La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió este 25 de agosto “por unanimidad” dar trámite al antejuicio contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, acusado por la Fiscalía y una comisión de la ONU de liderar una red de corrupción aduanera, informó a Acan-Efe una fuente oficial.
El antejuicio, el mecanismo para despojar de la inmunidad al mandatario para que sea investigado, lo pidieron el pasado viernes la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el argumento de que tienen indicios que vinculan a Pérez Molina con la red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
El vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ngel Pineda, dijo a Acan-Efe que la resolución de dar luz verde al antejuicio se adoptó por unanimidad de los 13 magistrados del Supremo, que este martes celebraron un pleno extraordinario con el único fin de conocer dicha solicitud.
Los magistrados esgrimieron que, en virtud de los documentos presentados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG, había “información” que establecía una “posible vinculación” del presidente con “La Línea”.
“Hay circunstancias que vislumbran la relación como posible”, sostuvo Pineda, quien agregó que, por este motivo es “importante” que se realicen las pesquisas oportunas.
En cuanto se cumplan los trámites legales oportunos el expediente se trasladará al Congreso de la República, que deberá designar una comisión investigadora para que determine si hay o no indicios suficientes para retirar la inmunidad al mandatario y presente un informe al pleno.
Se requiere el voto favorable de 105 de los 158 diputados del pleno parlamentario para levantar la inmunidad del mandatario.
Pérez Molina ya superó un pedido de antejuicio al que dio trámite el Supremo el pasado 10 de junio.
El Congreso rechazó el pasado día 13 levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco, lo que impidió que fuera investigado tanto por el caso de fraude aduanero como por una corruptela en el Seguro Social.
PROCESO PENAL CONTRA BALDETTI
Mientras tanto, un juez guatemalteco abrió un proceso penal contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusada de encabezar, junto con el presidente Otto Pérez, una mafia de defraudación aduanera, un escándalo que tiene al país en convulsión.
“Después de hacer los análisis de los medios de investigación, se considera prudente dictar el auto de procesamiento en contra de Ingrid Roxana Baldetti Elías”, dijo en la audiencia el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Angel Gálvez.
Explicó que los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, por los cuales dictó prisión preventiva sin derecho a fianza.
El juez Gálvez aceptó la pruebas presentadas por la Fiscalía, como escuchas telefónicas, documentos internos de la red delictiva y copia de varios cheques que recibió como supuestos pagos de sobornos.
La crisis política estalló en abril pasado cuando se reveló la existencia de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.
En la misma trama fue vinculado el presidente guatemalteco, quien ha rechazado dejar el cargo pese al clamor popular que pide su renuncia.
Baldetti fue detenida el pasado viernes por su presunta participación en el caso, el mismo día que Pérez fue señalado como cabecilla de la estructura.
La Fiscalía tiene tres meses para argumentar la acusación y presentar las pruebas ante otro juzgado, el cual determinará si Baldetti enfrentará un juicio oral y público por los delitos que le imputan.
Mario Cano, abogado de Baldetti, criticó la decisión del juez al considerar que la parte acusadora no presentó pruebas contra su defendida.
“Esto es una aberración jurídica. Tenemos que fallar objetivamente y el señor juez realmente tiene que ser lo más objetivo posible”, comentó a la AFP Cano.
