La mayoría de los partidos que hacen frente al chavismo en Venezuela, agrupados en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sellaron un pacto de “unidad” al anunciar ayer que irán a las elecciones parlamentarias, del próximo 6 de diciembre, con una tarjeta única. Una decisión que había sido hasta hoy la manzana de la discordia.
El esperado pacto de los partidos políticos de la MUD, unos treinta, se cerró con el “sí” de Voluntad Popular (VP), fundado y dirigido por el encarcelado Leopoldo López, quien durante las últimas semanas había manifestado sus dudas sobre un trato que la mayoría de los demás aceptó casi de inmediato.
“Hoy podemos decir que se evolucionó de una alianza electoral a una alianza política”, dijo ayer el coordinador adjunto de VP, Freddy Guevara. El partido de López impulsaba la tesis de que “no hacía falta la tarjeta unitaria para que hubiera unidad, sino que hacía falta verdadera unidad para que en efecto hubiera una tarjeta única”.
El acuerdo puso fin a diferencias internas admitidas por dirigentes opositores como el excandidato presidencial Henrique Capriles quien advirtió esta semana que “sin tarjeta única” se pondría en riesgo “la adhesión mayoritaria” que estima tiene en los electores el proyecto político opositor.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, señaló que los partidos decidieron impulsar “una estructura de funcionamiento” conjunta más allá de los comicios.
Así, además de decidir que los candidatos a ocupar cada uno de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), 99 de los cuales son ahora ocupados por chavistas, los partidos de la MUD aprobaron “una agenda de cambio” que incluye cómo será “el funcionamiento de la facción parlamentaria (opositora) futura hasta el año 2021”, dijo Torrealba.
Los miembros de la plataforma acordaron, entre otras estrategias, promover la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Además, un Parlamento con mayoría opositora reunificará al país con una “Ley de Amnistía y Reconciliación que cancele los procesos judiciales de persecución política” tanto para los presos, exiliados y perseguidos de oposición como para los activistas oficialistas de base.
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