Al cumplirse ayer cinco días de la masacre de una familia en Las Jagüitas, en Managua, la Policía Nacional aún no presentaba a los agentes homicidas. A su vez, ni la Policía ni la Fiscalía habían entrevistado a ninguno de los sobrevivientes, ni tampoco presentaban acusación en los tribunales.
Al caer la tarde, Yelka Nohemí Ramírez demandó “que no haya preferencia porque eran policías… mataron a niños, mataron a una joven, una vida por delante que tenían mis hijos. Yo quiero que paguen, que vayan a la Modelo… yo quiero justicia”.
LA PRENSA consultó a Ramírez si al menos el día de la masacre la Policía les tomó algún tipo de declaración y ella aseguró que no. Tampoco en el transcurso de los cinco días habían sido entrevistados por algún funcionario policial o de la Fiscalía.
En este caso del 11 de julio, los sospechosos son los mismos policías y fueron encontrados en flagrante delito y se supone están detenidos desde ese mismo día. Entonces, ¿por qué los altos mandos de la Policía Nacional no los han presentado públicamente en conferencia de prensa como lo han hecho en otros casos con otros criminales?
Para el abogado Carlos Alberto Alemán, “todos los actos que se están haciendo son para ocultar evidencias, para que los policías que están siendo investigados encuentren debilidades en la acusación y de esa manera rechazar la acusación y ellos presentarse libres”.
Alemán señaló que “si (la Fiscalía) presenta una acusación sin pruebas, se va a caer definitivamente (el caso)”.
El fuego cruzado provocado por oficiales de la Policía aparentemente de las fuerzas especiales, causó la muerte de Katherine Ramírez, de 22 años, y los niños Efraín Ramírez, de 11 años y Aura María Reyes Ramírez, de 12, y con heridas graves resultaron Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes, de 5 y 13 años, respectivamente.
Alemán se refirió al alegato que ha sido presentado en las últimas horas de que no hay dictamen médico legal en el caso de las víctimas mortales, “pero nosotros sabemos que hay técnicas como la que establece el Código Procesal Penal de que no es necesario exhumar el cuerpo, sino sacar la información de los expedientes médicos”. Asimismo aclaró que la familia no permitirá la exhumación “porque sería otra violación”.
LA PRENSA/U. MOLINA
SE VENCIÓ EL TÉRMINO DE LAS 48 HORAS
La abogada Sobeyda Manzanares señaló que a las autoridades ya se les venció el término de las 48 horas, para alegar de que es un “caso complejo” (y extender el periodo) como se rumoraba ayer en el Complejo Judicial de Managua, en que argumentaban la Policía y la Fiscalía, se necesitaría una reforma a la Constitución Política.
“La familia exige que se cumplan los plazos, aquí hay una realidad, aquí tanto derecho tiene el acusado como tiene la víctima, que se cumplan los plazos porque ellos están desesperados”, indicó Manzanares.
Milton Reyes, conductor del carro blanco rafagueado el 11 de julio, llamó a las personas que de alguna forma presenciaron la brutalidad policial de la que fueron víctimas a que “se hagan presentes y den su declaración para esclarecer esto con honestidad, porque no fueron perros los que mataron, fueron seres humanos. Así como nos sucedió a nosotros, le ha sucedido a mucha gente, que no tienen respuesta de esas cosas que le han hecho y nosotros no queremos quedar así a como han quedado muchos”.
Manzanares señaló que “es necesario que responda el Estado y asuma el rol de protección a las víctimas y que los policías asuman su responsabilidad, porque ellos no hicieron disparos de prevención, ellos tiraron a matar”. Recordó que 47 o 48 disparos que hayan realizado no fue un homicidio sencillo, “estamos hablando de una calificación jurídica de asesinato”.
¿QUIÉN AUTORIZÓ?
Un oficial en retiro, con experiencia en este tema, expuso que si el operativo del 11 de julio era antidrogas, debería de aparecer en la lista de acusados alguien de la especialidad. Y si en el operativo no estaba un oficial o mando de antidrogas, habría que explicar si era alguien del crimen organizado de alta peligrosidad a quien pretendían emboscar.
Debería aparecer en la lista de acusados quién autorizó, ejecutó y supervisó el plan. Por el despliegue de personal y técnicas de especialidades se puede presumir que era de alta peligrosidad el objetivo a detener. Si no lo detuvieron, la pregunta es: “¿Qué pasó?”
RECHAZO A FUNCIONARIOS
La ministra de la Familia, Marcia Ramírez, asegura que están dando seguimiento a los miembros de la familia Reyes Ramírez que sobrevivieron a la masacre del pasado sábado. “Toda la atención psicosocial que van requiriendo”, informó Ramírez. Los familiares dijeron que si bien es cierto funcionarios del Gobierno se presentaron en una ocasión, ellos los rechazaron. “En la situación que ellos se encuentran no es fácil que se les mueran dos hijos de un solo”, explica la abogada Sobeyda Manzanares.
(Colaboración de Jennifer Castillo).
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