La sumisión absoluta de la Policía Nacional al presidente inconstitucional Daniel Ortega “ha desnaturalizado a esta institución, llevándola a la falta de profesionalismo e independencia”, opinó el ex viceministro de Gobernación, José Pallais Arana.
Pallais considera que la “crisis de descomposición moral” que atraviesa la Policía es una responsabilidad compartida entre Ortega y la jefa de esa institución, Aminta Granera.
“Granera, por sus propios intereses de quererse perpetuar en la Policía, la ha puesto al servicio sumiso de Ortega y Ortega ha aprovechado los intereses de Granera para desvirtuar la naturaleza de la Policía para someterla totalmente a su voluntad dictatorial y llevarla a esta crisis de descomposición moral absoluta”, manifestó Pallais.
“CULTURA DE SUMISIÓN CIEGA”
Aun así Pallais, quien fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, destaca que “el gran responsable es el presidente (Daniel) Ortega, quien ha promovido esta cultura de sumisión ciega a su poder absoluto, perdiendo todos los valores y principios por los cuales debería de regirse la Policía Nacional”.
El año pasado la Asamblea Nacional cambió de forma sustancial la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por orden directa de Daniel Ortega, convirtiéndolo en jefe supremo de la institución del orden público.
Políticos, organizaciones y especialistas en temas de seguridad pública advirtieron del riesgo que conllevaría esa subordinación, dado que el mando de la Policía sería obediente a Ortega y no al poder civil representado por el Ministerio de Gobernación.
“Se convierte en un vínculo de relación personal, que también contradice lo que veníamos viendo en las dos décadas anteriores de sucesión alternativa y ordenada de los mandos de la Policía”, manifestó Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), en declaraciones ofrecidas en abril del año pasado, al presentar un análisis de la Ley de la Policía Nacional, cuando aún eran una iniciativa.
La Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, fue aprobada en junio del año pasado por los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes tienen el control del legislativo.
Un año después de legalizar lo que ya era una práctica de la Policía desde que Ortega volvió a gobernar, los miembros base de esta institución marchan y entonan consignas partidarias y proselitistas como: “Daniel Ortega, presidente 2016”; arrastran y golpean a manifestantes desarmados y en la acción más reciente, este sábado una tropa policial antinarcóticos acribilló a civiles por equivocación, según justificó la Policía sobre el caso en que murieron dos niños y una joven en la comarca Las Jagüitas.
Pallais explicó que con el control civil que antes ejercía el Ministerio de Gobernación sobre la Policía se aseguraba el contacto permanente con los mandos y se lograban prever las actuaciones policiales y corregir errores, sin que esto estuviera en manos del presidente de la República.
“NO SOLO GRANERA DEBE RENUNCIAR”
Ante la demanda ciudadana que pide la renuncia de Granera del cargo de directora de la Policía Nacional, el presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Eduardo Montealegre, dijo ayer que no es la única persona que debe responder con su cargo ante la masacre a la familia en Las Jagüitas.
“Aquí no podemos decir solo que fueron 14 policías los culpables, la culpa viene desde el presidente de la República, el vicepresidente, la ministra de Gobernación, la jefa de la Policía, los diferentes comisionados que han prestado a la Policía para tener clases en las mañanas y en la tarde de adoctrinamiento político sandinista”, dijo Montealegre.
“Tenemos que pensar de que esto es parte de una descomposición policial, una descomposición de la institucionalidad, una descomposición del profesionalismo de la Policía que emana de instrucciones para ideologizar a la Policía Nacional porque este no es el primer trágico accidente, sino que hay una serie de atropellos en contra de la ciudadanía”, agregó el también diputado opositor Montealegre.
El exdiputado Agustín Jarquín Anaya señaló que no es suficiente que se sancione a los agentes responsables de los homicidios y a sus mandos superiores, por la instrucción errónea e irresponsable, ni basta que se indemnice a las víctimas.
“El presidente, el vicepresidente, la primera comisionada y también el general del Ejército deben revertir el proceso de descomposición y destrucción de la profesionalidad e institucionalidad, que con visión sectaria partidista, han emprendido contra las entidades de seguridad nacional, Ejército y Policía. Que no se produzcan nuevas y mayores desgracias”, expresó Jarquín Anaya.
ACCIÓN DE NOVATOS
Irving Dávila, teniente coronel en retiro y especialista en temas de seguridad pública, opinó que la sumisión de la Policía Nacional al ejecutivo ha producido un ambiente proclive a cometer errores.
Dávila atribuye esos errores al empoderamiento policial, por ser el brazo fuerte que le asegura el poder al presidente inconstitucional Daniel Ortega, evitando el levantamiento ciudadano.
Sobre el caso de Las Jagüitas, Dávila dijo que la tropa de policías antinarcóticos comete un error desde que no tiene la información precisa sobre a quiénes iban a detener, considerando que actuaron como “novatos” e improvisaron una emboscada.
También dijo que en todo caso debieron disparar al aire preventivamente, si el caso es que el vehículo no se detuvo.
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