“No hay nada cierto en lo que dice Samir”. Así responde Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), luego de que Samir Matamoros la implicara este sábado durante la audiencia inicial del proceso que se le sigue por los hechos de violencia que protagonizó contra una protesta opositora, este miércoles en Metrocentro.
“Ella (Mónica Zalaquett) me dijo que había que reavivar las protestas porque nadie estaba llegando”, dijo Matamoros a medios oficialistas, únicos a los que el juez Tercero Local Penal, Ernesto Rodríguez, permitió acceso a una audiencia, que dejó más preguntas y sospechas que respuestas y certidumbres.
Zalaquett negó que se haya reunido con el acusado en días recientes y que tuviera algún tipo de relación con el Partido Liberal Independiente. “Nosotros como institución no pertenecemos a ningún partido político y yo personalmente tengo una trayectoria como sandinista. Yo fui militante de la segunda promoción del Frente y por muchos años trabajé en la revolución. Ahora no pertenezco a ningún partido”, resaltó la directora del Ceprev.
Otra irregularidad que se registró en esta audiencia es que se impidió que la abogada defensora de Matamoros, Mercedes García, entrara a la sala donde se procesaba a su defendido. En su lugar se designó a un defensor público, lo que fue calificado de ilegal, por la defensora privada.
“Vino el jefe de seguridad y me dijo que la audiencia ya se estaba realizando a puerta cerrada. Soy la abogada de Samir, y me dijeron que como era la primera audiencia no necesitaban mi presencia y se le violentan así sus derechos”, dijo García.
Según la nota de prensa de la Policía Nacional, donde se anunció su captura, Samir Antonio Matamoros tiene un largo pasado criminal. Ya había estado en la cárcel por hurto a sus 16 años. Estuvo encerrado entre 2004 y 2008 y salió libre por extinción de condena, y sobre su espalda pesan delitos violentos como robo a mano armada y lesiones, robo con intimidación, robo con violencia y daños menores. En todos esos delitos, la nota de la Policía establece que fue investigado y procesado en ausencia.
Sin embargo, según la página web del Poder Judicial, el pasado 29 de junio, el juez Abelardo Alvir Ramos, juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia, ordenó poner en libertad a Samir Antonio Matamoros, en un juicio por los delitos de robo agravado y portación ilegal de armas. La razón —según el juez— es que no se encontraron suficientes elementos probatorios para elevar la causa a juicio oral y público, por lo que decidió archivar el caso.
FISCALÍA PIDE MENOS DE LA PENA MÍNIMA
Según publicaron los medios oficiales, durante la audiencia, a pesar del historial delictivo que la Policía le atribuye a Matamoros, la Fiscalía pidió tres años por el delito de “homicidio en grado de frustración”, un año por “exposición de personas al peligro” y treinta días multa por “posesión ilegal de armas”.
A criterio del doctor en Derecho Penal, Marcelo Castillo, Matamoros debería enfrentar una pena mínima de cinco años y no de tres, pues las penas mínimas de tres años son para delitos de “tentativa de homicidio”, que no corresponde en este caso, según el especialista.
Según lo establecido en el Art. 73 del Código Penal, los delitos en “homicidio en grado de frustración” se castigan con una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de diez años de prisión.
Además refirió que las penas de “exposición de personas al peligro”, el Art. 159 del Código Penal establece penas de seis meses a dos años de prisión, y para portación ilegal de armas, el Art. 401 establece de seis meses a un año de prisión y un mínimo de cincuenta días multas.
MOTORIZADO FSLN
Mónica Zalaquett recuerda que Samir Antonio Matamoros fue parte de una campaña contra las armas de fuego y uno de los activistas más destacados. En varias ocasiones, dice, le tocó dar charlas a otros jóvenes en contra de la violencia, pero tras su salida, del Centro para involucrarse en actividades político-partidarias, Zalaquett dice que no sabe qué ocurrió con el joven a quien tenía más de un año de no ver. En ocasiones escuchó de él por parte de algunos promotores del Ceprev que lo miraban en su barrio; el Milagro de Dios.
Vecinos del joven dijeron a LA PRENSA que Matamoros fue miembro de la iglesia evangélica Jehová Proveerá, y que estaba interesado en convertirse en predicador de la palabra de Dios. “Pero después se desapareció y anduvo con los CPC del Distrito VII, él y otros muchachos del barrio y de Vistas de Xolotlán (barrio vecino) fueron reclutados por la Juventud Sandinista y empezaron a participar en las actividades del Frente. Los venían a traer en motos y camionetas sin placas”, dijo un excompañero de culto de Matamoros.
PREGUNTAS PENDIENTES
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que el caso tiene muchas dudas y que todavía no tienen una respuesta. La primera que establece es que aún no se ha explicado por qué la Policía no detuvo a Matamoros inmediatamente cuando realiza los disparos, tomando en cuenta la cantidad de antimotines y demás oficiales que estaban en el lugar.
Segundo, dijo Carrión, la Policía todavía no ha aclarado quién es el motociclista que ayudó a escapar a Samir Matamoros de la zona donde realizó los disparos.
Para el defensor de los derechos humanos, la sorpresiva implicación de Zalaquett es “una pasada de cuentas”. Según Carrión, “aquí hay una maniobra oscura, nefasta y están pasando cuentas a Mónica Zalaquett. Eso demuestra de lo que son capaces y nos dice mucho lo que tenemos ahora de país, o sea, preparémonos”.
La jefa de la Policía Nacional, comisionada Aminta Granera, justificó a los oficiales que no detuvieron inmediatamente a Matamoros cuando realizó disparos a pocos metros de donde se encontraba el comisionado Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de Managua.
“Cada cuerpo policial tiene sus funciones bien definidas en el momento, la prueba está en que el sujeto que disparó fue capturado por la Policía Nacional pocos momentos después de hacer los disparos. No creo que podamos hablar de pasividad de la Policía Nacional. Unos (oficiales) tenían su función de regulación de tránsito, otros tenían su función de resguardar las instalaciones del Consejo Supremo Electoral y otros que estaban en función de eso precisamente y ellos fueron los que dieron persecución y capturaron pocos minutos después al atacante”, dijo Granera a los medios de comunicación este sábado.
Sin embargo, la jefa policial no dio explicaciones sobre el personaje de chaqueta roja que conducía la moto en la que escapó Matamoros y se limitó a decir que: “Samir está la orden del juez. La Policía no puede emitir criterio una vez que pasamos a los acusados a la orden del juez”.
LOS DISPAROS Y EL MIÉRCOLES DE PROTESTA
El miércoles pasado, durante la protesta número 21 que realizan partidos políticos y organizaciones civiles en las rutas cercanas al Consejo Supremo Electoral, también se presentaron otros grupos afines al partido de Gobierno para mostrar su apoyo a los magistrados electorales.
Al momento que unos jóvenes lanzaban huevos a un rótulo con la imagen del presidente inconstitucional Daniel Ortega, Samir Matamoros golpeó a uno de ellos y cuando sus amigos intentaron defenderlo sacó una pistola Astra .32.
Realizó de dos a tres disparos, el último a pocos metros de donde estaba el comisionado Juan Valle Valle, antes de huir en una motocicleta conducida por un sujeto desconocido de chaqueta roja.
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