El miércoles pasado me uní al coro de quienes se congregan ese día a exigir elecciones libres y honestas ante la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE). Me costó llegar. La Policía había bloqueado casi dos kilómetros cuadrados del perímetro causando un gran embotellamiento. Tuve que dejar mi vehículo lejos y caminar muchas cuadras. Al llegar me impresionó el despliegue de la fuerza pública. Habían muchos retenes policiales en las calles y boca-calles vecinas y, cerca del CSE, centenares de antimotines formaban tres filas densas de tres en fondo reforzadas por numerosas radio patrullas.
La multitud de manifestantes no era muy grande, posiblemente entre quinientas y mil personas, pero quienes participaron en la protesta anterior me aseguraron que ahora era el doble. Mucho mérito, sabiendo que la violencia que ocurrió en la última podía inhibir la participación popular y teniendo en cuenta que en los departamentos microbuses y buses privados, llenos de manifestantes, no solo fueron detenidos, sino que además ocurrió algo insólito: en ciertos lugares —Rivas, por ejemplo— policías y activistas del FSLN obligaron a bajarse, así por así, a pasajeros del transporte público sospechosos de encaminarse a la marcha.
El régimen tiene temor y los manifestantes lo están perdiendo. Es un buen síntoma. Pero es importante que estos manejen bien la protesta. Esta vez, a diferencia de la pasada, no hubo agresiones físicas de ningún bando. Afortunadamente.
La lucha más efectiva es la cívica; la que alza su voz pero no sus manos. La voluntad de no responder con violencia a la violencia de la fuerza pública fue lo que llevó a la victoria moral primero, y luego a la victoria política, a luchadores como Martin Luther King y Gandhi.
Igualmente importante es contener la violencia verbal y dirigir los reclamos a donde corresponden. Indignados por algunas actuaciones policiales, en particular la reciente masacre de tres inocentes, algunos manifestantes portaban pancartas con fotos de Aminta Granera rodeada de manchas de sangre y exigiendo su renuncia. Como si fuera ella la causante de la tragedia. O como si renunciando fuera a conseguirse una Policía mejor. Absurdo e injusto. Quienes así reaccionaban le hacen un favor al principal y verdadero culpable; a Ortega. Pues es él, y no la primera comisionada, quien ha venido socavando sistemáticamente la independencia y profesionalismo de una institución que, bajo Granera
—recientemente calificada como “persona muy humana” por el Cardenal Brenes— ha venido prestando valiosos servicios a la ciudadanía.
Los manifestantes, en vez de demonizar la Policía, deben hacerle sentir a los humildes asalariados de trajes negros, cascos y escudos, que la lucha no es contra ellos. Deben tratarlos con respeto y dirigir las iras hacia su fuente: hacia quienes se niegan a garantizar comicios limpios, hacia quienes están destruyendo la institucionalidad de los cuerpos armados y de todo el país.
En la Policía, al igual que en el Ejército, hay diversos sectores de opinión y moralidad. Unos sufren y resienten en silencio la creciente politización y degeneración de sus funciones. Otros la aplauden. No podemos poner a todos en el mismo costal. La causa del problema tiene nombre y apellido. Es una pareja. A ellos deben dirigirse las flechas ciudadanas buscando que rectifiquen. Han acumulado tanto poder que solo ellos tienen la llave para abrir o cerrar las compuertas de la paz y la institucionalidad. Ojalá atinen a ver que el clamor de los manifestantes, aunque de momento parezcan pocos, es justo y encarna uno de los anhelos más profundos de los nicaragüenses que aman la justicia y la paz.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
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