Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) prefieren callar que transparentar cuánto y qué uso le dan a los recursos que obtienen de los cobros por reposición y renovación de cédulas y la emisión de partidas de nacimiento.
Este viernes los magistrados José Luis Villavicencio, Johnny Tórrez y Luis Benavides, alegando que no se meten en la administración financiera del Poder Electoral, no respondieron a los cuestionamientos sobre el tema. Los tres dijeron —por separado— que el único autorizado a informar era el magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas.
“Eso lo maneja la administración del Consejo, yo no soy administrador del Consejo… Si me va a preguntar del presupuesto que se nos aprobó no sé nada”, refirió el magistrado Villavicencio al ser abordado luego de la sesión especial realizada en memoria del comandante Carlos Núñez en la Asamblea Nacional.
Las proyecciones del mismo CSE en su Presupuesto de 2015, calculan que emitirán 320,468 cédulas por reposición y renovación por las cuales obtendrán unos 96.14 millones de córdobas.
En el informe de avance presupuestario del primer semestre del año, publicado por el Ministerio de Hacienda, no aparecen reflejados los fondos obtenidos por los trescientos córdobas que el CSE cobra por cada reposición o renovación del documento de identidad, que solo es gratis cuando se emite por primera vez.
“Nuestro vocero es el magistrado Rivas (…) Nosotros lo hemos designado para que nos represente como presidente y es vocero nuestro”, respondió por su parte Tórrez.
La misma respuesta dio Benavides.
CGR TIENE LISTA AUDITORÍA
El contralor Luis Ángel Montenegro, presidente de la Contraloría General de la República (CGR), informó a LA PRENSA, que ya está lista la auditoría del Presupuesto General de la República 2014.
NO HABLAN DE ELECCIONES
Ninguno de los tres magistrados del CSE abordados este viernes quisieron dar detalles sobre los preparativos de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2016. El magistrado José Luis Villavicencio se limitó a decir que “tenemos tiempo” para las decisiones sobre las reglas de los comicios, incluido si permitirán la participación de observadores nacionales e internacionales. .
