Las violaciones, inhibiciones, faltas de respeto y descortesía patria a los nicaragüenses en el exterior han estado siempre a la orden del día por todos los gobiernos establecidos desde 1990 a la fecha. Puedo afirmar que más el actual, que sobrepasa sin límites todas las arbitrariedades del sistema político nacional desde la Independencia al día de hoy.
El caso de la compatriota Carmella María Rogers Amburn, conocida públicamente en el país como Kitty Monterrey, miembro del Partido Liberal Independiente (PLI) y excandidata a magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), demuestra ser, encarnando en su personalidad de mujer profesional y ciudadana con todos los derechos de la ley, uno más de estos graves abusos que se cometen como parte del control absolutista que representa el gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La situación de la señora Monterrey, que hoy tomo como ejemplo, afecta a miles y miles de ciudadanos nicaragüenses y es para que a cualquiera que se considere digno de vivir en una democracia se le paren los pelos de punta, dado el acentuado autoritarismo con que diputados oficialistas aligeraron el nombramiento de una candidata de la preferencia del partido sandinista, con la vacante que dejara con su fallecimiento el magistrado José Marenco Cardenal.
Todo nicaragüense nacional si llena los requisitos de ciudadanía, aun así tenga doble nacionalidad, tiene derecho a optar a cargos de elección si tomamos en cuenta que en este gobierno se ha nombrado en cargos públicos a personas que poseen además de la nicaragüense otras nacionalidades, como el caso entre otros de un señor de nacionalidad libia como secretario privado para Asuntos Exteriores de la Presidencia de la República y el de un diputado de la bancada oficialista; pero aquí la soberbia y despotismo fueron más allá de toda lógica.
A la señora Monterrey no la dejaron competir para magistrada gozando ella de todas las prerrogativas que la ley le confiere como nacional, cumpliendo con todos los requisitos, violándose sus derechos humanos e incluso tratados internacionales a los que nuestra nación está suscrita de conformidad al principio de reciprocidad y las Leyes de la República de Nicaragua, por lo que, cívica y educadamente, agotó la totalidad de las vías interponiendo un recurso de amparo a sabiendas de que las leyes por ahora no obedecen a su espíritu sino a la conveniencia partidaria.
Este caso que dejó de ser noticia ya que a diario se genera una cantidad inmensa de agitada información política, no debe pasar desapercibido para ningún nicaragüense, ya que si por más de una década les han sido violentado sus derechos en forma silenciosa a miles de hermanos nicaragüenses en el exilio (que dicho sea de paso han incrementado el envío de sus remesas para beneplácito de este gobierno) y hoy ha sido a la señora Monterrey, no está desvinculado de una matriz superior como lo es la falta de cumplimiento a las reivindicaciones de los connacionales en el exterior. Mañana pueden darse otros casos y así sucesivamente, hasta el momento en que definitivamente el pueblo se rebele y emancipe ante tanta arbitrariedad e injusticia.
Pero también para la propia clase política este es un antecedente muy importante, ya que una de las actitudes represivas de gobernantes antidemocráticos y temerosos, es cercenar espacios políticos a opositores, como ha ocurrido con candidatos como Álvaro Robelo, José Antonio Alvarado y el propio Edén Pastora, cuando la doctora Rosa Marina Zelaya presidió el CSE, lo que demuestra la fragilidad de antes y de hoy de nuestros “honorables” poderes e instituciones.
Lo cierto es que para los nicaragüenses que emigraron hacia otros países en la década de los ochenta y se vieron obligados a adquirir una nueva ciudadanía, no debería haber ningún impedimento ni ninguna inhibición para optar a cualquier cargo público o de elección popular. Las leyes que contemplen eso deben ser derogadas a lo inmediato. Solo así la reconciliación con la comunidad nicaragüense en el exterior será verdad y dejarán de ser ciudadanos de segunda clase o extranjeros en su patria.
El autor es miembro de la Mesa Directiva de la Coalición Nacional por la Democracia.|
