La Sala de lo Constitucional de El Salvador otorgó un “estatus de actor político” a las pandillas al considerarlas “grupos terroristas” en una reciente resolución, advirtió en declaraciones a Acan-Efe una analista experta en la historia reciente de la violencia salvadoreña.
“Al margen del contenido sustantivo (de la sentencia), el mensaje central es que se posiciona y, constitucionalmente, se les asigna el estatus de terroristas a las pandillas” y “el terrorismo es una forma de violencia política”, expuso la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jeannette Aguilar.
Las declaraciones surgen en respuesta a una sentencia emitida el lunes por la referida sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que señaló que las pandillas cumplen las características de los “grupos terroristas” al afectar “indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población”.
Dicha resolución desestimó una serie de demandas que buscaban que se declarase inconstitucional la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT) emitida en 2006.
Para Aguilar, dicha consideración otorga una “promoción” a las pandillas en la “cadena del crimen”, lo que puede tener un “efecto adverso”, porque los “alienta a incrementar la violencia y a tomar otros matices” en la medida las pandillas se “apropien” de las características de “grupos terroristas” de otras latitudes.
“A nivel simbólico, las pandillas se ven conminadas a asumir ese rol que la sociedad les asigna, estos actores tienden a responder a la etiqueta”, expuso la analista.
Para ella, 15 años atrás “muchos de estos pandilleros no participaban en las acciones que hoy participan” pero al “asignarle todos estos epítetos y etiquetas” de violencia y crimen con las “políticas represivas”, se “alentó a que asumieran esos roles”.
“Para el terrorista la cárcel no es una medida que vaya a inhibir sus acciones, (…) de alguna manera se buscan que se generen mártires” y “elementos para una lucha social, para reforzar su lucha política”, acotó.
Agregó que considerar a las pandillas como “grupos terroristas” también supone “un gran reto para el sistema de justicia salvadoreño” porque es una “figura de difícil judicialización”.
Sostuvo que El Salvador no tiene la “institucionalidad que responda a la demanda, incluso de delitos menores que no se llevan a juicio por la inoperancia, particularmente, de la Fiscalía General de la República”.
“Pareciera ser que (la consideración) es para generar un efecto simbólico de consolidar en el imaginario público esa amenaza, que dé realmente una aplicación práctica de la ley”, expuso.
Aguilar también sostuvo que con esta acción de la Sala de lo Constitucional se “están sentando las bases para que estas (pandillas) transiten a una nueva etapa” que les permita ser reconocidos como actores beligerantes .
Esto sería como en 1981, cuando Francia y México reconocieron a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder, como una “fuerza política representativa”.
“Sin duda, en este momento está aun lejos pero se podría estar favoreciendo en medida que se refuerza una lucha social (de las pandillas)”, concluyó.
Por su parte, el sociólogo de la estatal Universidad de El Salvador (UES) Rafael Narváez, considera las pandillas concuerdan con los grupos internacionales terroristas en su “objetivo” de “desestabilizar al Estado” para “tomar el poder”.
“Hay una connotación política en las actividades terroristas que se ha realizado en los últimos días que está orientada claramente a la desestabilización del Gobierno”, dijo el sociólogo a Acan-Efe en referencia a un “boicot” al servicio del transporte público realizado por estos grupos a finales de julio.
Narváez expuso que las pandillas pasaron de ser grupos de jóvenes en “situación de proclividad a la violencia” a “grupos delincuenciales” con estructuras “trasnacionales” y que este tipo de organizaciones “tienen interés en un control territorial político para facilitar sus actividades de acumulación económica”.
Concluyó que la tipificación de terrorismo establecido, incluso en tratados internacionales, concuerda con las acciones de las pandillas y por ende con la valoración de la Sala de lo Constitucional.
Las autoridades de Seguridad de la nación centroamericana acusan a las pandillas salvadoreñas de mantener los altos índices de violencia que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
Según el Instituto de Medicina Legal(IML) hasta el 23 de agosto el país centroamericano registró 3,992 asesinatos, un 57.35 por ciento más que en los primeros 8 meses del año 2014, cuando se contabilizaban 2,537.