La justificación del presidente inconstitucional Daniel Ortega sobre la actuación del llamado “pistolero” Samir Antonio Matamoros durante una protesta en las inmediaciones de Metrocentro, en Managua, fue calificada por diversos sectores como una grave interferencia en la administración de justicia que incentiva la impunidad y avala una actuación delictiva.
“Por más coloquial que pueda aparecer su expresión, la misma lo que revela es una gran indulgencia del ejecutivo ante semejante violación de las leyes más elementales de la convivencia pacífica, como es sacar un arma y comenzar a disparar en medio de una manifestación pacífica”, dijo Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“No hirió con los disparos a nadie, está claro que no disparó a matar”, alegó Ortega, en medio de sus discurso, durante el acto de 36 Aniversario de la Policía Nacional.
“Alarma que el presidente de la República dé un aval respecto a un acto de esa naturaleza”, dijo Ampié, quien a su vez consideró que esa declaración revela “una institucionalidad muy débil que patrocina y avala las violaciones de derechos humanos y que estas quedan en la impunidad”.
INVADE FUNCIONES
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, reaccionó preocupado por el discurso de Ortega, pues “el mensaje es negativo; invade funciones de otro poder del Estado” ante un hecho que penalmente es homicidio frustrado.
Carmona consideró que esto es el resultado de la falta de independencia de los poderes en el país, que ha sido reiteradamente denunciado.
“Aquí hubo un acto vandálico, un acto donde se atentó con un arma de fuego, hubo cuatro disparitos, pero un disparo basta para quitarle la vida a una persona, no debería estar menospreciando el derecho a la vida”, criticó Carmona.
ORTEGA CALIFICA DE “ASESINOS” A CAMPESINOS SOSPECHOSOS
Igual considera Carmona que al reaccionar ofensivo y tildar de “asesinos” a tres campesinos detenidos como sospechosos por el crimen de cinco policías, en una comunidad de Punta Gorda, Ortega invade las funciones del poder judicial, al tiempo que violenta la Constitución y las leyes que establecen la presunción de inocencia.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, expresó que el mensaje de Ortega refleja la indiferencia como primer ciudadano de la nación, ante la comisión de un delito de orden penal y de la violación a los derechos humanos.
ACTITUD COMPLACIENTE
Esta situación también indica “una actitud complaciente de parte del presidente (inconstitucional) frente a un ciudadano que ha cometido delito y debe ser castigado con todo el peso de la ley y debe responder ante los tribunales de justicia”, señaló Leiva, quien recuerda que fue un delito que ocurrió “a luz pública, esto lo que genera es impunidad”.
El Cenidh hizo una investigación el año pasado alrededor de la impunidad y reveló “que tiene un efecto devastador en el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia y en la percepción de seguridad de los nicaragüenses”, dijo Ampié.
Agregó que cuando un delito queda en impunidad, se alienta a otros a realizar conductas similares, por ello, dijo, un jefe de Estado no debe avalar un acto ilegal y temerario como es sacar un pistola en una manifestación pacífica.
TERRORISMO DE ESTADO
El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Armando Herrera, es del criterio que todo esto es “un signo evidente de que Ortega acepta que está gobernando a Nicaragua, bajo terrorismo de Estado”.
Esto, apuntó Herrera, es peligroso, pues invita a otras personas “fanáticas y delincuentes” a que hagan lo mismo. Al tiempo que “abre las puertas para que se continúen coludiendo la Policía, órganos paramilitares del Frente Sandinista y el sistema de justicia”.
La lectura que hace el diputado liberal de las palabras de Ortega es: “No tenemos orden, no tenemos ley, yo soy la ley; yo soy quien mando y hago lo que yo quiero”.
En esto Herrera ve además “una serie de complicidades como un efecto dominó”, como el hecho de que la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, justificó al jefe de Tránsito de Managua, comisionado mayor Juan Valle Valle (recién ascendido por Ortega), quien no actuó en la captura del “pistolero”, aduciendo que se desempeñaba en la regulación del tráfico.
Valle Valle estuvo a unos pocos metros distantes del “pistolero” y no hizo nada por detenerlo y más bien alegó ante los periodistas presentes ese miércoles 2 de septiembre que no había visto nada.
“Por el hecho de que sea de Tránsito, no van a ver matar a alguien y no van a hacer nada”, cuestionó el parlamentario, quien le recordó a Granera que la ley establece que independiente al área asignada, Valle Valle es un policía.
ORTEGA DA “PATENTE DE CORSO” A PISTOLERO
Luisa Molina, miembro de la Coordinadora Civil, explicó que analizan esta situación, pero coincidió con Herrera en que lo ve como “un acto de terrorismo donde se expuso a las personas al peligro y ahora Ortega le dio en sus manos a Matamoros “una patente de corso para hacer lo que le dé la gana”.
Y es además, para Molina, una forma de “naturalizar la violación de derechos humanos, naturalizar el terrorismo, el paramilitarismo que hay en Nicaragua” y es un indicativo de que en otra ocasión “les puede volver a pasar, pero no los van a matar, solo los van a asustar”.
Molina considera que este hecho refleja que en Nicaragua hay gente que actúa con impunidad y no le va a pasar nada. “A todas luces hay proteccionismo, el mismo (Ortega) lo dijo y la familia (de Matamoros) dijo está trabajando con la Juventud y motorizados. ¿Y quiénes son los motorizados? son lo que han andado atacando a chavalos de OcupaINSS, a nosotros, que actúan con gran impunidad, son paramilitares”.
En este sentido, Ampié, del Cenidh, recordó que como resultado de la revisión que hizo el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2008, planteó recomendaciones al Estado de Nicaragua, en las que establece adoptar medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra miembros de la oposición política y simpatizantes en el marco de manifestaciones pacíficas así como proteger a los manifestantes.
En esa ocasión ese Comité recomendó también que el Estado asegure investigaciones inmediatas, imparciales y debe sancionar adecuadamente a los responsables. “Efectivamente, ha habido situaciones violatorias que han quedado en la impunidad”, señaló Ampié.
RECHAZO A DECLARACIONES
Jairo Contreras y David Campos, dos de los denunciantes contra Samir Antonio Matamoros, por homicidio frustrado, también rechazaron las declaraciones del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Contreras recordó que Matamoros realizó los disparos cuando en los alrededores de la Rotonda Rubén Darío estaban decenas de antimotines, además de la presencia del comisionado Juan Valle.
Campos, por su parte, observa que Ortega le está dando desde ya un perdón al “pistolero”. “¿Cómo va a dar el perdón, acaso es el emperador?”, cuestionó Campos, quien observa en todo esto una manipulación por parte de Ortega, pese que a ellos bien los pudieron haber asesinado durante ese incidente y “aquí no ha pasado nada. Tenemos derechos. Queremos que se haga justicia”, dijo Campos.
Ambos anuncian una campaña por reclamo de justicia que iniciarán el 14 de septiembre.
Deja en evidencia el
doble rasero que tiene el titular del ejecutivo para valorar este tipo
de actos, cuando provienen de simpatizantes del Gobierno”.
Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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