El hasta ahora prófugo Juan Carlos Monzón, señalado como la persona que ideó el esquema de corrupción que desató una crisis política en Guatemala, involucró ayer al expresidente Otto Pérez Molina como el cabecilla de un fraude millonario orquestado en el Sistema Nacional de Aduanas.
“Quiero manifestar que no soy el líder de esta estructura y si aquí estuviera presente cualquier miembro del Gabinete, el señor presidente (Pérez Molina) o la señora vicepresidenta (Roxana Baldetti) les puede asegurar que en ese gobierno no se hacía nada sin el conocimiento y aprobación de ninguno de los dos”.
Esas fueron las primeras declaraciones ante el juez del caso “La Línea”, Miguel Ángel Gálvez, del exsecretario privado de Baldetti, quien ayer se entregó a las autoridades después de permanecer prófugo desde el pasado 16 de abril, cuando se destapó el caso de corrupción aduanera.
Tanto Pérez Molina como Baldetti han defendido su inocencia e incluso el expresidente ha dicho ser víctima de un complot al que estaría vinculado Estados Unidos.
Confiesa participación
Monzón confesó su participación en “La Línea” y dijo estar dispuesto a colaborar para que se sepa “la verdad”, porque tiene “la otra mitad de la historia”.
“Soy el eslabón que el Ministerio Público necesita para cerrar esta investigación, señor juez”, apuntó Monzón, quien rechazó ser el líder de la estructura, como le imputa la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
El exfuncionario validó la acusación que hizo la semana pasada un detenido en el proceso que incriminó a Pérez y Baldetti de dirigir el desfalco y recibir sobornos de la estafa.
Salvador González, alías “Eco”, vinculado a la “estructura externa” del fraude, aseguró durante una audiencia judicial que Pérez y Baldetti recibían el cincuenta por ciento de los sobornos recaudados por la red denominada “La Línea”.
“Reconozco que Estuardo dijo la verdad en su declaración, señor juez”, detalló Monzón, quien precisó que cuenta con más información contra Pérez y Baldetti, pero pidió protección para revelarla al asegurar que teme por su vida y la de su familia.
PRISIÓN PROVISIONAL
Ante la petición, el juez Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, envió al sindicado a encarcelamiento provisional a la prisión Pavoncito, en la periferia este de la capital, y ordenó a la Policía protegerlo a él y a su núcleo familiar. El juez podría determinar este martes si liga a Monzón al proceso judicial y ordena la cárcel preventiva.
El exsecretario relató que la cantidad de dinero que según las investigaciones defraudó la red en las aduanas, unos 28.55 millones de quetzales (3.7 millones de dólares) “está fuera de la realidad”, sin ofrecer más detalles ahora para “no correr ningún riesgo”.
Monzón, de 47 años y administrador de empresas, dijo que la evasión fiscal en Guatemala es de 15,000 millones de quetzales anuales (unos 1,948 millones de dólares) y exigió a los medios que se divulguen los nombres de los empresarios que han defraudado a las aduanas por años.
El imputado negó haber recibido 2.3 millones de quetzales (298,700 dólares) de dos supuestos integrantes de la red corrupta, así como haber tenido relación con Carlos Muñoz, el extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
PIDE DISCULPAS A FAMILIA
Previo a la declaración del sospechoso, el fiscal Antonio Morales al iniciar la acusación dijo que la red de corrupción “era dirigida operativamente por usted, Juan Carlos Monzón Rojas y por el señor Otto Fernando Pérez Molina y la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías”.
El acusador presentó varias escuchas telefónicas como medios de prueba contra Monzón, quien pidió “disculpas al pueblo de Guatemala”, familia y amigos “por haber participado en esta estructura que únicamente era seguir las instrucciones que me habían dado”.
Monzón será procesado por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El exfuncionario desapareció mientras acompañaba a Baldetti en una gira oficial en Corea del Sur y hasta el momento no ha precisado si se escondía en el país o en el extranjero.
1,561 contenedores ingresaron ilegalmente a Guatemala a través de la red corrupta conocida como “La Línea”, que operó entre mayo de 2014 y abril de 2015, según las investigaciones.
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