A pesar de que el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, desestimó la acusación en contra de Mario Montenegro Medina, representante legal de Inver Capital Aranxa S.A., quien estaba siendo acusado por pobladores del residencial Ciudad San Sebastián, por los delitos de omisión de prestar auxilio, exhibición de personas al peligro y construir en lugares prohibidos, los afectados aseguran que no desistirán hasta que sean reubicados o indemnizados.
Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, manifestó que se va a introducir una apelación el día martes y que se va a replantear la acusación a la cual se sumarán 32 personas más, quienes fueron afectadas tras las inundaciones del 2 de junio.
“No queremos dar mayores detalles para no alertar a la otra parte, tenemos nuevas estrategias, aunque el juez dirigió la causa por la vía civil nosotros vamos a continuar por el área penal, porque la vía civil es un proceso dilatado. Creo que el juez está errado, tiene errores técnicos, porque habían suficientes elementos de convicción”, sostuvo López.
La urbanizadora Ciudad San Sebastián, que está en su etapa final, tenía previsto la construcción de 325 casas, de las cuales hay más de doscientas construidas, algunas están en proceso de construcción y unas cuarenta han quedado deshabitadas luego de que las fuertes lluvias inundaran las viviendas sobrepasando un metro de altura.
El terreno de la urbanizadora es irregular, una parte de las casas esta en alto y otras han quedado abajo. En cada cuadra han quedado habitadas solo las casas de los extremos, las otras están abandonadas, con las puertas quebradas, en las paredes se muestra hasta donde alcanzó el nivel del agua y por fuera se refleja la indignación de los habitantes, quienes ahora por seguridad están alquilando.
El Código Penal o Ley 641, en el artículo 363 dice explícitamente: “Quien lotifique, urbanice o construya en suelos no autorizados o de riesgos, incumpliendo la normativa existente y poniendo en grave peligro al ambiente o a los bienes y la vida de la población, será sancionado con prisión de tres a seis años (…). En ambos casos, el Juez ordenará la demolición de la obra”.
Por otra parte, Giancarlo Braccios, gerente de la aseguradora Assa, manifestó que cuando se aseguran estas casas se hace un avalúo de la zona, sin embargo, dijo que esto no necesariamente puede encarecer los seguros, aunque no deja de existir la posibilidad.
“En el pasado hemos asegurado zonas riesgosas, pero hay dos opciones o no la aseguras o simplemente la recargas con una tarifa más cara, aguantando el riesgo que estas asegurando”, dijo Braccios.
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