Una de las decisiones más importantes en materia económica que marcará los próximos años fue tomada por el Gobierno de Nicaragua en silencio. Se derogó la obligación de que la deuda pública adquirida por el Estado conlleve una concesionalidad no menor al 35 por ciento.
La derogación de esa obligación fue en La Gaceta, Diario Oficial, 142 publicada el 30 de julio de 2015, en la que el presidente inconstitucional Daniel Ortega y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, firman el Decreto 25-2015 de los Lineamientos de la Política Anual de Endeudamiento Público 2016.
En ese documento se eliminó la atadura que Nicaragua tuvo por 11 años de obtener sus préstamos en niveles de concesionalidad mínima del 35 por ciento, es decir, que al menos ese porcentaje del monto de la deuda adquirida fuese donación o con un nivel muy bajo de interés que prácticamente era regalada por la cooperación.
Nicaragua tenía esa obligación por pertenecer a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, siglas en inglés). Sin embargo en el Decreto 25-2015 no se incluyó el artículo de que “las condiciones financieras de contratación de nuevo endeudamiento externo deberán permitir como mínimo un elemento de concesionalidad del 35.0 por ciento” de los anteriores años.
“En el fondo lo más importante es para qué te estás endeudando. La deuda tiene que ser para financiar proyectos que rindan económicamente más que los intereses que le pagás a los acreedores”. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides.
SUBIÓ DE CATEGORÍA EN LA HIPC
La gerente país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Edda Magaly Meléndez, explicó que las autoridades de Hacienda informaron a los organismos internacionales que a partir del 1 de julio de 2015 Nicaragua subió en las categorías como país HIPC y ello le permite liberarse de la presión de la concesionalidad.
“Nicaragua siempre es un país HIPC, pero pasa de una categoría a otra. Nicaragua estaba en una categoría de No GAP y ahora pasamos a la categoría GAP. Esto es un reconocimiento al manejo y de cómo ha venido evolucionando la economía nicaragüense”, informó Meléndez.
Ese escalón que sube es porque el Banco Mundial (BM) igual colocó a Nicaragua en la categoría de Países de Ingreso Medio Bajo (PIMB) y lo sacó de los “más miserables”.
El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, confirmó la nueva posición del país en la HIPC y por tanto “nosotros ya no estamos obligados a respetar esa concesionalidad”.
El peldaño en la HIPC lo avaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), según Meléndez porque a pesar de que el país no tiene programa con el organismo en la práctica, se ajusta a sus políticas de sostenibilidad fiscal y de deuda y porque la economía crece en promedio un cuatro por ciento anual los últimos cinco años.
“Para el BCIE, dijo, es totalmente positivo y te lo planteo en dos temas fundamentales: el acceso a mayores montos de financiamiento de nuestra parte y no estar restringidos a buscar combos de recursos externos y con contrapartida del Gobierno que permitieran el famoso 35 por ciento de concesionalidad”.
El BCIE tiene previsto aprobar 248 millones de dólares en 2015 al país, de los cuales al 30 de junio se concretaron 135 millones de dólares. En 2016 la cartera será mayor, pero aún definen con Hacienda el monto y los sectores de prioridad.
“Alentar expectativas de que el país puede acumular nuevas deudas en condiciones más onerosas encierra el riesgo de que caigamos nuevamente en el torbellino de un endeudamiento que anule las posibilidades de desarrollo”. Enrique Sáenz, diputado opositor.
ENDEUDAMIENTO ACTUAL
La deuda pública total al primer semestre de 2015 asciende a 5,660 millones de dólares y equivale al 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el BCN.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), analiza que al avanzar como País de Ingreso Medio Bajo con el Banco Mundial era de esperarse cambios en los términos de contratación de deuda.
Chamorro ve positivo que la regla sea más flexible, “pero creo que es sano dejar siempre un nivel de cumplimiento de concesionalidad general en un período determinado para procurar un endeudamiento razonable”.
Enrique Sáenz, diputado opositor y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, respalda que Hacienda adquiera deuda pública con “al menos un límite del 25 por ciento” de concesionalidad.
A Sáenz le preocupa que “la capacidad de endeudamiento público está llegando a su límite”, según sostiene el estudio Política Fiscal de Nicaragua elaborado por Funides.
“Efectivamente, la solvencia no solamente se mide por la proporción de la deuda respecto del PIB, sino por las perspectivas de la capacidad de pago en el futuro. Y en el caso de Nicaragua se está produciendo un fenómeno perverso, en el sentido económico de la palabra: aumenta el endeudamiento externo total, pero disminuyen la formación bruta de capital y la inversión privada”, cuestiona.
EL MÉRITO DE BOLAÑOS
El primer gobierno sandinista heredó una deuda pública externa de 10,715.4 millones de dólares. El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro logró que los acreedores condonaran casi la mitad de la deuda al país. En 1996 ya la deuda externa se redujo a 6,095 millones de dólares.
Fue el gobierno de Enrique Bolaños el que demostró al FMI y al BM la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y por ello se aprobó que Nicaragua ingresara a la HIPC, logrando en 2004 el perdón del 87 por ciento de su deuda. Entre el 2004 y el 2007 se logró la condonación de 5,953.8 millones de dólares al país.
