El gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega es culpable de que en territorio indígena del Caribe se haya desatado la violencia armada que ha cobrado ya por lo menos una decena de vidas humanas.
La causa de este conflicto ha sido que mestizos o colonos llegados de otras partes del país, se han apoderado —mediante compra u ocupación de hecho— de tierras que por derecho ancestral y mandato de la ley son patrimonio de las comunidades originarias. La Constitución Política y el Estatuto de Autonomía de las Regiones del Caribe de Nicaragua garantizan ese derecho fundamental de las comunidades indígenas caribeñas. Y de manera más específica, la Ley 445 vigente desde hace doce años establece que esas tierras no pueden ser vendidas, compradas, regaladas ni intercambiadas en ninguna forma.
Sin embargo, desde hace algunos años aparecieron vendedores y compradores de tierras en esos territorios, al margen de la ley, y por la indiferencia o la complicidad gubernamental, la situación ha llegado al extremo de que los indígenas han debido armarse para defender sus tierras y expulsar a los usurpadores, mientras que muchos colonos se han armado también para defender lo que ellos consideran que son sus derechos adquiridos.
Con la agudización del conflicto se ha visto que en ambos grupos enfrentados se manejan no solo armas rudimentarias de cacería y las herrumbrosas de la época de la guerra civil de los ochenta, sino también modernos fusiles de guerra de los que usan bandas de narcotraficantes en el sur y norte de América. Lo cual hace suponer o sospechar que el crimen organizado internacional podría estar aprovechando de manera perversa esta desgraciada situación.
El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y otras leyes de Nicaragua que disponen que la tierra indígena es inalienable. Si no lo hace es quizás porque en los grandes negocio de la explotación de la madera y otros de dudosa categoría, podrían estar involucradas personas muy influyentes y allegados al poder.
Desde que se comenzó a gestar este conflicto en el Caribe, hace ya varios años, representantes de las comunidades étnicas, organismos de la sociedad civil, líderes religiosos, miembros de la oposición política, e incluso un asesor presidencial de lujo como es el científico Jaime Incer Barquero, indicaron cuáles eran las medidas precisas que el Gobierno debía aplicar para hacer cumplir la ley, sanear las propiedades indígenas y resolver el problema, o por lo menos evitar que se agravara. Sin embargo, Ortega no atiende los consejos ni de sus propios asesores y las consecuencias se pagan con la vida de los nicaragüenses que se están matando en el suelo indígena.
Por el secretismo imperante alrededor de todo lo que es público, no se puede saber con exactitud si la indiferencia del Gobierno ante el problema de la tierra en los territorios indígenas del Caribe es por simple incapacidad gubernamental, o por el saqueo de la madera y cualquier otro gran negocio irregular que se practica en esos lugares.
Pero de todas maneras, sobre la cabeza de este Gobierno irresponsable cae la sangre de hermanos nicaragüenses que se está derramando en los territorios indígenas del Caribe.
