Desde el 2007 comenzaron las interrupciones en el servicio por suscripción de televisión cuando el Gobierno comenzó a transmitir en cadena nacional sus discursos políticos, a pesar de que el servicio es privado los empresarios se ajustan por temor a perder su licencia de operación.
Roberto Sansón, exdirector de Claro, manifestó que en 2010 se discutió el tema con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) hasta que se aprobó un acuerdo administrativo tratando de legalizar la suspensión o encadenamiento del servicio a cadenas nacionales.
“Claro peleó con el ente regulador un año antes que se diera el acuerdo, en su momento se discutía que los canales de niños no se tocaran porque los niños no están interesados en política, pero al final como tomó forma el decreto que fueran todos los canales, así quedó”, explica el también presidente de Amcham.
En el acuerdo administrativo AA009-2010 publicado en La Gaceta 186, el artículo 30 dice: “En situaciones de emergencia nacional o regional que afecten cualquier parte del territorio nacional, vinculadas a la seguridad y defensa de la nación, a las condiciones económicas y sociales o en caso de inundaciones e incendios, movimientos telúricos o cualquier tipo de catástrofes o fenómenos naturales, los operadores del servicio de televisión por suscripción pondrán sus instalaciones y servicios a la disposición del Gobierno de la República (…) Asimismo durante el tiempo estrictamente necesario los licenciatarios se abstendrán de introducir programación de contenidos diferentes a los que requiere la atención de estos escenarios de emergencia. La inobservación de estas disposiciones se considerará una infracción grave al contrato de licencia”.
El periodista Alfonso Malespín explica que en tal caso se violenta el mismo acuerdo, pues los actos políticos nos son “escenarios de emergencia”.
“Acá lo que ha habido es violación del contrato por parte de Claro; flojera de Claro ante el Gobierno, y abuso del Gobierno con las cadenas nacionales para cosas que no constituyen una emergencia nacional”, indica Malespín.
Sin embargo Sansón refiere que solo hay tres caminos cuando no se está de acuerdo con el ente regulador: “Ir a pelear a los juzgados hasta que te ganen el juicio por no acatarlo, caer en desacato y que te multen, las multas son el dos por ciento de los ingresos, con dos desacatos te quitan la licencia o bien negociar, que es el camino más usado”.
En casos de “emergencia” las empresas que brindan servicio de cable tienen tres vías: bajar los canales (dejarlos fuera de aire) enlazar los canales o poner una franja negra.
“El evento del 19 de julio lo más probable es que fue una solicitud del ente regulador. Normalmente cada vez que hay eso te manda una carta pidiendo el acceso de tal hora a tal hora y el ente regulador está monitoreando que te enlacés y cuando no te enlazás te llaman”, agregó Sansón.