Un grupo de altos funcionarios del círculo cercano al presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra supuestamente bajo la lupa de las autoridades de EE. UU., que los acusa de narcotráfico, según dijo un informante de la Agencia Antidrogas (DEA) en un documento judicial al que accedió EFE.
Entre los investigados está el piloto del avión oficial del presidente, Walter Álvarez Agramonte, y dos personas muy cercanas al vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera: su padre, Raúl García, y su “amigo” Faustino Giménez, ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en Minería, según el documento judicial.
La información sobre esta “operación en curso” la desveló Carlos Toro, informante para la DEA entre 1986 y 2015, quien interpuso el pasado 8 de septiembre una demanda contra el Gobierno de EE. UU., al que reclama cinco millones de dólares para que reconozca su papel en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama “el caso Bolivia”.
La lista de investigados, siempre según el informante de la DEA, se completa con Yidua Katty Orosco Torres, también conocida como Katy Alcoreza, una antigua policía nacional que ahora, como agente de los servicios de Inteligencia y espionaje, dice, se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal, cuyo nombre no se identifica en la denuncia.
El informante jugó un papel “esencial”, según la denuncia, al recabar para la agencia la información para acusar de narcotráfico a personas del círculo cercano de Morales, que, en 2008, expulsó del país a la DEA y al hasta entonces embajador estadounidense en el país andino, Philip Goldberg, por su supuestamente conspirar contra su gobierno, lo que fue rechazado por EE. UU.
Esta no es la primera vez que las acusaciones de narcotráfico alcanzan a altos cargos de la esfera política de Bolivia. En 2011 un alto jefe policial, el general René Sanabria, quien fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, fue condenado en EE. UU. a 14 años de prisión por conspirar para trasladar cocaína a ese país. Otro excomandante nacional de la Policía, el general Oscar Nina, se enfrenta desde marzo en Bolivia a un proceso por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y vínculos con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
2009 fue el año en que Bolivia protegió en su Constitución el cultivo de la hoja de coca porque tiene usos culturales, religiosos, industriales, medicinales y es mascada por varios sectores sociales, práctica denominada acullicu.