Tenemos que buscar la forma de salvar a la Policía de su debacle total; sí, a la Policía de la cual nos enorgullecíamos por su profesionalismo, altos valores morales y una ética a toda prueba. A la Policía que construimos sobre la sangre de miles de nicaragüenses, de un lado y del otro; esa Policía insobornable, cercana a la gente, que nos protegía de la delincuencia; a esa institución a la que le profesábamos cariño y respeto porque la sentíamos nuestra, a la que le quedaba como traje a la medida el calificativo de “Policía del Pueblo”.
Creo que la mejor manera de ayudarle a evitar irse al abismo profundo de la corrupción y la ignominia, es siendo críticos severos de sus faltas, actuaciones abusivas, violaciones de los derechos humanos y acciones criminales en que incurran sus miembros; no debemos dejarle pasar ni una sola arbitrariedad ni acción que se salga del marco legal y el decoro que está obligada a guardar de forma permanente, denunciándolas de forma oportuna, serena y objetivamente.
Actuaciones inaceptables de oficiales y miembros policiales que hace algunos años podrían haberse calificado como hechos aislados, hoy se han vuelto recurrentes hasta llegar a convertirse en cotidianas y habituales; tales actuaciones debemos considerarlas repudiables e inaceptables desde todo punto de vista. Cuando tales actuaciones no se investigan ni se castiga a los culpables oportuna y ejemplarmente, no se le hace justicia a las víctimas y se siembra desconfianza, temor y odio hacia la institución. Peor aún, cuando los policías autores, cómplices y encubridores de faltas y delitos graves no son capturados, juzgados y condenados con apego estricto a la ley, entramos en un derrotero de imprevisibles y graves consecuencias para la seguridad ciudadana y para la paz de la nación.
Son incontables los abusos y delitos cometidos por miembros y unidades policiales, a lo ancho y largo del territorio nacional, que habiendo sido denunciados y comprobados, por ciudadanos, organizaciones comunales, religiosas, partidos políticos y de la sociedad civil, no han sido debidamente investigados por la jefatura policial y en consecuencia han quedado en una impunidad que da escalofríos.
Debido a los altos grados de corrupción que imperan en el país y a la colusión entre la policía, fiscalía y poder judicial, instituciones llamadas a investigar e impartir justicia, pero subordinadas todas a los intereses de la familia en el poder, delitos y crímenes de toda especie cometidos por miembros de la primera y por las fuerzas de choque y miembros del partido de la pareja Ortega Murillo quedan, en la mayoría de los casos, sin ser investigados y por tanto sin que a los malhechores se les imponga el castigo debido.
Crímenes como los de El Carrizo, departamento de Madriz, cometidos por un secretario político del partido de Gobierno y policías, incluyendo a un alto oficial, en 2011; abusos cometidos en la estación policial de Nueva Guinea en contra de mujeres indefensas; la agresión de fuerzas de choque del orteguismo, con la abierta complicidad de policías presentes, sufrida por jóvenes que se solidarizaban con los ancianos que reclamaban su pensión y el robo de siete vehículos, computadoras y otros bienes pertenecientes a estos jóvenes, en junio de 2013; las agresiones salvajes en contra de campesinos de El Tule, Rivas y otros poblados, que protestaban en contra de la Ley del Canal; los crímenes de Ciudad Darío; la vapuleada irracional que sufrieran ciudadanos, incluidos diputados opositores, el miércoles 8 de julio recién pasado, por el simple reclamo de elecciones libres, justas y transparentes; la denuncia de violación de una joven retenida en una estación policial en Managua, por parte de un comisionado; la muerte “inexplicable” en las celdas policiales de Somoto, de Harold F. Flores B. de quien sus familiares y otros reos afirman que murió a causa de la golpiza propinada por policías; la agresión al empresario Milton Arcia; la muerte en Sébaco, del joven Donald Gabriel Salgado, asesinado por un oficial después de haberlo capturado; la acusación realizada este mes de julio por Natanael Bustillo F. sobre la tortura realizada a este en San Carlos, al cual una oficial le lanzó ácido de batería a los genitales, mientras el resto de policías se reían de tan abominable acción; la inaudita criminal acción policial realizada la noche del sábado 11 de este mes de julio, que dejó varios civiles muertos y heridos, incluidos niños de la familia Reyes Delgadillo, en el sector de Las Jagüitas, son algunos ejemplos. Son muchísimas más las denuncias de esta naturaleza, pero solo señalamos algunas a manera de muestra. Organismos defensores de derechos humanos como el Cenidh, CPDH, ANPDH, así como la Iglesia católica, han recogido y documentado estas denuncias.
A pesar de que pareciera que todo está perdido, dado el grado de descomposición y sometimiento a los intereses de la familia en el poder, sabemos que hay muchos oficiales en esta institución que no comulgan con estas prácticas y que en su interior se resisten a ser arrastrados hacia un escenario de confrontación con la población honrada y trabajadora a la cual se deben. Al resto de la sociedad, incluyendo a miles de veteranos combatientes de aquel FSLN que encabezó el derrocamiento de la dictadura somocista, nos corresponde seguir denunciando, rechazando y exigiendo justicia ante los atropellos del régimen y el empleo de la policía como verdugo de los sectores más desprotegidos de la población y de los ciudadanos que defendemos la democracia y el estado de derecho. Luchemos para que la policía vuelva a ser nuestra Policía Nacional y no la policía política de un régimen dictatorial, violador de los derechos humanos y los derechos civiles de los nicaragüenses. Tenemos que lograrlo, sino el futuro será devastador y nadie estará a salvo; ni los de un lado ni los del otro.
El autor es general retirado, diputado del MRS en el parlacen.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
