El operativo policial antidrogas que derivó en la muerte de tres personas e hirió a cinco más, ha causado gran indignación y demandas de renuncia de la primer comisionada Aminta Granera. Por su parte, Aminta ha manifestado públicamente su conmoción por los hechos y que por órdenes del presidente, los policías involucrados serían dados de baja deshonrosa. No obstante, para los Derechos Humanos (DD.HH.) la comisión de Aminta y hacer nada es lo mismo, además, la arbitraria orden de Ortega, lejos de un acto de justicia, es una advertencia de impunidad.
El Estado es el primer obligado a respetar los DD.HH. y cuando de la actuación de una autoridad se desprende la violación a estos, genera una obligación especial de investigación como forma idónea de reparación. La apresurada baja deshonrosa de los policías involucrados y el posible ejercicio de la acción penal en su contra, desvía la atención de problemas que subyacen, como la sujeción de los “operativos” a la legalidad; la responsabilidad de los mandos en esto; y sobre todo el derecho a la verdad que le asiste a los familiares de las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cr IDH) ha sido reiterativa en las características de las investigaciones ante una violación a DD.HH. En primer lugar, la Cr IDH ha reconocido el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables.
La obligación de garantizar DD.HH. comprende que el Estado investigue seriamente con los medios a su alcance las violaciones, identificar a los responsables y asegurar a las víctimas una reparación por el daño causado. Lo importante no es que el hecho violatorio se cometa con apoyo o tolerancia del poder público, sino que la investigación debe realizarse diligentemente para evitar la impunidad y que los hechos se repitan.
En igual sentido, estipuló que el deber de investigar es un medio que debe alejarse de dos extremos, la simple formalidad de antemano infructuosa y la mera iniciativa procesal de las víctimas o sus familiares. Por lo tanto, la investigación es una responsabilidad de las autoridades estatales que debe ser imparcial y efectiva, además orientada a la determinación de la verdad y castigo de los autores de los hechos, deber que se acentúa cuando están involucrados agentes estatales.
Existen muchas preguntas ¿Quién planeó el operativo? ¿Quién estaba a cargo del operativo? ¿Quién ordenó disparar? Puedo entender que un agente policial, mal entrenado y arrogante, haga uso indebido de su arma de fuego, pero a priori darles de baja y pretender procesarlos penalmente con base a los resultados del operativo, crea la idea que los culpables han sido castigados, cuando en realidad se busca ocultar algo más grave, la responsabilidad en la cadena de mando.
Un mando, tiene el deber de velar porque sus subalternos respeten los DD.HH., además de asegurar la sanción de quien los infrinja y prevenir futuras violaciones. Cualquier operativo debe prever medidas necesarias y razonables para los fines planteados, solo una correcta investigación puede determinar si existieron estas medidas o por el contrario, existieron órdenes manifiestamente ilícitas, en cuyo caso, las sanciones deben ser más severas para los mandos.
La renuncia de altos funcionarios es plausible cuando existe vergüenza, pero considero que esto le es ajeno a Aminta desde que decidió asumir de forma ilegal un nuevo mandato, además le sucedería alguien igual o peor.
En todo caso, si su “conmoción” es real y no busca desviar la atención de problemas subyacentes, la invito a realizar una investigación acorde a los estándares internacionales de DD.HH.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
