Defensoría pública a todo lo que da

A raíz de la entrada en vigencia del Código de la Familia, la Defensoría Pública ha presentado alrededor de setecientas demandas en todo el país y en la mayoría de los casos las causas están relacionadas con pensiones alimenticias, el reconocimiento y la paternidad.

La Defensoría Pública no tiene presencia en todo el país por falta de recursos. LA PRENSA/ARCHIVO

A raíz de la entrada en vigencia del Código de la Familia, la Defensoría Pública ha presentado alrededor de setecientas demandas en todo el país y en la mayoría de los casos las causas están relacionadas con pensiones alimenticias, el reconocimiento y la paternidad.

A la fecha esa institución ha designado a un grupo de defensoras públicas que están para redactar demandas y defensoras públicas para los juzgados de juicio, que son los Juzgados de Familia, siguen el proceso oral.

“Entonces hay cinco juzgados, tenemos cinco defensoras públicas asignadas, una a cada juzgado y eso nos permite dar un mejor servicio, hemos distribuido el trabajo, donde hay menos demanda movemos y ponemos donde hay mayor demanda”, explicó la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra.

Los Juzgados donde han convocado más audiencias en relación con este tema son Managua, León, Matagalpa y la costa Caribe Sur.

PENDIENTES DEL PROCESO ESCRITO

Ibarra explicó que a la entrada en vigencia del Código de la Familia también designaron a un grupo de defensores públicos para darle seguimiento a las causas que aún están pendientes en el proceso escrito.

En ese momento estaban alrededor de 14,000 causas pendientes en todo el país y que junto con el poder judicial tienen una meta propuesta de concluir en diciembre próximo.

“Creo que hay una gran bondad en el Código de la Familia que nos ha permitido (que) en lo que va de estar en vigencia el Código poder hacer arreglos extrajudiciales”, dijo Ibarra.

Mencionó que esto ocurre con mayor frecuencia en el reconocimiento de hijos, para lo cual esa institución tiene una oficina notarial en la que hace el reconocimiento.

“Se hace a través de la escritura pública y esa escritura pública cuando son arreglos de pensiones alimenticias las validamos con el Ministerio de la Familia, tenemos una buena articulación y nos hemos dispuesto un poco a trabajar y revisar los inconvenientes que estamos teniendo en la aplicación”, afirmó la funcionaria.

A criterio de Ibarra, en los casos que han ventilado hay voluntad de las partes por llegar a arreglos, pues cuando llega una usuaria y dice que el marido o el papá del niño no tienen inconvenientes de llegar a arreglo, lo citan y allí mismo hacen la escritura, que a su vez firma en el protocolo y le entregan la certificación o el testimonio a la madre para que inmediatamente acudan a Mifamilia.

OBLIGADOS A DIVERSIFICAR

La Defensoría Pública debe multiplicar esfuerzos para dar respuesta a la demanda. Su directora, Clarisa Ibarra, reconoce que con los 338 defensores existentes tienen que buscar alternativas de atención.

Por ejemplo, dijo, en dependencia de la demanda allí dirigen mayor cantidad de defensores.

Reconoció que probablemente esto lleve a que no profundicen en las investigaciones. Pero tras un diagnóstico nacional implementaron otras formas de atención al usuario, como es el área de autoconsulta. “Tenemos varias ventanillas de prestación del servicio”, explicó Ibarra.

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