Justicia al estilo Ortega

LA PRENSA te presenta diez casos que te harán perder la fe y confianza en la “justicia” nicaragüense

La jefa de la policía, Aminta Granera, aparece retratada con el ícono deportivo del boxeo, Román González, y su hermano Milton, en el extremo derecho. LA PRENSA/ ARCHIVO

Doble rasero. Es lo que a criterio del abogado Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), usa el Estado de Nicaragua bajo la administración del presidente inconstitucional Daniel Ortega para la aplicación de justicia. El Cenidh, que lleva puntualmente registrados los casos de abusos de poder, violación de derechos humanos e injusticia, señala a los operadores de justicia del país de estar totalmente parcializados a favor del gobierno de turno: “Policías, fiscales, jueces y demás funcionarios siguen las órdenes de Ortega y así actúan, no en base al derecho sino al interés político de la familia gobernante”, dice Carrión.

Con apoyo y datos del Cenidh, LA PRENSA recoge diez casos donde la identificación con el partido de gobierno ha servido para burlar la justicia a muchos actores de delitos y el estigma de oposición o no oficialismo ha servido de igual modo para la aplicación brutal y desmedida de las leyes.

Masacre del Carrizo

8 de noviembre del 2011. Policías, funcionarios electorales y militantes del Frente Sandinista matan a tres campesinos a balazos y hieren gravemente a otros dos. “Bailaron sobre sus cadáveres”, atestigua Irinea Mejía, esposa y madre de los tres muertos. A los responsables de disparar y dirigir la agresión los acusan de homicidio, en un juicio irregular que concluye con penas máximas de tres años y tres meses de prisión. Atenuantes a favor de los perpetradores: el estado de embriaguez, según el juez de Somoto, quien dictó sentencia, Erick Laguna Averruz. Los procesados pasaron su pena en una habitación especial dispuesta en la delegación policial de Somoto.

Tres muertes y dos heridos por policías,  funcionarios electorales y simpatizantes del FSLN en El Carrizo. No duraron mucho tiempo en cárcel. De hecho, nunca estuvieron ahí.  LA PRENSA/ ARCHIVO
Tres muertes y dos heridos por policías, funcionarios electorales y simpatizantes del FSLN en El Carrizo. No duraron mucho tiempo en cárcel. De hecho, nunca estuvieron ahí.
LA PRENSA/ ARCHIVO
Caso OcupaINSS

22 de junio de 2013. Decena de jóvenes llevaban una semana apoyando la protesta de miles de jubilados que el 17 de julio habían salido a protestar a las calles y tomarse el edificio del INSS. Decenas de agentes policiales reprimieron las protestas, que sin embargo continuaban y crecían hasta formarse un improvisado campamento de apoyo. La madrugada del 22 de junio, miembros de la Juventud Sandinista, policías de civil, trabajadores de la Alcaldía de Managua y fuerzas de choque del gobierno asaltaron el campamento, golpearon a los jóvenes y les robaron sus pertenencias, incluyendo siete vehículos que aún no aparecen. Todo ocurrió en presencia de decenas de policías que apoyaron a los atacantes. La denuncia formal de 14 jóvenes víctima de lesiones y robo ante la Fiscalía “sigue en investigación”. A pesar de la gran cantidad de pruebas y vídeos que señalaban a los culpables, no hubo detenidos y los bienes robados no aparecieron.

Milton Arcia

3 de abril de 2015. Empresario del turismo y el transporte, originario de la isla de Ometepe, Rivas. En 2013 un negocio y lanchas en el malecón de Managua le fueron confiscados por la Alcaldía de Managua. El 3 de abril de 2015 fue arrestado, arrastrado y golpeado por policías, para desalojarlo de un hotel en construcción, el que luego fue demolido por órdenes del Gobierno. A posteriori, la Procuraduría General de la República declaró de utilidad pública el terreno donde se construía el hotel que fue demolido. Arcia protestó y acusó a funcionarios públicos de los abusos: lo acusaron de injurias y calumnias y fue sentenciado a pagar ochenta mil córdobas de multa, que luego fue reducida a diez córdobas. Arcia era liberal, apoyaba las marchas contra el Canal. No hay nadie detenido por la demolición ilegal de la propiedad privada ni por la detención sin orden de juez.

 A Milton Arcia los policías lo golpearon.  Autoridades centrales le destruyeron el hotel y le confiscaron el terreno, funcionarios lo acusaron judicialmente y un juez lo condenó.  LA PRENSA/ ARCHIVO
A Milton Arcia los policías lo golpearon. Autoridades centrales le destruyeron el hotel y le confiscaron el terreno, funcionarios lo acusaron judicialmente y un juez lo condenó.
LA PRENSA/ ARCHIVO
La mochila-bomba

El 20 de enero de este 2015, tres campesinos murieron en un atentado con una mochila bomba que detonaron desconocidos en El Portal, comunidad de Santa María de Pantasma, Jinotega. Los vecinos y familiares acusaron al Ejército de Nicaragua de la operación, ya que los tres hombres eran sospechosos de pertenecer a un grupo armado en contra del Gobierno. La Policía Nacional dijo que investigaría el hecho y a la fecha no hay reportes de avances. Los muertos no eran orteguistas.

Masacre de las Jagüitas

11 de julio de 2015. Policías encapuchados disparan e impactaron 48 veces contra un vehículo civil, matando a una mujer de 22 años y una niña y un niño, menores de 12 años. Dos niños menores de 7 años son gravemente heridos y una mujer embarazada, madre de los inocentes muertos, es golpeada por los agentes de las fuerzas élites. Quisieron ponerles droga, impidieron auxilio a las víctimas, abusaron de la fuerza y mancillaron los cuerpos. La jefa de la policía, Aminta Granera llegó, lloró y prometió justicia para los veinte involucrados: solo nueve fueron acusados por delitos menores, el crimen se limitó a “homicidio imprudente” y las penas por los delitos imputados no pasan de cuatro años. Pueden salir libres antes.

La masacre de Las Jagüitas es el caso más grave de abusos policiales  ocurridos en los últimos años. Los autores podrían estar poco tiempo en la cárcel.  LA PRENSA/ ARCHIVO
La masacre de Las Jagüitas es el caso más grave de abusos policiales ocurridos en los últimos años. Los autores podrían estar poco tiempo en la cárcel.
LA PRENSA/ ARCHIVO
La masacre del 19

19 de julio de 2014. En la oscuridad de la noche, hombres desconocidos rafaguean varios buses llenos de simpatizantes sandinistas y matan a cinco y hieren a veinte y tantos. Policía captura, secuestra y tortura a varios sospechosos, hasta presentarlos fuera del término de ley en conferencia de prensa. 12 hombres, acusados de disparar con fusiles unos y tirar piedras otros, fueron acusados hasta con testigos “fantasmas” y policías sin identidad y capucha. Siete de los 12 acusados reciben sentencias de entre 100 y 133 años de cárcel. Otros reciben 75 años, 37 años, 10 años y los que lanzaron piedras hasta dos años.

De arrebato de cervezas y abusos policiales

Caso Farington Reyes: 21 de junio de 2010. El joven Reyes es encontrado culpable de violación agravada contra Fátima Hernández y sentenciado a ocho años de cárcel. Sin embargo, el 22 de julio de 2011 la Corte Suprema de Justicia le reduce la pena a cuatro años, con un argumento polémico: la ingesta de cerveza produjo en Reyes “furor y enajenamiento relativo, causando excitación sexual y desenfreno, más el hecho que la víctima fue cooperadora” del abuso.

Nueva Guinea: 18 de noviembre de 2012. Centenares de simpatizantes liberales denuncian fraude electoral para darle la victoria del municipio al FSLN. Con actas en mano que prueban el robo, protestan exigiendo el respeto a sus votos.

Policías antimotines, funcionarios electorales y miembros del FSLN reprimen la protesta, apresan y hieren a decenas, les roban pertenencias y amenazan con matarlos. Mujeres son desnudadas, denuncian abusos sexuales y trato cruel y denigrante. Policía Nacional anuncia investigación por abuso de autoridad. No se conocen resultados.

Tolerancia a la corrupción pública

Aun total de 378 funcionarios públicos la Contraloría General de la República les encontró algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o presunción de responsabilidad penal, en el manejo de recursos del Estado en el año 2014. Hasta 31.2 millones de córdobas es el total de daños económicos al Estado, detectados por la Contraloría en auditorías realizadas a instituciones públicas en 2014. Se ignora la identidad de los funcionarios, las instituciones auditadas y las sanciones. Bajo la administración del presidente Ortega, funcionarios que han salido de sus cargos bajo sospechas de corrupción han sido removidos de los puestos, pero no se conoce de un solo caso que haya sido acusado y llevado a juicio. Un ejemplo de ello fue el caso del exdirector general de Ingresos, Walter Porras Amador, en 2011, dentro de un escándalo que nunca fue aclarado a la opinión pública por el Gobierno, pese a la intervención de la Policía Nacional en las investigaciones. Igualmente salió de su cargo el exministro de Hacienda y presidente del Banco Central de Nicaragua, Alberto Guevara, bajo sospechas internas de abusos en el cargo, pero el mismo Gobierno que lo expulsó ocultó a los medios las causas del despido, aunque extrabajadores filtraron sospechas de derroches y abusos. Otros casos como la intervención de la Contraloría al Mined en un caso vinculado al diputado Yasser Martínez tampoco ha sido aclarado por el Gobierno.

El talcotráfico

22 de febrero de 2014. Policías capturan a Milton González, hermano del boxeador Román González, ícono deportivo del gobierno de Daniel Ortega. Iba a bordo de una motocicleta y trató de huir de la patrulla. Le ocuparon 1.569 gramos de un polvo blanco, una balanza y cinco tiros de pistola. En la primera prueba dio positivo de cocaína, en la segunda, igual; sin embargo, en la tercera prueba resultó ser talco, de acuerdo con la prueba del laboratorio policial más moderno de Centroamérica. González salió libre del caso por falta de pruebas.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: