La forma en que la empresa minera B2Gold y la Policía Nacional han manejado el problema en Mina El Limón fue criticada tanto por el presbítero Léster Ortiz, administrador de la iglesia católica Santa Bárbara, como por el presidente del Comité Pastoral del Distrito Minero, Fernando Javier Espinoza.
Aunque los enfrentamientos entre antimotines y manifestantes habían cesado ayer, el ambiente en Mina El Limón es tenso. La Policía pretende desalojarlos, pero la población advierte que no dejarán las calles mientras no les resuelvan sus demandas.
Tanto Ortiz como Espinoza demandan a las autoridades el cese de la violencia, que promuevan el diálogo y que respeten el derecho del pueblo a expresarse, pues existe un temor generalizado por los despidos.
“Todo el pueblo es el que está prácticamente en contra de cómo la transnacional B2Gold ha manejado las cosas, es una situación muy delicada y la gente se ha expresado, hay un temor generalizado por los despidos laborales, se sienten amenazados, la gente quiere trabajar y sobrevivir”, dijo Ortiz.
PRESBÍTERO PIDE NO MINIMIZAR EL PROBLEMA
El presbítero demandó el respeto al derecho que tiene la población de expresar su inconformidad y criticó que “la situación que ocurrió este martes se pudo evitar si hubiera habido un diálogo”.
A su vez, Ortiz demandó a las autoridades que “no traten de minimizar, (pues) no es un pequeño grupo (el que protesta). Lo que está pasando aquí es que toda una población entera es la que se ha levantado”.
“Queremos la paz, hay que dialogar y que se respete ese diálogo”, reclamó el presbítero Ortiz y en similares términos se refirió Fernando Javier Espinoza, presidente del Comité Pastoral del Distrito Minero.
“La empresa no hace caso, había una marcha pacífica y la Policía comenzó a enfrentarse con la población y las declaraciones de la comisionada Aminta nos han dolido”, apuntó Espinoza.
Granera, en su comparecencia del martes, calificó a los manifestantes como “un grupo vandálico delincuencial” y ayer reiteró que son delincuentes, situación que ha aumentado el descontento de los pobladores.
EMPRESA B2GOLD: HAY CONFUSIÓN Y MANIPULACIÓN
Sin embargo, Pablo Venturo, gerente país de la empresa B2Gold, aseguró que el bando que lidera estas manifestaciones violentas ha sido protagonista de las tres protestas anteriores en el 2015, las que según registros de la compañía, han generado pérdidas que superan los 3.3 millones de dólares.
“Exactamente las mismas personas son las que han participado y yo puedo ir más allá, inclusive, yo que tengo ya 17 años de trabajar en Nicaragua y en esta mina en particular, desde inicios del siglo XXI ellos han estado involucrados en diferentes asonadas y huelgas ilegales, tienen una larga trayectoria de cometer esto ilícito, no es nada nuevo”, sostuvo Venturo.
El escenario de confrontación, según el representante de B2Gold, se ha ampliado porque hay confusión y manipulación, que ha sido aprovechada por los trabajadores de la empresa y en la que se han sumado pobladores de la mina.“Esto no es algo que se genera hoy, viene siendo sistemáticamente una práctica de estas personas, generando un clima de inestabilidad no solo en el pueblo, no solamente en las ochocientas familias que viven con incertidumbre porque cada cierto tiempo se van a ver afectados sus ingresos, sino el clima de inversión que nosotros necesitamos”, explicó Venturo.
TRABAJADORES DE MINA Y POBLADORES ARGUMENTAN
Después de los disturbios del martes ayer más de quinientas personas marcharon sobre las principales calles de la comunidad para exigir al Gobierno cesen los enfrentamientos con la Policía y que sea efectivo el reintegro inmediato de tres sindicalistas despedidos.
Según los pobladores y sindicalistas, al despedir a los líderes sindicales las autoridades de la empresa minera y el Gobierno desaparecerían el convenio colectivo que beneficia a los trabajadores y a la comunidad. La empresa subsidia el ciento por ciento de energía de las comunidades de Mina El Limón y Santa Pancha.
Humberto Rivas, uno de los despedidos y quien fungía hace 13 días como secretario general del Sindicato Pedro Roque Blandón, dijo que la empresa B2Gold quiere “desbaratar a la organización”.
No obstante, Venturo alegó que el despido de los tres sindicalistas —situación que detonó la demanda en las calles— fue avalado por el Ministerio del Trabajo (Mitrab), porque supuestamente estas personas infringieron el Código de Ética de la empresa.
El gerente país de B2Gold explicó que el proceso inició en julio pasado y el Mitrab autorizó la cancelación de los contratos.
Por su parte, Rivas aseguró: “Una vez destruido el sindicato, se destruye el convenio colectivo y podrá (la empresa) despedir a los trabajadores en cualquier momento, quiere tercerizar para desligar responsabilidades”.
A su vez, indicó Rivas, si pierden los acuerdos establecidos y sin el convenio colectivo, el Ministerio del Trabajo regularía el salario y de esa manera dejarían de percibir una serie de beneficios.
GRANERA AIRADA RESPONDE A PERIODISTA
Y hasta respondió airada cuando una periodista le inquirió: “Comisionada, usted está diciendo que es un grupo delincuencial, sin embargo, la población dice que ellos estaban exigiendo que se restableciera a tres sindicalistas”.
“Decime cómo le voy a llamar yo a una persona que quema camioneta, que destruye una delegación policial, que quema buses y que mata a un policía. ¿No son delincuentes? Si para vos eso no es delito…”, respondió Granera.
También se observó molesta a Granera cuando LA PRENSA consultó cómo pudo pasar que los oficiales más especializados de esa institución fueron desarmados por la población durante la protesta del martes.
“Mirá, si los policías los hubieran desarmado y los vieran matando (a los manifestantes) me estuvieran diciendo ustedes ‘esta es la Guardia Nacional’… ahora como los heridos son los nuestros y los desarmados fuimos (nosotros) ahora (dicen) ‘¿cómo es posible que nos hagan (eso)?’ Esta es una Policía distinta… tenemos forma de actuar distinta”, dijo Granera.
INVESTIGAN CON PACIENCIA
La funcionaria de facto advirtió que cuentan con la fuerza necesaria para controlar la situación en la mina, donde ayer continuaban con las investigaciones, pero, dijo, requieren de paciencia.
“No queremos cometer injusticias y por lo tanto estamos trabajando con toda la técnica y toda la especialización que podemos, para, a la mayor brevedad, poder determinar las responsabilidades particulares, pasar a los responsables a los tribunales de justicia y que les caiga todo el peso de la Ley”, advirtió.
A su vez, la funcionaria policial aseguró: “Hemos reiterado nuestro compromiso de garantizar que los trabajadores que quieran trabajar, puedan hacerlo”.
ORTEGUISTAS IMPIDEN HABLAR A LIBERALES
Los orteguistas evitaron que los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), Carlos Langrand y Eliseo Núñez, expresaran su opinión sobre el conflicto en Mina El Limón (León), que el martes provocó la muerte de un agente de la Policía Nacional.
Cuando Langrand se disponía a hablar sobre este tema ante el pleno de la Asamblea Nacional los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, se acercaron a la Junta Directiva del parlamento, dirigiéndose directamente a la presidenta en funciones Iris Montenegro.
Después de escuchar lo que le tenían que decir sus homólogos sandinistas, Montenegro silenció al diputado Langrand, expresándole que solo podía referirse a la pensión de gracia otorgada al periodista Abel Calero, tema que estaba en discusión en ese momento.
Minutos antes del incidente, Montenegro le había concedido la palabra al vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación de la Asamblea, diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien hizo una declaración de condena a la violencia “venga de donde venga” y pidió un minuto de silencio para los oficiales de la Policía Nacional que han muerto en el ejercicio de sus funciones.
Los diputados Langrand y Núñez se retiraron del pleno luego de que la presidenta les prohibió hablar.
Fuera de la Asamblea el diputado Langrand expresó que el Gobierno minimiza la situación de Mina El Limón, mientras permite que la población sea explotada laboralmente por las empresas mineras extranjeras.
“La población está demandando mejorar sus condiciones de vida, no es un tema de que son tres sindicalistas. La mesa de diálogo se hizo únicamente entre la empresa y los trabajadores, pero el gran ausente es el pueblo. Este es un problema en que los sindicalistas han levantado la voz del pueblo de Mina El Limón y estamos obligados a escucharlos. Una de las razones principales en la Asamblea Nacional es hacer todo el esfuerzo para resolver los problemas de los nicaragüenses”, expresó el diputado Langrand.
Langrand también dijo que el problema de Mina El Limón es recurrente en otros municipios mineros, como La Libertad y Santo Domingo, ambos del departamento de Chontales, y en Rancho Grande (Matagalpa).
El diputado Núñez manifestó que “hay una sobreprotección para las minerías extranjeras principalmente”, porque se les permite “violentar cualquier cantidad de derechos a la población, desde envenenar el agua hasta hacer túneles debajo de sus casas y violación a derechos sindicales y laborales”.
Leonor Álvarez
COSEP Y CAMINIC
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y el presidente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), Sergio Ríos, rechazaron los actos violentos por parte de pobladores y trabajadores de Mina El Limón, donde opera la empresa B2Gold y que dejó como resultado la muerte de un agente policial y 31 heridos.
Aguerri leyó un comunicado en el que calificaron esas acciones como “irresponsables e ilícitas porque afectan el empleo de los mismos habitantes de la zona”. También agregó que ese comportamiento vandálico obedece a la manipulación de un caso estrictamente laboral.
“En reiteradas ocasiones hemos planteado que la violencia no es una opción para conseguir objetivos ni plantear demandas e insistimos que desistan de inmediato”, expresó Aguerri.
Por su parte Ríos, quien desconoce de cuánto es la pérdida en valor y en la producción de esa empresa que ha estado detenida por más de diez días, dijo que B2Gold actuó en completo apego a la Ley con el despido de tres sindicalistas.
“Yo les insto a dialogar y que no impidan el derecho de la población a trabajar”, expresó Ríos.
Yohany López
HOMENAJE A FALLECIDO
La Policía Nacional rindió homenaje póstumo ayer al agente fallecido Kevin Valle, supuestamente víctima de golpes. Al concluir el acto en el que fue ascendido a suboficial y condecorado con la medalla al valor, de forma inusitada la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, encabezó una marcha fúnebre en medio de un fuerte despliegue desde Plaza El Sol hasta la rotonda Rubén Darío, lugar donde momentos antes había sido escenario de los “miércoles de protesta” por parte de miembros de la sociedad civil frente al Consejo Supremo Electoral.
La información que tenemos es que hay una calma en el pueblo, comparado a lo que ocurrió el día de ayer (el martes), pero en la práctica hay una situación que
no está resuelta”.
Pablo Venturo, gerente país B2Gold.
Todo el pueblo es el que está prácticamente en contra de cómo la transnacional B2Gold ha manejado las cosas, es una situación muy delicada y la gente se ha expresado”.
Presbítero Léster Ortiz,
administrador de la iglesia
católica Santa Bárbara.
Como Cámara de Minas siempre hemos actuado a favor del diálogo, porque no podemos tomar una posición de violencia,
ya que se pone en riesgo
la vida de personas que viven alrededor”.
Sergio Ríos, presidente de Caminic.
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