El papá de un adolescente de 16 años denunció que su hijo estuvo detenido ilegalmente ocho días y el juez Róger Sánchez Báez, del Juzgado Primero Distrito Penal de Adolescente, le impuso restricciones sin que el Ministerio Público haya presentado la acusación.
Al adolescente lo acusan de supuesto secuestro simple y obstrucción de funciones, por hechos sucedidos el pasado 27 de agosto y la Fiscalía presentó acusación hasta el 7 de septiembre a las 8:50 a.m., pero el muchacho tenía impuestas medidas cautelares desde el 3 de septiembre, día en que el judicial le hizo audiencia para nombrar defensa.
Un día antes de dictarle medidas, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional del menor, porque no tenía acusación, pero aún así el juez lo citó a audiencia el 3 de septiembre.
De los 12 días transcurridos desde los sucesos hasta la audiencia, el adolescente estuvo ocho días bajo prisión en el Distrito IV de la Policía, explicó muy molesto el papá del enjuiciado, que cursa cuarto año de secundaria en el Colegio José Dolores Estrada. “¿Dónde está la protección del interés superior del niño? ” se preguntó el progenitor.
JUEZ LESIONA DERECHOS
“En vista que el Ministerio Público no ejerció por el momento la acción penal, debe ordenarse la correspondiente orden de libertad (…) y además que no hay acusación, se le imponen las medidas del artículo 195 del Código de la Niñez”, reza el acta de audiencia de nombramiento de defensa técnica.
“Es una violación total a los derechos de mi hijo porque le impuso medidas y el Código dice claramente que una vez comprobada la participación del adolescente en un hecho delictivo el juez podrá imponer medidas y en este caso no hubo siquiera acusación”, explicó el progenitor, quien también puso la denuncia en la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.
Entre las medidas impuestas al muchacho están la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos, visitar centros de diversión , no tomar bebidas alcohólicas, etc.
El joven fue acusado junto con una pariente por los mismos delitos, pero esta goza de libertad porque la Fiscalía no presentó escrito de pruebas contra ella y tras dos audiencias fallidas, la Juez Segundo Local Penal de Managua archivó la causa y dio un año a la Fiscalía para que presente nuevamente la acusación.
Las supuestas víctimas son trabajadores del Poder Judicial, entre ellos Cristhian Olivas Vilchez, Juez Quinto de Ejecución y Embargo y cuatro secretarios judiciales más.
Además, Alba Espinoza Sánchez, asesora legal de Banpro y Bismarck Obando, de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
ACUSACIÓN PRESENTADA
Según la Fiscalía, los hechos sucedieron el 27 de agosto cuando la juez Cristhian Olivas Vilchez, Juez Quinto de Ejecución y Embargo, acompañada de los cuatro secretarios se presentó a la propiedad donde funciona el negocio Casa del Ring Ocaña Pérez, a efectuar un desalojo contra Emérita Pérez, porque la casa está adjudicada al Banpro y los acusados actuaron de forma agresiva.
La propiedad está ubicada en el barrio Los Ángeles, sector de El Calvario, mercado Oriental.
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