He escrito sobre Tumarín en varias ocasiones, obligado por los continuos retrasos y enmiendas a la concesión.
La primera vez fue el 9 de agosto de 2008, cuando se anunció el proyecto, dándole la bienvenida. Entonces dije que no solamente aumentaba la capacidad de generación de electricidad, “sino en base a recursos nacionales, con lo cual disminuye la dependencia del petróleo ” Y agregaba que “Nicaragua es el país con más potencial hidroenergético de Centroamérica y, sin embargo, el que en proporción a su consumo genera menos energía hidroeléctrica”.
Desde entonces, Tumarín pasó a ser el buque insignia del cambio de la matriz energética, tan necesaria, y reconocí los esfuerzos que al respecto realizaba el gobierno de Ortega. Pero sobre Tumarín, desde un principio señalé que esperaríamos a conocer los detalles de la concesión para “tener un juicio más fundado sobre sus bondades”, pues no basta cambiar la matriz energética, con mayor generación de recursos naturales renovables, sino que se impacte positivamente la tarifa.
A inicios de 2012, cuando cuatro años después de anunciado surgieron dificultades en iniciar el proyecto, y a propósito de la falta de transparencia informativa con la cual se estaba manejando, señalamos: “No se trata de negocios entre privados, y que por tanto se pueda mantener en privado, sino de un bien público. Es un tema del Estado, y por tanto, no debería haber ningún secretismo, como resulta obvio lo hay”.
Cuando en marzo de 2012 se tramitaron apresuradamente reformas legislativas relacionadas con la tarifa eléctrica y la deuda energética, insistí en que sin reducción en la tarifa, las más alta de Centroamérica, “jamás vamos a mejorar la productividad y la competitividad, y por tanto no tendremos ni las inversiones, ni los nuevos empleos, ni el crecimiento económico que necesitamos para salir del atraso y pobreza en que estamos”.
Después se anunció una nueva cifra de inversión que la elevaba a 4.5 millones de dólares por megavatio. Señalé entonces que eso era llamativo, pues examinando cuatro proyectos hidroeléctricos en construcción en Centroamérica, ninguno superaba los 3.5 millones de inversión por megavatio.
El sobrecosto era evidente, y la falta de explicación del Gobierno o de la empresa dejaba mal sabor, por decir lo menos. Cuando a la empresa concesionaria se le agregó hace poco tiempo el proyecto Boboqué, el mal sabor se acentuó: ¿Por qué la inversión en Tumarín por megavatio casi duplicaba la de Boboqué?
Otra ocasión para analizar el tema la dio el entonces embajador de Brasil, cuando en agosto de 2012, comparando el impacto que en su país había tenido la megahidroeléctrica de Itaipú, declaró a un medio local: “Hay otro (Brasil) moderno después, con mucha mayor capacidad, lo mismo le sucederá a Nicaragua y Tumarín”.
Estuve de acuerdo con el embajador, pero dije que todo dependía de la tarifa, como la consecuencia positiva que en la misma había tenido Itaipú, pero que no resultaba claro en cuanto a Tumarín por el monto de la inversión. Señalé que aunque la inversión por megavatio de Itaipú, 1.5 millones de dólares, no se podía extrapolar pues fue construida hace varias décadas, una comparación razonable era con la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción entonces, con una capacidad un poco menor que Itaipú. La información disponible indicaba que la inversión en Belo Monte era de 16,000 millones dólares para una capacidad de 11,200 megavatios. Es decir, escribí entonces, “menos de 1.5 millones por megavatio, cifra que luce excesivamente baja, pero aún duplicándola no se aproxima a la inversión estimada en Tumarín”.
Las investigaciones por corrupción en Brasil han traído de nuevo el tema de Tumarín, confirmando, en principio, el mal sabor. Las investigaciones en curso, van en dirección a los sobrecostos de la inversión.
Mientras, el Gobierno sigue oscilando entre la opacidad informativa y la descalificación, como lo hizo el asesor económico presidencial.
Y a propósito de declaraciones de dirigentes del sector privado, sin transparencia informativa nunca sabremos cuán caro es, cuánta racionalidad tiene y si beneficiará a Nicaragua o solamente a unos pocos, porque necesitamos que este proyecto, como otros, se haga, pero se hagan bien.
En este tema, como se ve, otra vez la democracia.
El autor es excandidato a la vicepresidenciade la República.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
