El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam y el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, no descartan la posibilidad de que detrás del conflicto entre miskitos y colonos en comunidades sobre Río Coco Arriba, municipio de Waspam, estén detrás traficantes de madera u otras mafias como el narcotráfico y el crimen organizado.
Ambos advierten que el problema puede subir de tono si al ingresar el Ejército intentan desarmarles y darles un tratamiento similar al de los grupos de armados en otras zonas del país.
La posesión de armas de fuego entre comunitarios lo califica el militar en retiro como “peligrosísimo”, dado el conflicto existente por la tierra en esa zona, producto de la masiva introducción de colonos con el propósito del despale para el tráfico de madera y el tráfico de tierras “porque crea una inestabilidad enorme”.
El militar en retiro considera que el Ejército tendrá que ir a esas comunidades a desarmar, pero “si lo hace de la forma que está haciendo la lucha de los grupos armados lo que va a crearse allí es otro conflicto de proporciones mayúsculas, porque el miskito tiene la característica que no aguanta mucho, ya lo vimos en los años ochenta se formó Yatama y se formaron todas las agrupaciones que dieron mucho dolor de cabeza al EPS (Ejército Popular Sandinista) en ese momento”.
Si no hay tacto de parte de las autoridades regulares, insiste Samcam, “habría un conflicto mayúsculos entre miskitos contra colonos y de miskitos en contra de la autoridad nacional, en contra de la Policía, en contra del Ejército y en contra del Gobierno, lo cual es peligroso, después pueden buscar acercamiento con los grupos armados en la zona de Las Minas y puede incrementar el conflicto, lo cual no le conviene a nadie y al que menos le conviene es al Gobierno”.
El problema se recrudece porque no hay presencia del Estado y los colonos también portan armas y detrás de estos deben estar también mafiosos madereros, señala Samcam, quien indica que las armas de guerra en poder de los comunitarios que se aprecian en las fotografías, sin incluir las escopetas y fusiles 22 que son de cacería, pueden ser remanentes de las que en los años ochenta estuvieron en poder de la Resistencia Nicaragüense y Yatama “o en su lugar alguien los está abasteciendo”.
A Samcam le llama la atención que las municiones se ven en cajas nuevas, “por lo que alguien debe estar abasteciendo a los miskitos, lo que implica recursos”.
Orozco por su parte dice que las fotografías no revelan armas en desuso sino que se ven en buen estado.
Entre las armas que aprecian ambos está además de las escopetas, fusiles AR 15, M16 y AK47, lo que eleva la peligrosidad en la zona.
En el discurso con motivo al 36 Aniversario de la Policía Nacional, la noche del miércoles, el presidente inconstitucional Daniel Ortega no descartó que las armas en poder de los comunitarios sean remanentes de la guerra pasada.
Orozco dice que además que las armas de cacería se ven nuevas, las armas de guerra se ven en buen estado lo que indica que las mismas o estuvieron “bien embaladas” con mantenimiento frecuente y permanente o son nuevas, con lo cual disiente con Ortega.
“Y ya vemos los enfrentamientos que han habido, allí se arman como pueden con armas de cacería, de repente quedó allí algún fusil de la época de la guerra, y lo sacan y, se han organizado algunos comunitarios para desalojar a los colonos”, dijo Ortega.
“Si fuera un remanente o un buzón enterrado, las armas se apreciarían deterioradas, por el suelo del sector, y además los comunitarios no tienen capacidad para embalar”, apunta Orozco, quien no descarta además que esas armas podrían provenir de grupos que manejan armas, como traficantes de armas que se mueven en el sector o traficantes individuales que pertenezcan a empresas de seguridad.
“El peligro es que ocurra un mayor derramamiento de sangre porque las armas de guerra tienen mucho más poder, alcance y precisión que las de cacería”, apunta Orozco.
Pero lo peor, expresa el especialista, es que no solo los indígenas se están armando sino igual están los colonos, entre quienes se movilizan exmilitares con fusiles AK que se usaron en los años ochenta, lo que demuestra que “hay grupos interesados en que se derrame sangre y se genere un caos”.
A Orozco le preocupa la falta de intervención de los órganos de seguridad, para prevenir un derramamiento mayor de sangre, con lo cual quienes más se beneficiarían son quienes están interesados en esas tierras.
Recordó que en ese sector hay tierras vírgenes donde hay minerales como oro, maderas preciosa, recursos naturales inexplotados.
TIERRA DE POBREZA
El municipio de Waspam, ubicado en la frontera con Honduras, es una zona de escasa presencia del Estado y mucha pobreza. En el Mapa de la Pobreza Extrema de Nicaragua, elaborado por el Gobierno de Nicaragua en 2005, ocupaba el segundo lugar en pobreza, entre los 152 municipios que existían entonces, con ochenta por ciento de su población en pobreza extrema. Actualmente se desconocen las cifras sobre su nivel de pobreza.
El municipio de Waspam constituye uno de los municipios más grandes de Nicaragua con una extensión territorial 8,133 kilómetros cuadrados, representa el 25.29 por ciento de la extensión de la RACCN, con una población de 70,949 habitantes, el 92.3% corresponde al sector rural y el 7.70% correspondiente al sector urbano. Se encuentra ubicado aproximadamente a 145 kilómetros de la ciudad de Puerto Cabezas, cabecera de la RACCN.
“UNA VERDADERA INVASIÓN”
Tras semanas de violencia, con al menos cuatro muertos a balazos, 15 heridos, 27 casas y ranchos quemados, decenas de manzanas de cultivos arrasados y desplazamientos de una cantidad no determinada de familias de colonos e indígenas, el asunto ha llamado la atención del Gobierno.
La noche del 9 de septiembre, durante el acto del 36 Aniversario de la Policía Nacional, el presidente inconstitucional Daniel Ortega se refirió al conflicto con tres aspectos: convocar a diálogo a las partes involucradas con la presencia policial y militar para garantizar que el conflicto no se prolongue; conformar otra comisión del Estado e integrar a instituciones como iglesias para buscar soluciones a la crisis y llamar a los líderes indígenas a castigar a sus propios miembros que por intereses económicos venden sus territorios para explotación de foráneos.
Al igual que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, quien dijo haber visto solo escopetas en el conflicto, el presidente Ortega también señaló armas de cacería y “algún fusil” de guerra: “Allí se arman como pueden con armas de cacería, de repente quedó allí algún fusil de la época de la guerra, y lo sacan y, se han organizado algunos comunitarios para desalojar a los colonos”.
Ortega calificó la presencia de colonos mestizos en los territorios indígenas “como una verdadera invasión”, atizada por comerciantes de madera y productores ganaderos, pero de igual modo fustigó y pidió castigo para los propios comunitarios que venden sus territorios a los foráneos.
BOSAWAS EN OFERTA
“Hay complicidad de algunos comunitarios”, señaló Ortega, quien recordó un episodio donde un grupo de indígenas ya habían dado autorización a una empresa minera canadiense para abrir un campo de extracción en la reserva de biosfera de Bosawas.
“En la información que nos están dando ahí (los canadienses), es que ya ellos ya han llegado a acuerdo con los comunitarios en la reserva de Bosawas. ¿Con cuál de esos comunitarios? No tenemos idea, pero sí ya habían llegado a acuerdo con comunitarios para desarrollar una concesión minera, para partir el corazón de Bosawas, con una concesión minera a cielo abierto”, narró Ortega, quien aseguró que no otorgó el aval para el proyecto de minería en esa zona.
“Ahí hay gente, no son todos, son una minoría como siempre, sinvergüenza, que están vendiendo lo que no les pertenece y luego hay traficantes de madera que van moviendo a los colonos para que luego los colonos les entreguen la madera que botan para cultivar y desarrollar ganadería, eso no debe continuar, eso no puede continuar”, expresó Ortega.
De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno, desde el año 2008 a la fecha se han demarcado y otorgado títulos sobre 35,000 kilómetros cuadrados de tierra en los territorios indígenas en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
DESPLAZAMIENTO Y DAÑOS
La magnitud del conflicto y las primeras cifras de daños, ha llegado a oído de la Iglesia católica, que ayer reveló un clima de miedo y desplazamiento en las zonas alrededor del río Coco.
Pablo Schmitz y David Zywiec, obispos de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS) de Nicaragua, se pronunciaron la tarde de este jueves en el convento Las Carmelitas, de San Marcos, Carazo, donde dijeron que han recibido noticias de violencia en la zona norte del Vicariato Apostólico de Bluefields de parte de fuentes fidedignas donde se reportan muertes, heridos y daños a cosechas, especialmente en la zona de Tasba Raya o comunidades de Santa Clara, Wisconsin, Francia Sirpi, La Esperanza y Río Wawa, en la parroquia de Waspam.
Los religiosos revelaron que las poblaciones de las comunidades tienen miedo de ir a sus fincas por las amenazas de los armados y que mujeres y niños se han refugiado en Waspam y Puerto Cabezas, sin recursos para comprar comida, por lo cual el conflicto podría derivar en una crisis humanitaria.
Los obispos advirtieron que hasta el momento no ven una solución pacífica ante el hecho de miskitos armados y organizados para desalojar a la fuerza a mestizos asentados en tierras comunales.
Para ellos estos conflictos llevan tiempo sin resolverse “porque muchos campesinos desde hace años han venido vendiendo sus tierras a personas con dinero, unos por interés y otros casi obligados que van buscando nuevas tierras para trabajar”.
Los líderes religiosos han detectado que gente de las comunidades indígenas y otras que habitan fuera, han vendido ilegalmente tierras en territorios comunales a colonos.
“Como sus pastores, sentimos la obligación de pronunciarnos frente a esta situación de violencia e injusticias. Por una parte nos entristece y nos indigna ver que pobres indígenas y pobres campesinos han sido víctimas de fraudes, engaños y violencia”, dijo monseñor David Zywiec.
¿MANO CRIMINAL TRAS LAS ARMAS?
De igual manera refirió que en una situación de violencia, “existe la tentación de satanizar la etnia o grupo distinto de uno mismo, de ninguna manera podemos estar de acuerdo con ataques armados contra personas”, explicó.
Además sugieren darle cumplimiento a la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
Estos religiosos aseguran manejar información que en las zonas de conflicto se habla de ocho grupos armados, especialmente en la zona de Francia Sirpi, donde se concentran los colonos y sospechan que maras y gente ligada al narcotráfico pueden estar abasteciéndolos de armas, medios de comunicación, municiones y pertrechos militares.
¿COLOMBIANIZACIÓN DEL CONFLICTO?
Los obispos no son los primeros en señalar que detrás de la organización de estos grupos autóctonos del Caribe puede haber mano del crimen organizado desde el lado de Honduras.
El pasado domingo 6 de septiembre la revista Domingo de LA PRENSA publicó una entrevista con Roberto Petray, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, quien contó una situación que revela la presencia externa en el conflicto.
“Nos hemos dado cuenta que en una de las visitas que hice después del caso de El Tamalaque (2014), me fui para el lado del Triángulo Minero y me llamó un grupo que andaba al mando de Waslala (presunto líder armado). Me perdí cuatro días en la montaña y me asusté porque andaban con uniformes colombianos y celulares satelitales. Yo me asusté. Me dijeron que me llamaban para decirme que ellos no tenían nada que ver con los armados, que ellos estaban en narcotráfico”, dijo Petray.
El pasado 28 de agosto tres personas murieron, cinco resultaron heridas y 18 viviendas o ranchos fueron quemados en enfrentamientos entre indígenas y colonos en el territorio indígena Wanky Twi Tasba Raya, jurisdicción del municipio de Waspam, en la Región Autónoma del Caribe Norte, confirmó el comisionado mayor, Yuri Valle, jefe policial de Puerto Cabezas y Waspam.
El incidente es uno de los más violentos desde que LA PRENSA reportó hace 11 años una ofensiva indígena en las zonas de los cerros Rau, Wastingni, Wilwil y Winko Prukan, donde miskitos originarios de Layasiksa sacaron por la fuerza a unas cuarenta familias de campesinos que ingresaron a las tierras de esa comunidad para asentarse, en una violenta jornada donde hubo machetazos, balazos, viviendas y tierras quemadas y desplazamiento forzado de civiles.
ESTADO VIO VENIR EL CONFLICTO
La Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.16 del 23 de enero del 2003, apenas tenía un año de aprobación y entonces el país no contaba con recursos para su implementación.
Este año la Asamblea Nacional asignó vía presupuesto general de la República 13 millones 777 mil córdobas a la Comisión Nacional de Titulación y Demarcación y entre los alcances esperados se encontra la solución a los conflictos en las zonas donde hoy ha estallado la violencia, según se lee en la justificación oficial presentada ante el Ministerio de Hacienda para la aprobación de los recursos.
Alcances esperados para 2015 (según Ministerio de Hacienda ): “Aprobar diagnósticos de las tres áreas complementarias de igual número de territorios y el diagnóstico del territorio Bluefields Black Creole Goverment, que serán aprobados por asambleas comunales y territoriales”.
“Resolver los conflictos intercomunales e interterritoriales, deslindados y amojonados, títulos territoriales-comunales entregados y saneados de los ocho territorios de los 22 titulados en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.
“Garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua, beneficiarios de la Ley No.445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz y de esta manera frenar el avance de la frontera agrícola y la invasión de colonos en tierras indígenas y afrodescendientes. Definir la situación legal de cada una de las familias no indígenas asentadas en tierras indígenas, y superar el conflicto entre indígenas y afrodescendientes con los terceros en ocho territorios ya titulados”.
EXMILITARES ENTRENAN A SUS HIJOS
El diputado y presidente de la Comisión de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos en la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Bryan, aseguró ayer que la indiferencia del Gobierno y de las autoridades públicas locales ante el conflicto apuró la decisión de comunidades indígenas de armarse para defender sus territorios.
“Se están acuerpando, apoyando y acompañando, porque necesitan acciones de solidaridad”, manifestó el diputado de origen miskito.
Desde su comisión legislativa, el diputado lleva tres años denunciando enfrentamientos, muertos, daños, comunidades invadidas, mujeres violadas “y el pueblo indígena cada vez más a la defensiva por las invasiones de sus tierras”.
“Hemos señalado reiteradas veces que reinaba una situación de inseguridad ciudadana. La gente no tiene otra forma que por la condición de desesperación, está buscando cómo defender su vida y sus tierras, entonces eso es lo que está pasando: hay territorios donde efectivamente los jóvenes, los hombres aptos están buscando cómo defender esas tierras y esas vidas”, dijo el diputado.
Rivera aseguró que son pocos los indígenas que poseen armas de fuego y que las usan más para cacería, pero con la situación actual está creciendo el número de armas de fuego y miskitos con experiencia militar de la guerra de los años ochenta están entrenando a sus hijos y nietos en técnicas de guerra.
“Consiguen cualquier forma para defenderse, son muy pocos los que están armados, pero realmente están creciendo los números”, manifestó.
LLEVA AÑOS GRITÁNDOLO
El diputado y presidente de la Comisión de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos en la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Bryan, aseguró ayer que en los últimos tres años ha denunciado la situación, pero que ante la indiferencia del Gobierno y de las autoridades públicas locales ante el conflicto, las comunidades apuraron la decisión de armarse para defender sus territorios. “Se están acuerpando, apoyando y acompañando, porque necesitan acciones de solidaridad”, manifestó el diputado de origen miskito.
13,777,000 córdobas es la cantidad de dinero que la Asamblea Nacional presupuestó en 2015 para la Comisión Nacional de Titulación y Demarcación, con el fin de evitar conflictos en ocho de 22 territorios invadidos.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,9 A
