Hoy se conmemora la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959, perpetrada en la ciudad de León por la Guardia Nacional, como se llamaba el ejército somocista que también cumplía funciones policiales.
Cuatro estudiantes universitarios fueron asesinados en aquella fatídica ocasión: Erick Ramírez, Mauricio Martínez, José Rubí y Sergio Saldaña. Muchos más resultaron heridos por las balas de los fusiles disparados por los miembros de la guardia somocista.
Los estudiantes asesinados y heridos participaban en una manifestación universitaria, festiva y tradicional, que derivó en protesta política por la masacre de un grupo de guerrilleros antisomocistas en El Chaparral, departamento hondureño de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. La masacre de los guerrilleros nicaragüenses que habían sido organizados en Cuba por el Che Guevara (según se registra en el libro Síntesis de la Historia Militar de Nicaragua , del teniente coronel Francisco Barboza Miranda), fue perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y se creía que entre los nueve rebeldes muertos se encontraba el posterior fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, quien en realidad solo resultó herido.
Veinte años después de la masacre estudiantil de 1959, en el mismo mes de julio la dictadura somocista fue derrocada gracias a una compleja combinación de acciones armadas guerrilleras y regulares del FSLN (que contó para ello con un gran respaldo internacional en armas y dinero), con insurrecciones populares en varias ciudades, huelgas generales organizadas por la oposición civil y empresarios privados, aislamiento diplomático del régimen somocista y bloqueo externo al suministro de armas y municiones para la Guardia Nacional. Y en julio de 1984, el Consejo de Estado que ejercía funciones colegislativas con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, instituyó oficialmente el 23 de julio como Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, en memoria de los masacrados de 1959.
Esas masacres y las demás que se cometieron durante las guerras civiles de los años setenta y ochenta del siglo pasado, son capítulos sangrientos de una violenta historia política nacional que, después que el país se abrió a la democracia a comienzos de 1990, se creyó que nunca más se volverían a repetir.
Sin embargo, desde que Daniel Ortega recuperó el poder en 2007 y comenzó a imponer una nueva dictadura esos episodios siniestros han vuelto a ocurrir. Ocurrió en noviembre de 2011, en El Carrizo, departamento de Madriz, a raíz de las elecciones fraudulentas en las que Ortega se reeligió de manera inconstitucional, causando la indignación y protesta de los ciudadanos cuya voluntad política fue irrespetada. Mercedes, Josué Sael y Elmer Torres (padre e hijos), fueron asesinados en aquella ocasión por una patrulla de policías y activistas armados del partido en el poder. Y en vez de hacer justicia, lo que hizo el régimen orteguista fue montar una farsa judicial.
Otra masacre ha vuelto a ocurrir el recién pasado 11 de julio (un mes que tiene connotación fatídica en la historia nacional), en Las Jagüitas de Managua, perpetrada por miembros de una patrulla de operaciones especiales de la Policía que asesinaron a dos niños y una joven madre pertenecientes a la misma familia.
Y a juzgar por los indicios que ya fueron mencionados en el editorial de ayer, esta otra masacre abominable también quedará en la impunidad.
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