Es histórico para Guatemala y Centroamérica que el Congreso quitara la inmunidad procesal al ahora expresidente de la república, Otto Pérez Molina, a fin de que pudiera ser procesado por la autoridad judicial bajo la acusación de graves delitos de corrupción.
Al perder el apoyo hasta de su partido, Pérez Molina tuvo que renunciar y ahora está siendo juzgado como cualquier otro ciudadano guatemalteco.
Nunca en la historia de Guatemala —ni en la de los demás países de Centroamérica— un presidente en ejercicio de sus funciones había sido despojado del privilegio de la inmunidad, para ser acusado por delitos de corrupción o de cualquiera otra naturaleza. Lo que había ocurrido hasta ahora era que algunos expresidentes fueron procesados después de ser derrocados o de que terminaron sus mandatos. Varios de ellos fueron inclusive encarcelados por la deleznable y vergonzosa práctica de la corrupción en el ejercicio del poder, o por otros graves delitos. Eso ocurrió en la misma Guatemala, con los expresidentes Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt; en Costa Rica, con Rafael Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez; en El Salvador, con Francisco Flores; y en Nicaragua con Arnoldo Alemán Lacayo.
De manera que en Guatemala se ha establecido un precedente histórico que debe ser válido para todos los países de Centroamérica, donde hasta ahora se ha considerado intocable al presidente, como si fuese una vaca sagrada, aunque sus actos de corrupción y otros abusos de poder sean descarados y repugnantes. En Guatemala se ha roto este mito presidencial y a partir de ahora hay que buscar cómo erradicarlo de la cultura política atrasada de los demás países centroamericanos.
Sin duda que este hecho histórico ocurrido en Guatemala ha sido posible por la acción investigadora y acusadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo independiente adscrito a Naciones Unidas cuya autoridad es reconocida por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y demás instituciones del Estado guatemalteco.
La Cicig funciona desde 2007 en coordinación con el Ministerio Público y otras autoridades estatales, y ha destapado varios casos de corrupción política y gubernamental, incluyendo el financiamiento ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos.
También ha sido determinante el hecho de que en Guatemala, a diferencia de Nicaragua, existe un Ministerio Público que es independiente del poder presidencial. “Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud”, reconoció la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.
Pero el hecho histórico de que el presidente de Guatemala sea obligado a renunciar y responder ante la justicia por la acusación de corrupción, ha sido posible principalmente porque la ciudadanía guatemalteca, y sobre todo las clases medias, cobraron conciencia de su responsabilidad cívica y se movilizaron en las calles sin colores políticos ni convocatoria partidista. Es un ejemplo a seguir y un camino que se debe abrir también en Nicaragua.
