Si el Gobierno pretende hacer cualquier tipo de privatización de un bien público, debe transparentar las negociaciones, manifestó el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas, haciendo alusión a los rumores de privatizar Puerto Corinto, una de las entradas y salidas más importantes y estratégicas del país.
El sábado pasado fue abordado sobre este tema Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN), quien solo se limitó a decir: “estamos viendo”.
Antes de abordar su vehículo en la salida de Puerto Corinto, donde se realizó una actividad de recibimiento a un buque japonés, Silva solo comentó sobre el “apoyo” de un país europeo. En Corinto se sospecha sea Holanda, porque es el país que ha apoyado con labores de dragado y la defensa costera en años anteriores.
La semana pasada circuló en algunos medios digitales que “está por concluir la negociación para privatizar la administración de los puertos de Corinto y Puerto Sandino”, sin embargo, no hay confirmación oficial sobre esta información.
Callejas, diputado de Chinandega, ha escuchado estos rumores y supuestamente la negociación sería con extranjeros “nórdicos”, aunque insistió en que son solo rumores.
“Cualquier tipo de privatización debería de ser transparente, porque este es un puerto nacional, por lo tanto deberían de comenzar por una transparencia total”, expresó el diputado Callejas.
El exdiputado Agustín Jarquín Anaya manifestó que cualquier decisión de privatizar un bien público debe pasar por la Asamblea Nacional y hacer del conocimiento público a quien se va otorgar la concesión. Según Jarquín, hasta se debería consultar a la población local de Corinto esta decisión.
Si en realidad está ocurriendo este proceso, Jarquín cree que “posiblemente se esté dando en concesión”.
“Modernamente se acostumbra la inversión público-privada, es decir, ahora los estados concesionan a privados carreteras. Se hace para conseguir inversiones que no salgan del erario y esa concesión se da para un período definido, puede ser de unos diez, quince o treinta años, luego regresa a manos públicas”, explicó Jarquín sobre la posibilidad de estar negociándose la privatización de Puerto Corinto.
LEY GENERAL DE PUERTOS
La Ley General de Puertos de Nicaragua (Ley 838), que entró en vigencia el 21 de mayo de 2013, deja establecida la posibilidad de privatizar los puertos del país, a través de la importancia de “fijar incentivos que mejoren el interés de los diferentes sectores nacionales y extranjeros; estableciendo un régimen moderno sobre las zonas de apoyo logísticos y los operadores, concesionarios, arrendatarios, participantes de sociedades mixtas y administradores portuarios en general, reforzando las normas para proteger el medioambiente en el sector marítimo portuario, con el propósito de desarrollar actividades de administración y explotación de las infraestructuras portuarias”.
Además, Jarquín explicó que en el caso del proyecto hidroeléctrico Tumarín, la concesión es de más de 30 años y después de ese período regresa a manos pública, pero en el caso de Puerto Corinto, que ya existe, se debe de dar a conocer ¿cuál es la mejora que le van a hacer?, ¿cuánta es la inversión y cuál es el plazo de la concesión?.
Jarquín hizo ver que si todas estas propuestas no pasan por la Asamblea Nacional, se corre el riesgo de nulidad.
PUERTO SEGURO
El Puerto Corinto, ubicado en el departamento de Chinandega, está certificado a nivel internabcional como un puerto seguro.
Al cierre de 2014 en ese puerto se movieron, según cifras de la Empresa Portuaria de Nicaragua (EPN), 2.7 millones de toneladas, según el registro de manejo de carga.
57 por ciento de la carga que se mueve por los puertos del país pasan por Corinto, según el reporte de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram), actualizado a marzo.
