El reporte es contundente. El Barómetro Legislativo del grupo cívico Hagamos Democracia registra que ninguno de los 64 diputados de la bancada orteguista de la Asamblea Nacional reporta el uso de los 430 mil córdobas que se les entrega a los legisladores para ayudar en obras sociales.
Por otro lado, el informe cita que los 24 diputados de la bancada opositora del Partido Liberal Independiente sí entregan reportes sobre el uso de este dinero.
LA PRENSA llamó al móvil del jefe de la bancada del FSLN, diputado Edwin Castro, pero la llamada caía directamente a su buzón de voz. Algunos parlamentarios sandinistas, como es el caso del diputado presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, consultados por el tema para notas anteriores, aseguran que reportan el uso de estos fondos públicos a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el ente fiscalizador, bajo control de Luis Ángel Montenegro, un funcionario incondicional del presidente inconstitucional Daniel Ortega, resguarda esta información como privada, aduciendo que solo los mismos diputados pueden autorizar que se entregue.
Tampoco los seis diputados autodenominados independientes, según el informe de Hagamos Democracia, entregan reportes sobre el uso del fondo social.
Roger Arteaga, presidente de Hagamos Democracia.
Estos reportes deben ser entregados ante la presidencia de la Asamblea Nacional, y luego se adjuntan a los reportes de probidad que se entregan a la Contraloría.
De acuerdo con el diputado del PLI, Alberto Lacayo Argüello, la actitud de los diputados rojinegros representa cómo se manejan los recursos públicos bajo la gestión del mandatario inconstitucional Daniel Ortega.
“Esto tiene que ver mucho con los valores y principios de cada diputado. Nosotros, bajo los principios del liberalismo, estamos claros que somos funcionarios públicos y que tenemos que rendirle cuentas a la población de lo que uno hace. Es un principio fundamental y debería ser para todos parejo”, dijo Lacayo Argüello al ser consultado.
“Uno tiene que ver que el orteguismo es un partido vertical, donde no se piensa y todo funciona en base a la voluntad de una sola persona. Me imagino que les ordenan no rendir las cuentas a la población, porque quién sabe para qué usan ese dinero”, añadió.
Lacayo Argüello explicó que los diputados del PLI envían el informe sobre el uso de los fondos tanto a la presidencia de la Asamblea Nacional como al organismo Hagamos Democracia.
“Esos fondos son impuestos de la gente para ser usados en beneficio de la gente. Por eso es que la Contraloría debería de investigar bien a esos diputados que no rinden cuentas de esos fondos, porque son fondos sagrados”, finalizó el diputado opositor.
Dinero polémico
El fondo social entregado a los diputados fue creado durante el gobierno del caudillo liberal Arnoldo Alemán.
Representa un estimado de 38 millones de córdobas anuales del Presupuesto General de la República. La idea es que cada parlamentario use ese dinero (430 mil córdobas) para financiar proyectos sociales a su discreción.
El fondo social siempre ha sido cuestionado debido a que no existe un mecanismo fiscalizador para determinar si cada diputado usa esos recursos en proyectos sociales.
