Un grupo de 17 organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron el proyecto de ley antiterrorista redactado por el Gobierno egipcio y que está previsto que se apruebe en los próximos días.
En un comunicado emitido este 7 de julio, las principales ONG locales consideraron que esa ley representaría un “asalto flagrante” a la Constitución egipcia y un “ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia egipcio”.
Asimismo, advirtieron de que la ley establece de facto un “no declarado e indefinido estado de excepción” y “una judicatura excepcional y paralela”, en referencia a los tribunales especiales antiterroristas, contra los que se pronunció también el Consejo Supremo de la Magistratura.
En el comunicado, destacaron los poderes excepcionales que la ley otorga a la Fiscalía general y a la Policía egipcia para detener a sospechosos.
Las organizaciones también mostraron su respaldo al Sindicato de Periodistas Egipcios, que ha criticado duramente el proyecto de ley porque restablece penas de cárcel para los delitos de prensa e impone nuevas restricciones a la libertad de opinión y expresión.
El sindicato ha hecho especial hincapié en el artículo 33, que prevé penas de hasta dos años de cárcel para todo aquel que publique, de “forma intencionada”, informaciones o comunicados que no sean “verídicos” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales”.
Las ONG egipcias, entre las que están los destacados centro Nadim para las víctimas de la tortura y centro de asistencia legal Hisham Mubarak, también denunciaron la “formulación vaga” de la ley, que permitiría “reprimir un amplio espectro de derechos y libertades”, entre ellos el de libre asociación.
“Los amplios términos del proyecto de ley también pueden ser empleados para equiparar las actividades de organizaciones terroristas con las actividades de grupos políticos y de derechos humanos, sindicatos, periódicos y páginas web”, añade el comunicado.
Las organizaciones destacaron que la introducción de una “legislación represiva” que mina el estado de derecho no es la forma correcta de afrontar la amenaza terrorista y sus raíces.
En los últimos días se han levantado numerosas voces en contra de la nueva ley antiterrorista, aprobada por el Gobierno egipcio la semana pasada, poco después del atentado con coche bomba que acabó con la vida del fiscal general egipcio, Hisham Barakat.
El texto debe obtener la aprobación del Consejo de Estado y, finalmente, del presidente de la República, Abdelfatah al Sisi, que ejerce en estos momentos el poder legislativo debido a la ausencia de un Parlamento.