La “elección” del magistrado electoral

La Asamblea Nacional designará en su sesión plenaria de hoy a un nuevo miembro del Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual debe llenar la vacante dejada por el recientemente fallecido magistrado José Marenco Cardenal.

La Asamblea Nacional designará en su sesión plenaria de hoy a un nuevo miembro del Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual debe llenar la vacante dejada por el recientemente fallecido magistrado José Marenco Cardenal.

Marenco Cardenal era magistrado del CSE en la cuota del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). De manera que la vacante que él dejó en forma absolutamente involuntaria, debería ser ocupada por algún representante de la oposición, o preferiblemente por una persona que sea independiente de los partidos políticos, y en última instancia, por cualquiera del mismo PLC, aunque legalmente este ya no sea la segunda fuerza política parlamentaria y muchísimos nicaragüenses duden que sea un verdadero partido de oposición.

A juicio de algunos dirigentes y observadores políticos, el nombramiento del magistrado electoral sustituto de Marenco Cardenal, es una oportunidad para que Daniel Ortega envíe una señal —a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional que aún se interesa por los problemas políticos de Nicaragua—, de que quisiera mejorar las condiciones para que los ciudadanos opositores y los independientes crean que valdrá la pena ir a votar en las elecciones de noviembre del próximo año.

En este sentido, al parecer el partido opositor PLI ha querido demostrar su interés en contribuir a que la lucha por el poder político en Nicaragua se siga librando en el escenario de la competencia electoral, proponiendo dos candidatos de sus propias filas para ocupar la magistratura vacante en el CSE. Una de esas candidaturas, la de la señora Carmella María Rogers Amburn de Monterrey, conocida como Kitty Monterrey, fue rechazada por los diputados orteguistas de la comisión dictaminadora de candidaturas, aplicándole la regla constitucional de la doble nacionalidad. No obstante, los diputados orteguistas dejaron pasar la otra candidatura del PLI, la del diputado Luis Callejas, quien a pesar de que ejerce actualmente un cargo de elección popular podría ser nombrado magistrado electoral y en ese caso renunciaría a su diputación.

Pero que la Asamblea Nacional designe hoy un magistrado electoral opositor, o independiente, es solo una remota posibilidad. Si Daniel Ortega quisiera permitir que en el Consejo Supremo Electoral haya al menos un magistrado que vele por los intereses de la oposición, y sobre todo por la justicia y la transparencia electoral, no hubiera propuesto un candidato propio y más bien habría pedido a sus diputados que apoyen al candidato presentado por la bancada opositora.

Se ve que Ortega está ensoberbecido porque cree que todo le está saliendo bien. Por eso es que no atiende los llamados a la reflexión y la sensatez política, ni siquiera el que le hizo la Conferencia Episcopal el 21 de mayo del año pasado. Y la verdad es que Ortega solo volverá a ceder políticamente, cuando se vea obligado a enfrentar una crisis de gobernabilidad en la cual inevitablemente tendrá que caer.

Nada es eterno, mucho menos un régimen político tan anormal como es el orteguista.