Néstor Orlando Bojorge Mayorga, abogado de Jean Carlos Jarquín Pérez, de 19 años, denunció en Asuntos Internos de la Policía que en El Chipote le impiden sostener una entrevista privada con su representado. Jarquín es uno de los detenidos en Rivas por el asesinato del oficial de Inteligencia militar Rafael Ángel Delgadillo, ocurrido a mediados de abril pasado.
Bojorge indicó que la posición asumida por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde está El Chipote, violenta los derechos de su representado.
El abogado aseguró que en cuatro ocasiones se ha presentado al portón de El Chipote, pero nadie le ha permitido hablar con el detenido.
El abogado particular apuntó que la primera vez los oficiales de El Chipote le indicaron que necesitaba una orden judicial para entrevistarse con su cliente.
“La señora juez me dictó un acto donde ordenó —como un derecho y garantía del acusado— que las autoridades de El Chipote me permitieran a mí, como defensa, entrevistarme con este joven. Este oficio fue presentado siempre en los portones de El Chipote, porque de allí no le permiten a uno pasar”, comentó el abogado.
El martes fue la última vez que Bojorge acudió a los portones principales de El Chipote, donde lo hicieron esperar unas dos horas sin que nuevamente pudiera entrevistarse con su cliente.
A Bojorge le preocupa que el 12 de agosto será el juicio oral y público, en el que Jarquín es acusado por los delitos de asesinato y crimen organizado.
Jarquín sigue detenido en El Chipote, pese a que según el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, debería estar recluido en el penal de Granada o en la delegación policial de Rivas.
El defensor de derechos humanos recordó que el año pasado la Policía Nacional fue la principal institución denunciada ante ese organismo.
La mayoría de las denuncias contra la Policía fue por detenciones arbitrarias, prolongadas, así como por la violación de las garantías de los detenidos. Las denuncias son recurrentes y en general prejuicios, apuntó Carrión, quien señaló que lo más grave de esto es que esto representa más contratiempos y desgastes para las familias con detenidos en esas celdas.
Hasta ahora Jarquín y María Margarita Santana Espinoza, de 26, son los únicos que están detenidos. Otros tres están prófugos. En este caso también fue detenido Francisco Javier Ponce Sanarrusia, quien supuestamente se suicidó en una celda de El Chipote.
12
de agosto es la fecha prevista para el juicio oral y público contra los detenidos por el crimen contra el oficial de Inteligencia militar, Rafael Ángel Delgadillo, ocurrido a mediados de abril.
Debe cerrar
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, señaló que El Chipote no debe funcionar como centro de detención, pues por lo general es un centro donde se violan los derechos de los detenidos, incluidos los métodos de tortura.
Las organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica han insistido en el cierre de las cárceles de El Chipote. Sin embargo, a finales de julio LA PRENSA conoció que esa institución remodela un área de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), lo que demuestra que la campaña de cierre no tendrá eco.
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