El aporte de un poder judicial a la democracia es servir de límite ante la arbitrariedad y garantizar los derechos de una sociedad. Pero justamente por ser una contención contra el autoritarismo, es víctima de los regímenes autoritarios como el nuestro, solo ello explica que de la Corte Suprema de Justicia emanen sentencias como la que permitió la reelección (504/2009) o la del canal (30/2013), entre otras sentencias, que no pasan la prueba de la risa en un análisis jurídico con enfoque basado en los Derechos Humanos (DD. HH.).
El control que ejerce el régimen sobre el Poder Judicial, viola nuestro derecho a una administración de justicia independiente e imparcial, al despojarnos de la oportunidad de defendernos de la arbitrariedad y no garantizar nuestros derechos frente a los protegidos del régimen. Actualmente, el ingreso, la permanencia y el ascenso en el poder judicial no es producto de las capacidades o competencias de sus funcionarios, sino de una mezcla de corrupción, servilismo, nepotismo y hasta acoso sexual, que anula la carrera judicial y niega nuestro derecho de ocupar un cargo público en igualdad de oportunidades.
Administrar justicia con enfoque basado en DD. HH. implica, desde el punto de vista normativo, basar su actuación en estándares internacionales de la materia. Asimismo y desde el punto de vista operacional, significa estar orientado a la promoción y protección de los DD. HH. Lamentablemente, esto no ocurre en Nicaragua y en el mejor de los cosas, en las sentencias judiciales nos podemos encontrar lo que se conoce como “formalismo mágico”, es decir, la llana referencia a un derecho contenido en algún instrumento internacional de DD. HH. sin ningún esfuerzo argumentativo.
Impartir justicia con enfoque basado en DD. HH. tiene exigencias previas y de resultados. Dentro de las exigencias previas podemos encontrar la identificación de los DD. HH.; los estándares internacionales en cuanto al alcance de esos derechos; si una de las partes pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, personas con discapacidad, indígenas, etc.) y existe un desequilibrio de poder o estereotipos que afecten el ejercicio de sus derechos.
Por otra parte, las exigencias de resultado para una administración de justicia con enfoque basado en DD. HH. se relacionan con el cuestionamiento a las normas jurídicas y actuación de las autoridades por la incompatibilidad con los estándares internacionales. Las sentencias deben estar orientadas a la eliminación de las desigualdades estructurales por medio de la fijación de precedentes que busquen, además de la reparación integral de la violación a los derechos, una reparación transformativa de impacto general en la sociedad.
Cuando la impartición de justicia no se hace con enfoque basado en DD. HH. existe una victimización secundaria o revictimización de las personas a quienes se le violaron sus derechos, por no brindar una protección adecuada a su caso, lo que al mismo tiempo es caldo de cultivo para la impunidad. En igual sentido, el Estado incumple su obligación de respetar y garantizar los DD. HH., así como su obligación en cuanto a las violaciones a DD. HH. de investigar el hecho, sancionar a los responsables y reparar el daño.
Desafortunadamente es un contrasentido exigir al Poder Judicial un enfoque basado en DD. HH. ante su falta de independencia y subsecuente imparcialidad, ya que por un lado sería un esfuerzo a medias que encontraría su límite al defender la arbitrariedad o a los protegidos del régimen. Por otro lado, que el Poder Judicial comience a administrar justicia con enfoque basado en DD. HH. sería contraproducente para el régimen, no solo por ser el principal violador de estos derechos, sino por evidenciar la incongruencia entre su discurso y accionar.
El autor es Maestro en Derechos Humanos.
