Pasadas las 5:00 p.m. del martes, el abogado Omar Treminio miraba televisión en el cuarto de su casa, junto con su esposa, cuando de pronto por la ventana que conduce al patio, un hombre con pasamontañas en el rostro le ordenó: “¡Manos arriba! ¡Abrí la puerta!”
Lo primero que Treminio pensó fue: “Nos vienen a robar”. Pero minutos después descubrió que se trataba de oficiales de la Policía de Ciudad Darío, Matagalpa (donde habita) que allanaban su vivienda.
Los agentes violentaron todo procedimiento de ingreso a la vivienda sin presentar ninguna orden judicial, dijo Treminio.
Al sacarlo al pasillo de la casa, Treminio, abogado de profesión, observó a otros encapuchados armados y a otros con uniforme policial.
El denunciante dijo que pese a la insistencia de él y de su cónyuge de solicitar la orden de allanamiento, los policías se resistían a mostrarla. Y cuando lo hicieron, comprobaron que la acusación era por comercializar marihuana.
“DISCULPE, FUE UN ERROR, NOS EQUIVOCAMOS”
No obstante, la orden era contra otra persona, lo que Treminio considera que fue “error muy intencionado porque la descripción de la casa era muy precisa”. Los policías le dijeron a Treminio y su esposa: “Disculpe fue un error, nos equivocamos”.
El denunciante criticó que le ofrecieran esas disculpas “después de habernos obligado a abrir la casa a punta de cañón”.
“Para nosotros esta ha sido una situación de terror de Estado. Imagínese usted encañonada en el cuarto donde duerme, donde está viendo televisión, platicando con su pareja y le aparece alguien enmascarado sin ningún distintivo… y le obliga a abrir la casa; es terrorífico”, sostuvo Treminio.
El hecho fue denunciado en la filial de Matagalpa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y se suma a las últimas acciones en que se han visto involucrados miembros de la Policía, como la masacre de tres miembros de la familia Reyes Ramírez, en Las Jagüitas, el pasado 11 de julio. Así como los disparos efectuados por miembros de una patrulla en el barrio Nueva Jerusalén, Ciudad Sandino, el 2 de agosto, contra dos personas que se movilizaban en una motocicleta.
“Si eso sucede en Managua, ¿se imagina usted lo que está pasando en el interior del país? donde al campesino lo amedrentan: si decís algo te fusilamos, si decís, te vamos hacer tal cosa”, manifestó el diputado del PLI por Madriz, Armando Herrera, quien refirió que conoce de casos similares sucedidos en San Juan del Río Coco.
Armando Herrera, diputado
liberal por Madriz.
LA PRENSA/W. ARAGÓN
Herrera agregó: “En Nicaragua estamos regresando y estamos viendo a los ‘Macho Negro’, a los Iván Alegrett, a los nuevos ‘Cheles’ Aguilera, a los nuevos Moralitos Sotomayor… en un nuevo planteamiento como 36 años después”.
Herrera también se refirió al papel asumido por la jefa de facto, primera comisionada Aminta Granera. “La gente de Nicaragua lo que está viendo es a alguien (a Granera) que luego que comete un atropello, viola los derechos humanos y tiene un desprecio total a la vida, llega a pedir perdón y llora; es prácticamente una payasada, es un circo… creo que debería de renunciar”.
DIRIGENTE DEL MAM PIDE QUE GRANERA RENUNCIE
A esta demanda se suma Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). “Es una posición vergonzosa”, criticó Jiménez quien señaló que Granera se ha alejado totalmente de sus principios y valores, y donde “utiliza su imagen para persuadir a las víctimas de la propia institución para que no hagan uso de sus derechos”.
“Es indignante el rol que está jugando la jefa nacional (de facto) de la Policía y nosotros creemos que debe renunciar (…) se ha convertido en una operadora de la impunidad”, refirió Jiménez.
Por su parte, el diputado liberal Alberto Lacayo refirió: “Es lastimoso que una figura tan relevante como la personalidad que ha tenido (Granera) la ocupen para ir a trapear la sangre”.
Lacayo criticó el retroceso en la profesionalización de la Policía, y habló de lo “terrible que los que están para cuidarte te estén matando”. También apuntó que “no es posible que nuestros impuestos se utilicen para que carguen balas contra nosotros mismos”.
Recordó Lacayo que hasta hace diez años, había una Policía respetuosa, “que se debía a la población y no izaba banderas partidarias en sus cuarteles”.
Asimismo expresó que la negativa de los diputados sandinistas de interpelar a Granera en la Asamblea Nacional evidencia que “están de espaldas al pueblo, que no les interesó los niños muertos y señora muerta, heridos” en Las Jagüitas, igual que sucedió con los de El Carrizo.
Critica aislamiento
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, expresó que en el último caso donde resultaron dos jóvenes heridos, se observó de parte de la Policía un esfuerzo “por neutralizar el ejercicio de ciudadanía”, al evitar que denuncien los hechos ante organismos de derechos humanos.
Y una prueba de ello fue que la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, “aisló” a los heridos trasladándolos al hospital de esa institución.
Carrión consideró que ese hecho es grave porque viola el principio de responsabilidad del Estado. En especial porque las autoridades conocen el procedimiento que deben emplear cuando los agentes del Estado violan la ley, al hacer uso de la fuerza y armas de fuego.
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