El Gobierno de El Salvador se mantendrá en “estado de emergencia” y continuará un despliegue de seguridad pese a la finalización del “boicot” al transporte público obligado por una pandilla durante 4 días, informó el ministro de Seguridad, Benito Lara.
“Nosotros vamos a continuar con toda la planificación que tenemos, vamos seguir en estado de emergencia hasta garantizar que no tengamos ninguna dificultad (en el transporte)”, dijo el titular de Seguridad en una conferencia de prensa.
Agregó que el Gobierno va “a mantener todos los dispositivos de seguridad (…) y de seguro ampliar varios de estos”.
Lara señaló que también seguirán los traslados de presidiarios que “estén ordenando o planificando actos en contra de la paz pública” mediante el “estudio permanente” de estos.
San Salvador y sus cercanías vivieron desde el lunes 27 de julio un paro de transporte “impuesto” por la pandilla Barrio 18 ala Revolucionarios mediante el asesinato de 7 chóferes, la quema de automotores y amenazas de muerte.
El ministro detalló que una de las razones para mantener dichas medidas es el inicio de las vacaciones que celebra el país entre el 1 y 6 de agosto.
“En estos días mantendremos una relación más fluida con el sector transporte para garantizar que no tengamos ninguna dificultad”, dijo Lara.
Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Landaverde, detalló que “hasta esta mañana” eran tres rutas las que no habían reiniciado labores, pero que las mismas acodaron normalizar paulatinamente el servicio.
“Podemos confirmar que el sistema se está normalizando de manera progresiva”, expuso.
Reveló que desde el día que inició el paro, hubo “comunicación permanente” con los empresarios para “establecer los mecanismos de seguridad” y que sin embargo algunas rutas que “no habían recibido amenazas de ninguna naturaleza” no reanudaron sus labores.
“Las razones por las cuales, a pesar de que se les dieron todas las garantías no brindaron el servicio, habría que investigarlas”, señaló el máximo jefe policial.
Ladaverde detalló que fue el miércoles 22 de julio cuando un mayor número de rutas pararon, 153 de 1,133 a nivel nacional, es decir el 13.5 %.
Durante los 4 días del “boicot” al transporte la PNC capturó a unas 44 personas involucradas en el asesinato de chóferes, ataques contra unidades de transporte y amenazas.
El Gobierno acusó a la padilla Barrio 18, ala “Revolucionarios”, de ser los principales responsables de propiciar el paro con el asesinato de chóferes, quema de unidades y amenazas de muerte.
Las autoridades de Seguridad revelaron que por estos hechos también capturaron a miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), sin precisar nombres y circunstancias.
Entre estos destacan un “palabrero” (líder de célula) y un “ranflero” (líder nacional).
De igual forma, el ministro de Defensa, David Munguía Payes, señaló que los aproximadamente 600 militares que participaron durante los 4 días de paro se mantendrán en las calles.
Estos efectivos militares se sumaron a los cerca de 7,200 soldados “regularmente” cuidan las fronteras y patrullan las calles desde anteriores gestiones gubernamentales. Además recalcó que continúa en “reserva” otro contingente de 600 soldados a la espera de la “orden presidencial” para ser desplegado.
Añadió que los batallones especiales de reacción, creados para misiones especiales contra las pandillas, no fueron desplegados.
Asimismo, el director General de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo que 5 convictos que son cabecillas del Barrio 18 fueron trasladados de diferentes cárceles a la de mayor seguridad del país en el municipio de Zacatecoluca (sureste).
Según datos de los transportistas dados a Acan-Efe señalan que las pérdidas en el sector ascendían a unos 500,000 dólares diarios y afectaron a las 6,000 familias de conductores “obligados” a suspender sus labores.
“Hubo un daño a la economía del país, también hubo un daño al bolsillo de personas que son especialmente de capas populares”, concluyó el ministro Lara.