El transporte público de pasajeros comenzó a normalizarse el viernes luego de cuatro días de un paro forzado por las pandillas para presionar al gobierno a negociar una nueva tregua y que sus cabecillas pasen de una cárcel de máxima seguridad a una prisión común.
“Ya tenemos más buses, esto ha sido grave, yo espero que (las autoridades) no permitan que esto vuelva a pasar”, dijo a la AP Estela Martínez, una mujer de 32 años en la populosa colonia Zacamil, en la periferia norte de la capital.Policías y militares armados con fusiles, algunos de ellos con los rostros cubiertos por pasamontañas, circulaban por San Salvador, mientras los vehículos militares Humvee equipados con armas de grueso calibre patrullaban por las calles capitalinas y se habían apostado en las principales carreteras para garantizar que no se interrumpa el servicio.
La situación parecía normal en la zona, aunque todavía los choferes de los autobuses tienen temor a las acciones de las pandillas.”No entiendo porque la agarran con nosotros (los choferes), si los patrones les pagan la renta”, dijo Manuel Castillo, en alusión a la extorsión semanal que cobran semanalmente los pandilleros para no atacar las empresas. Dijo se incorporó al trabajo “porque tengo que comer y me dijeron que las pandillas ya no nos van a matar”.
El empresario del trasporte, Elizardo Lovo confirmó que ellos pararon porque una de las dos pandillas con mayor presencia en el país, el Barrio 18 los amenazaron con matar a los choferes. Las amenazas llegaron por intermediarios, según dijo.”Lo que ellos quieren es que sus cabecillas salgan de la cárcel de máxima seguridad”, afirmó Lovo en entrevista con la televisión local.El paro inició después de que el fin de semana los empresarios recibieron las amenazas de las pandillas para que no sacaran a circular sus unidades, amenazas que terminaron con la vida de ocho choferes en la capital.
“Estamos de luto luego de enterar a ocho motoristas (choferes), nos solidarizamos y les damos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas de la masacre de esta semana”, manifestó el presidente de la Asociación del Transporte Público de Pasajeros Roberto Soriano.De acuerdo con las gremiales del transporte, el 95% de las unidades del transporte dejaron de circular a nivel nacional, pero el boicot al transporte fue más notorio en la capital salvadoreña donde de 5.000 unidades de transporte, 4.500 dejaron de prestar el servicio.
Soriano estimó en 3,2 millones de dólares las pérdidas del sector transporte, además, los choferes dejaron de percibir 350.000 dólares en concepto de ingresos diarios y las gasolineras 700.000 por la venta de combustible.Agregó que “al menos el 90% de las unidades ya están trabajando, pero mañana (sábado) todo estará completamente normal”.
El viceministro de Transporte, Nelson García, dijo durante una entrevista con la Televisión Nacional dijo que el plan de Contingencia puesto en marcha el jueves continuará con la presencia de la policía y de la fuerza armada en las calles y las terminales de buses, así como también con el acompañamiento dentro de las unidades para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal del transporte.Los autobuses, camiones y camionetas puestos a disposición por el gobierno continúan con el servicio de transporte a la población en la zona metropolitana de San Salvador.