Todavía para 1950, los chavalos que se escapaban de las escuelas tenían su estrategia. Se iban en grupos de tres para ir a cualquier lugar que no fuera el centro de estudios. Entre esas agrupaciones andaba un joven, Roberto Sánchez, a quien le gustaba ir a La Quebrada, en Masatepe. Entonces las aventuras juveniles debían hacerse con precaución: en las calles de Masatepe todavía rondaban los policías escolares.
No eran propiamente policías, pero la figura obedecía a personas vestidas de civil que tenían como función principal, buscar, encontrar y llevar a los niños que se escapaban de clases de vuelta a los salones o a sus casas, donde confrontaban a los padres.
Pero para ese entonces la Policía escolar estaba casi extinguiéndose. Se había creado en 1895 por decreto de José Santos Zelaya y entre sus principales atribuciones estaba la de imponer multas a los padres de familia que no enviaran a sus hijos a clases. Roberto Sánchez recuerda que en su juventud todavía existían. Y en varias ocasiones le tocó escabullirse de alguno de sus perseguidores, pero no en todas corría con tanta suerte.
La Policía escolar nació como parte de los primeros cuerpos policiales que conoció Nicaragua en los tiempos de José Santos Zelaya. “Zelaya hacía Policía para todo”, dice el historiador Sánchez.
La Asamblea de 1885, durante la Presidencia de Roberto Sacasa y Sarria, aprobó la creación de los cuerpos policiales y se dividieron en tres grupos: la Policía urbana, la Policía rural y la Policía judicial.
La Policía urbana, por ejemplo, debía encargarse de asuntos como la vagancia, ebriedad, juegos prohibidos y en ocasiones hasta regulación de las parteras.
Durante la creación de esas policías encargadas de regular casi cada cosa que ocurría en Managua y los demás departamentos, nació la Policía escolar posteriormente en el gobierno de Zelaya, que perseguiría estudiantes durante muchos años.
A tal punto fue la cacería que, por ejemplo, en la reglamentación de la ley creadora de este órgano se estableció además que tenían las facultades de recoger una lista de asistencia de los niños en los colegios, vigilar que estos fuesen inscritos en las escuelas y preguntarle a los niños que andaban en las calles en los tiempos de clases el por qué de su ausencia “y en vista de la respuesta, dirigirse a la casa de los padres o encargados para emitir un informe y obrar según lo establecido en la Ley”.
No usaban armas, dice Sánchez. Las personas vestían con su ropa casual para ejercer las funciones que en ese entonces se les atribuían, pero no faltaban los reglazos ni los fajazos que usualmente se aplicaban para corregir en la antigua formación escolar.
Eso sí, de ser una niña la que se encontrara en las calles, la Policía escolar debía “dirigirse a ella con respeto” y si la causa de la ausencia era por enfermedad, la Policía estaba en la obligación de pedir una certificación de un médico titulado.
Para el año 1900, José Santos Zelaya, en su intención de permanecer en el poder, creó un nuevo órgano de orden público llamado la Policía republicana, cuya función era la de controlar en gran medida las protestas que los políticos conservadores realizaban en Managua.
Los guardianes del orden se mantuvieron y en 1925 empezó la transformación.
LA GUARDIA Y SUS DEMONIOS
Había guerras civiles y el presidente elegido por el Gobierno de los Estados Unidos, Carlos José Solórzano, decidió que se necesitaba crear un órgano militar con funciones de orden público para proteger a la sociedad de las revueltas. Así fue como se creó la Guardia Nacional y se nombró como director a un general retirado norteamericano: Henry L. Stimson. La Guardia estuvo bajo control norteamericano hasta 1933, cuando se le regresó al presidente Juan Bautista Sacasa. Él nombró a Anastasio Somoza García y esta historia ya le resultará mucho más familiar.
Para ese entonces algunos cálculos estiman que la Guardia tenía unos tres mil soldados en promedio, aunque para finales de 1979, el exoficial ejecutivo de la EEBI, Justiniano Pérez, estimaba que el grueso de soldados de la Guardia había alcanzado ese número y no ocho mil, como se cuenta en algunas historias. La Guardia Nacional no fue propiamente un órgano policial. En realidad eran militares con funciones de Policía que se encargaban de poner el orden en las ciudades, aunque más tarde, debido al poder que tenían se violentó la línea de los derechos de las personas y se incurrió en corrupción “con el famoso peso de impuesto” para el jefe de plaza.
Nicolás López Maltez, en su libro La Historia de la Guardia Nacional de Nicaragua , indica que la Guardia Nacional fue creada por orden norteamericana el 20 de mayo de 1925. En ese entonces era presidente de Nicaragua Carlos Solórzano y Maltez refiere que la constitución de la Guardia se dio por “decisión norteamericana, con intereses gringos y hasta como plataforma de dominación con soldados de cada nación”.
Según sus archivos, dentro de la Guardia Nacional la Policía Nacional fue formada en 1978, como una división de la Guardia Nacional, que tenía unos dos mil hombres aproximadamente.
Ese personal estaba ligeramente armado y fue ubicado en las principales ciudades del país o asignado a las Brigadas Especiales contra Actos de Terrorismo (Becat).
La Becat era una unidad urbana antiterrorismo basada en los SWAT de Estados Unidos. Sus miembros utilizaban armas Uzi, M16, escopetas y rifles de francotirador, aunque el arma favorita de Somoza para las acciones cotidianas era el Garand.
El mismo Justiniano Pérez lo explicó a LA PRENSA el pasado 19 de julio del año en curso: “El caso de los fusiles, por ejemplo, se le dio al Gobierno de Nicaragua cinco mil fusiles M16, fusiles que se usaron en Vietnam y la Guardia usó fusiles Garand, que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no se usaron? Porque el general Somoza decía que esos fusiles eran muy livianos y no se puede culatear. Entonces, la idea era que la acción policial se ejerciera a través del culatazo y las acciones violentas, porque esa era lo que había dejado Somoza García”.
Los roles policiales de la Guardia creados hasta el 78 estaban estrictamente reducidos a la misma Guardia y no tanto expandidos para resguardo de la ciudadanía, como posteriormente sucedería.
Los comandos de la Guardia estaban ubicados dentro de las ciudades, dice el coronel Francisco Barbosa Miranda en su libro Historia Militar de Nicaragua y agrega que eran casas que no tenían una infraestructura militar, por lo que su funcionamiento se asemejaba al de los cuarteles de Policía.
“Existía el Campo de Marte, que no era una fortaleza militar, aunque esa fuera su apariencia, y dentro de esas instalaciones existían una Academia Militar, una Escuela de Policía, Escuela de Radio Operadores, Taller de la Compañía de Transporte, oficinas de abastos y otras oficinas menores”, dice Barbosa en su libro.
René Vivas, exdirector de la Policía Nacional, explicó en el 2011 a la Revista Envío, de la Universidad Centroamericana, que tras el triunfo de la revolución en 1979 no se conocía la existencia de una Policía como tal en el país.
Ahí explicó que la función de la Guardia y los órganos armados de aquella época en Centroamérica estaban dirigidas principalmente a la represión: “Era un modelo barato y que resultaba eficiente: controlaban, garroteaban, mataban Cumplían eficientemente con los papeles que les tenían asignados. Por ejemplo, en los años de Somoza el estadio nacional de beisbol lo cuidaban solamente cuatro guardias. Y con eso bastaba”, comentó Vivas, quien cuenta una famosa anécdota que diría mucho del papel represivo y cruel que se le achacó a la Guardia Nacional en su papel de Policía.
“Una vez un niño se cruzó a un palco y un guardia le disparó con su Garand y el niño cayó baleado al piso y ahí acabó el problema y todo el mundo entendió que nadie se podía cruzar a los palcos”, rememoró.
LA POLICÍA SANDINISTA
Tras el triunfo de los sandinistas en 1979, la Guardia fue desmantelada. Así resume Francisco Bautista Lara el fin de la era de la Guardia Nacional.
La intención de crear la Policía bajo el nuevo gobierno, según algunos textos históricos, era darle a sus miembros el entrenamiento y que fuera diferenciada completamente del Ejército de Nicaragua. Es decir, no repetir el modelo de la GN. El 5 de septiembre de 1979 se fundó la Policía Sandinista. Era, como su nombre lo indica, una Policía con vínculos partidarios evidentes. La propaganda oficial le impregnó a sus miembros un tono heroico y romántico: “Centinelas de la alegría del pueblo”.
Bautista Lara, miembro fundador de aquella institución, dice que aunque se habla de su fundación ese 5 de septiembre, la Policía Sandinista empezó a funcionar como tal a finales de julio de ese mismo año.
Lara considera que esta es la primera de tres etapas históricas que ha tenido la Policía, la primera, desde 1979 hasta 1989.
“Esta es la etapa de la creación de la estructura, de los procedimientos básicos (de la Policía). Es una Policía que empezó a crear su perfil, a existir, a crear sistemas de registros, una organización y una jerarquía”, explica Lara.
El capitán Erick Delgadillo, miembro de la Policía Nacional, escribió una breve reseña de la historia policial y destaca que aunque inicialmente se intentaba crear un órgano que fuera distinto a la Guardia Nacional, se terminó por subordinarlos al poder, de la misma manera que la Guardia a Somoza.
En 1980 se creó mediante el decreto 559, la Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista y se le otorgó entre sus funciones la de proteger la vida de los habitantes del país, prevenir el delito, preservar el orden social, velar por el respeto de los bienes sociales y otras orientaciones.
Bautista Lara estima que para 1979 la Policía Sandinista tenía un promedio de 12,000 miembros aproximadamente.
Según las breves citas históricas que se encuentran en la página de la Policía Nacional actualmente, de 1982 a 1988 “fue un período marcado por la prioridad de la defensa militar debido al conflicto armado que existía. Se establecieron fuerzas operativas/administrativas en apoyo a las tropas del Ministerio del Interior”.
Con esa legislación la Policía funcionó hasta los años noventa, cuando inició el proceso de despartidización y subordinación al poder civil.
LA POLICÍA NACIONAL
Bautista Lara considera que aquí empieza la tercera etapa de las fuerzas policiales nicaragüenses. Ya para 1995, con las reformas constitucionales, se pudo promulgar la Ley 228 de la Policía Nacional en la que quedaba clara la visión, misión y estructura de la Policía. Es una etapa en la que se despojan del carácter partidario y se forma una Policía mucho más profesional, recuerda Lara. Se crea una estructura con Dirección Nacional bajo el mando de una jefatura nacional y guiada bajo las leyes establecidas en la Constitución Política del país.
Sin embargo, no todo sería positivo con esos cambios. Para 1990, cuando se da el cambio de Gobierno, la fuerza policial disminuyó a unos 7,400 agentes, recuerda Bautista Lara. Y para 1998 esa cantidad de oficiales continuaba rumbo a su extinción reduciendo la cantidad de sus miembros a 6,400.
“Se estaban presentando tres fenómenos a fines de la década de los noventa. Reducción del número de policías y reducción de la capacidad presupuestaria, incremento en las tasas delictivas y aumento en la desconfianza de la Policía por su ineficacia”, explica Bautista.
A partir del año 2000 se empezó a realizar un plan de modernización de la institución para garantizar su supervivencia y recuperar así la confianza de las personas. Para ello se necesitó apoyo de diferentes agencias de cooperación internacional que prestaron recursos para que se realizaran todos los cambios.
Lara dice que cuando se dan esos cambios se revirtieron todos los indicadores negativos que existían en el momento, a partir de los cambios que se realizan.
La Policía comienza a crecer nuevamente en el número de oficiales en servicio; hoy en día está acercándose a la misma cantidad que existía para 1979, a pesar de que en ese entonces existía una población menor.
LA POLICÍA DE HOY
A partir del 2007, con la llegada al poder de Daniel Ortega, la Policía Nacional también recibe críticas por actuaciones más partidarias similares a las de la Policía de los años ochenta.
Incluso para el año 2014, los medios daban a conocer que varias estaciones policiales utilizaban nuevamente el logo de la Policía Sandinista que se usó en la década de los ochenta.
Y en las patrullas policiales se utiliza hoy el logotipo con la figura de Sandino, lo cual, a criterio de analistas como Roberto Orozco, es un guiño al pasado y un regreso de la autoridad al origen partidario.
Más recientemente las críticas están relacionadas con la mala actuación policial en casos como el de Las Jagüitas, en el que murieron tres miembros de una misma familia y se acusó a nueve policías.
Y el más reciente caso que se le critica a la institución del orden es el que ocurrió este mes, cuando unos policías persiguieron desde Managua hasta Ciudad Sandino a dos jóvenes en una motocicleta y les dispararon provocándoles heridas.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, van más allá de los años ochenta para hacer las comparaciones y ubican a la Policía de hoy como un híbrido entre la Guardia Nacional y la Policía Sandinista, pero con sello propio de Daniel Ortega, el presidente inconstitucional de Nicaragua y jefe supremo de la Policía.
A pesar de esto, Bautista Lara considera que los logros de la Policía han sido principalmente en la reducción de los índices delictivos y en el mejoramiento de su imagen.
“El Gobierno actual es un Gobierno muy fuerte desde el punto de vista político y tiene una influencia fuerte en el funcionamiento de la Policía. La Policía, aquí y en la China, aunque suele ser una institución profesional, no está ajena al poder político, pero ese poder político debería tener una influencia moderada en general”, concluye Lara.
LOS PEROS DE LA POLICÍA NACIONAL
A la Policía Nacional se le recrimina su cercanía con el gobernante Frente Sandinista. Principalmente porque la primera comisionada Aminta Granera Sacasa debió dejar el cargo en el año 2011 tras cumplirse los cinco años establecidos en la Ley.
Recientemente una ola de indignación ha rodeado a Granera por el actuar policial en contra de familias nicaragüenses, el caso de Las Jagüitas y el de dos jóvenes que salían de una vigilia en Ciudad Sandino.
Mucha gente ha pedido su renuncia, pero la jefa policial ha dicho que no dimitirá de su cargo, pues este depende de lo que diga el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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