El año pasado el Frente Sandinista cambió la Ley de la Policía (ahora Ley 872), para ponerla al servicio del sistema de gobierno dictatorial impuesto por Daniel Ortega. Aún así, en su artículo 5, numeral 2, dejaron establecido, de manera formal, que el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses es uno de los principios fundamentales de la fuerza policial.
Pero en la práctica eso es una mentira, lo pusieron como para guardar las apariencias y engañar a los ingenuos. En la realidad, los registros de los organismos defensores de los derechos humanos demuestran con testimonios irrefutables que cada vez son más frecuentes y graves los abusos policiales contra los derechos humanos. Lo cual se ha vuelto a comprobar con el bárbaro asesinato de tres miembros de una familia, incluyendo dos niños de 11 y 12 años de edad respectivamente, perpetrado por una patrulla de la Policía en la noche del sábado pasado en el sector de Las Jagüitas, de Managua.
Según la Policía, los agentes realizaban un operativo antidrogas y dispararon sus armas de fuego contra los miembros de la familia que regresaba de un oficio religioso, porque el conductor del automóvil en el que viajaban no atendió la señal del alto. Pero la verdad es que cualquier persona trata de escapar, si en un camino desolado y oscuro es interceptada por sujetos encapuchados y armados, aunque vistan uniformes policiales. Además, los policías nunca deben disparar sus armas de fuego contra civiles desarmados, ni siquiera cuando por la razón que sea no se detengan ante una barrera policial.
La misma Ley de la Policía, mencionada anteriormente, dispone en su artículo 6, numeral 4, que “las armas de fuego solamente se utilizarán cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida (de los policías), su integridad física o la de terceras personas; o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro, que oponga resistencia a la autoridad, y solo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos; o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para el orden público”.
Ninguna de tales circunstancias se dio en el caso de la matanza de Las Jagüitas. Eso fue un vil asesinato perpetrado por individuos desalmados, quienes, por andar uniformados y armados y estar al servicio de un poder autoritario y absolutista, se sienten con licencia para hacer lo que quieran contra los ciudadanos indefensos, sin importarles la ley ni los principios de humanidad.
Según la Policía los oficiales homicidas han sido puestos a disposición del Ministerio Público y recibirán baja deshonrosa. Y con toda seguridad que serán castigados, aunque solo sea para tratar de aplacar la justa indignación social.
Pero eso no devolverá las vidas a las personas asesinadas en Las Jagüitas, ni aliviará el dolor de sus deudos. Y tampoco resuelve el problema fundamental de una Policía que ha sufrido un grave retroceso institucional, que ha sido convertida en guardia represiva de una dictadura y que seguirá cometiendo crímenes como ese, o peores, mientras no se cambie el sistema de gobierno para que Nicaragua vuelva a ser un país libre y democrático.
