Un grupo de derechos humanos divulgó lo que describió como documentos militares que muestran que oficiales de alto rango del Ejército dieron órdenes a soldados de matar a criminales antes de que se dieran ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes que ya se habían rendido.
Los documentos, obtenidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), son la primera evidencia de que los soldados involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014 en una bodega del sur de México podrían haber seguido órdenes y no actuado por su cuenta.
También indican que los oficiales de alto rango supieron de inmediato que algo estuvo mal, de acuerdo con un reporte del centro de derechos humanos que cita los documentos.
“Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, señala una orden militar fechada el 11 de junio de 2014 por el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, segundo comandante del 102 batallón de infantería.
“Por primera vez se documenta la existencia de órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a los derechos humanos”, señaló el centro.
Las fuerzas armadas utilizan la palabra “abatir” cuando en sus comunicados de prensa se refieren a que mataron a alguna persona, en particular presuntos delincuentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AP para conocer su opinión.
El 30 de junio de 2014 el Ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México, aunque a raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a evidenciarse contradicciones en la versión.
Hasta ahora han sido detenidos siete militares, tres de los cuales fueron acusados de homicidio, y apenas en la víspera se acusó a siete policías estatales de tortura en perjuicio de tres mujeres.
Alejandro Hope, experto en seguridad y exmiembro de la agencia de Inteligencia mexicana, dijo a la AP que la orden viola incluso el propio manual del uso de fuerza del Ejército.
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