa Rica. LA PRENSA/ARCHIVO

Tres de los seis capturados en la llamada Operación Mojón en julio del 2014, condenados luego por transporte internacional de estupefacientes, crimen organizado, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, están fuera del régimen carcelario.

Esto ocurrió luego que la sala penal del Tribunal de Apelaciones de Granada diera lugar a las solicitudes de revisiones médicas de las defensas y tras admitir los informes del forense de Rivas y el Instituto de Medicina Legal (IML).

LA PRENSA conoció que Carlos Omar Talavera Zambrana (exadministrador financiero de la Alcaldía de Cárdenas), Denis Fernando Gámez Bustos y José Antonio García Aguilar (sobrino del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar), están fuera de la cárcel.

Está pendiente que el Tribunal se pronuncie sobre la solicitud de la defensa de Nelson Santos Espinoza Guido, quien alega problemas de próstata.

CRÓNICA DEL PROCESO

15 de junio. La abogada Mercedes Mejía Incer presenta un escrito exponiendo a los magistrados de la sala penal que su defendido Carlos Omar Talavera Zambrana se encuentra con afectaciones cardíacas que han puesto en peligro su vida, por lo que pide sea remitido al médico forense.

Al día siguiente, el dictamen del médico forense de Rivas indica que Talavera padece de “insuficiencia cardíaca descompensada, cuya enfermedad es crónica, grave e incurable que en este momento sin tratamiento pone en riesgo su vida y se encuentra en grave peligro” y por ello recomienda tratamiento especializado.

16 de junio. Los magistrados resolvieron medidas cautelares que consisten en presentación periódica al tribunal cada 15 días, orden de retención migratoria, concurrir inmediatamente al hospital o a un centro privado para su debida valoración y tratamiento, debiendo ser atendido por el cardiólogo, el que a su vez tendrá que informar al tribunal sobre los resultados médicos.

23 de junio. Los magistrados acceden a las peticiones de familiares de José Antonio García Aguilar y Denis Fernando Gámez Bustos para que ambos sean valorados por el IML y el forense de Rivas.

Ese mismo día el forense dictaminó que Denis Fernando Gámez Bustos presenta “la enfermedad del tejido conectivo o de la colágena, la cual es crónica, grave e incurable, que pone en grave riesgo su salud y sin el tratamiento pone en riesgo su vida por lo que recomienda valoración con reumatología”.

En el caso de José Antonio García Aguilar, el doctor Wilber Jacob Méndez Varela, del IML, dictamina diabetes Mellitus Tipo 1, insulino-requirente, hipertensión arterial no controlada, descompensación metabólica aguda, crisis hipertensiva, neuropatía diabética y vasculopatía diabética y otros cuadros clínicos “que requiere de manejo en centro especializado (…) ya que de no cumplirse, su estado de salud puede empeorar y poner en riesgo la vida”.

24 de junio. Los magistrados resolvieron la inmediata libertad argumentando que la salud de ambos “es grave y no puede ser tratada dentro del régimen carcelario de la Policía Nacional de Rivas, ni mucho menos en las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional de Managua y al ser la vida el bien jurídico tutelado de mayor envergadura (…) se otorga medidas cautelares sustitutivas que consisten en la presentación periódica a este tribunal cada quince días durante el tiempo que dure el proceso”. Además se ordena retención migratoria y que deberán concurrir a un hospital o centro privado para su debida valoración y tratamiento.

El mismo 24 de junio, la sala penal del Tribunal resuelve “ha lugar” a la valoración del acusado Santos Espinoza con base en el “escrito presentado el 17 de junio del 2015 por la licenciada María Esperanza en su calidad de defensa del acusado Nelson Santos Espinoza Núñez”, en donde hace ese requerimiento pues su defendido presenta problemas de próstata.

Mercedes Mejía, abogada defensora de Carlos Omar Talavera Zambrana, dijo que desde que inició el proceso judicial en contra de su defendido, estuvo solicitando la valoración médica “y lo que está haciendo el Tribunal de Apelaciones de Granada es lo que no hicieron los jueces, ellos (detenidos) son seres humanos y las cárceles no prestan las condiciones para su deteriorado estado de salud”.

De acuerdo con Mejía, el TAG tomó en cuenta las recomendaciones médicas, tanto del forense como del IML “y está mandando un trato digno, que vaya a realizarse todo el tratamiento a un hospital público o privado y que se presenten cada quince a firmar y que cuando tengan los resultados los lleven al TAG para evaluar cada caso”.

Mejía indicó que para que a su defendido lo revisara un médico forense tuvo que enviar como cincuenta cartas de solicitud, hasta que le dieron respuesta.

La Operación Mojón se ejecutó en Rivas el 3 de julio 2014, cuando la Policía incautó 31.1 kilos de cocaína, un fusil AK y municiones que eran trasladados en un vehículo rentado, conducido por Lee Evans Delgado y José Antonio García Aguilar como acompañante y señalado como uno de los supuestos líderes de la banda.

La juez suplente de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Zulma Vanesa Rizo Alemán, los declaró culpables a inicios de octubre del año pasado y la sentencia condenatoria la leyó en la sede policial rivense el 15 de mayo.

NO DURARON MUCHO EN PRISIÓN

A los seis acusados se les impuso la pena de 15 años de prisión por ser coautores del delito de transporte de estupefacientes en la modalidad internacional, más seis años por el delito de crimen organizado, lo que suma una pena de 21 años de cárcel.

Sin embargo a García Aguilar y Evans Delgado les sumaron seis años más de cárcel por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos, para una condena total de 27 años de prisión.

TAG: “PROHIBIDO HABLAR”

LA PRENSA solicitó formalmente una entrevista con el presidente del TAG, magistrado Carlos Padilla, para conocer su punto de vista al respecto, o bien una respuesta a través de la oficina de relaciones públicas, sin embargo la vocera María Elena Campos comunicó que no estaba autorizada para hablar de ese caso en específico. Dijo que el magistrado Carlos Padilla le orientó que sobre ese tema nadie puede emitir criterio en el TAG porque es una orden dada en la Corte Suprema de Justicia.

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