El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha orillado a los Estados a adoptar enfoques desde los derechos humanos en sus políticas de extradición. No obstante, los casos de Julio Rocha y José Daniel Gil Trejos evidencian que el régimen de Ortega no tiene una política de Estado y mucho menos enfoque de derechos humanos en relación a la extradición.