La propuesta del Partido Liberal Independiente (PLI) de la señora Kitty Monterrey como candidata al Consejo Supremo Electoral puso de nuevo en la palestra el tema de la prohibición constitucional para ocupar altos cargos públicos a personas que hayan adquirido y mantengan otra ciudadanía además de la nicaragüense.
La comisión dictaminadora de las candidaturas para ocupar el cargo dejó fuera de la lista a la señora Monterrey porque nació en Estados Unidos, a pesar de ser hija de madre nicaragüense.
La comisión recurrió al artículo 171 de la Constitución que tiene la frase “en el caso de quien hubiere adquirido otra nacionalidad, deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de ser electo al cargo”. Esa frase se repite en todo el articulado de la Constitución que especifica las cualidades para ser alto funcionario público.
Esa prohibición nació con las reformas constitucionales de 1995, que aunque en general fueron muy positivas, se introdujo esa “colita” como “castigo” de los diputados de la UNO y el MRS —entonces en control de la Asamblea— para bloquear a los políticos que habían salido del país durante la trágica década de los ochenta y que para aquel entonces estaban regresando a jugar en la incipiente democracia nica. O sea, es el resultado de celos políticos.
Antes de continuar, deseo dejar claro que la candidatura de la señora Monterrey no me da ni frío ni calor. Creo que ella, o cualquier otro ciudadano decente, podría hacer el papel requerido de denuncia dentro del CSE pero nada más, pues no se puede esperar que una sola persona logre los cambios necesarios en esa institución putrefacta.
Pero si la mentada prohibición no tenía sentido en 1995, menos que lo tenga ahora, veinte años después, cuando el mundo ha cambiado de manera radical con la evolución de la tecnología de la comunicación y la información que rápidamente borra fronteras. Hoy en día prohibiciones como esas solo son expresiones de chovinismo y oportunismo político.
Chovinismo que le causa daño al país ya que lo priva del servicio de personas que tal vez harían mejor papel que algunos “nicas de cepa” que en realidad han hecho una labor vergonzosa como funcionarios públicos.
El argumento con que se disfrazó es castigo hace veinte años y que se sigue esgrimiendo todavía, esta vez por los diputados orteguistas, es que si una persona tiene otra nacionalidad le puede ser “fiel” a su “nuevo” país en perjuicio de su país natal.
Algunos argumentarán que esa prohibición no existe solo en Nicaragua y que —ya me parece estar oyendo a los críticos de estos argumentos— “hasta en Estados Unidos existe una prohibición similar donde una persona no puede ser presidente de ese país si no nació allí”.
Pero solo porque lo hagan “hasta en Estados Unidos” no quiere decir que esté bien y la verdad es que el argumento de la lealtad es una idiotada.
En nuestra historia ha habido una buena cantidad de nicaragüenses “de cepa” que no han dudado en serle fiel a una potencia extranjera para beneficio personal y para perjuicio de Nicaragua y los nicaragüenses. Comenzando por los “genios” que trajeron a William Walker, pasando por Adolfo Díaz, los Somoza y hasta el hoy presidente inconstitucional Daniel Ortega.
¿Acaso Ortega —y la cúpula sandinista— necesitó de otra nacionalidad para entregarle el país a Cuba y la Unión Soviética en la década de los ochenta? ¿Acaso Ortega y su nueva camarilla han requerido de otra nacionalidad para entregar el país primero a Venezuela y ahora a un ciudadano chino en esta “segunda etapa” de la Revolución?
Un gran favor le hará a Nicaragua la Asamblea Nacional que en el futuro —ojalá no muy lejano— derogue esas anacrónicas prohibiciones constitucionales. Y un mejor trabajo harán los diputados que en el futuro se concentren más en evaluar las calidades profesionales y morales de los individuos propuestos para altos cargos públicos en lugar de estar perdiendo el tiempo con tonterías como una segunda nacionalidad.
¡Ah! Y solo por si acaso aclaro, yo no tengo ni nunca he tenido otra nacionalidad.
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