Vivimos en un país donde todos los días hay por lo menos un delito grave. Ciudadanos de buenas costumbres que son garroteados por ejercer el derecho a protestar contra las injusticias de este gobierno totalitario. Otros, heridos por las turbas, no divinas como decía sarcásticamente Tomás Borge, sino malignas en todo el sentido de la palabra. Y los crímenes con armas de guerra como los fusiles de fabricación soviética AK 47, que no solamente utiliza el Ejército sino también la Policía pretoriana orteguista, cuales fueron los que utilizaron los sicarios mal llamados policías para asesinar con lujo de alevosía, porque estaban ocultos entre los matorrales en la oscuridad de la noche y salieron de pronto para emboscarlos, a los miembros de la familia Reyes Ramírez disparándoles sin piedad a matar, con el saldo trágico de dos hijos de dicho matrimonio y la hermana de Yelka, muertos, cuando regresaban de un culto de su iglesia evangélica en el sector de Las Jagüitas situada al oriente de Managua.
No cabe la menor duda de que en este caso hay, no uno, sino varios gatos encerrados, en primer lugar desde que Aminta Granera negó haber dicho en la vela de las víctimas que eran 20 los robocops enmascarados que perpetraron esta salvaje masacre. Después se dijo que eran 14, pero en el juzgado solo presentaron a 9 y de esta cantidad solamente 4 fueron acusados de homicidio “imprudente”. La pregunta de este acertijo es dónde están los restantes 5 de los 14 y donde están los 6 adicionales que completan los 20, y dónde está el número 21 que dio la orden de disparar.
La señora Yelka Ramírez tiene toda la razón de no haber ido al juzgado a hacer el ridículo, a escuchar la “sentencia”, a sabiendas de que no están aplicando la verdadera justicia que debe ser en este clarísimo caso de asesinato atroz, y que es la pena máxima para todos los implicados, incluidos los que faltan en la lista y debería señalarlos la jefa de la Policía bajo quien están subordinados todos los miembros de la Policía, sin excepción, y el dueño de este cuerpo de uniformados pretorianos con máscaras para que no los identifiquen tipo robocops.
La historia de tantas injusticias de este tiránico régimen se repite una y otra vez. Allí tenemos el caso de la masacre de El Carrizo, cuando policías, funcionarios electorales y militantes del FSLN asesinaron a balazos a tres campesinos opositores, el 8 de noviembre del 2011, hiriendo gravemente a otros dos, y bailaron como hienas sobre sus cadáveres según atestiguó Irinea Mejía, esposa y madre de los tres muertos.Y a los responsables de este crimen, después de un parapeto de juicio los condenaron con el mayor descaro del sistema judicial a una “pena máxima” de tres años y tres meses de prisión aplicando el “atenuante” de que andaban en estado de embriaguez. Quisiera saber quién inventó semejante estupidez jurídica y todavía para burlarse aún más de la madre y demás familiares de las víctimas de El Carrizo, los procesados pasaron su pena en una habitación especial que se les acondicionó en la delegación policial de Somoto y hay quienes aseguran que solamente estuvieron tres meses y después se desaparecieron como por arte de magia.
A estas alturas son incontables los crímenes y burlas del sistema judicial de este oprobioso Gobierno. Y no encuentro una razón lógica que no sea la del dinero o el lavado de cerebro, especialmente a la juventud, del porqué hay personas que apoyan a esta tiranía que cada día tiene sus manos cada vez más manchadas de sangre de ciudadanos nicaragüenses, tiñendo nuestra bandera azul y blanco con la misma sangre de nuestros hermanos.
El autor es ingeniero agrónomo/ambientalista.
