Un centenar de afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) marcharon de manera pacífica hacia la delegación policial en el municipio de Chichigalpa, exigiendo la liberación de 21 personas que fueron detenidas durante una manifestación el pasado miércoles 7 de octubre.
Con esta marcha los manifestantes tratan también de aclarar que los vándalos que destruyeron y quemaron parte de la Alcaldía del municipio, no pertenecen a la causa de la Asociación de Enfermos de IRC.
Según el abogado Roberto Lira, una gran parte de los detenidos fueron trasladados a la delegación policial de Chinandega, sin embargo, el caso más grave es el de María Elena Molina, secretaria de la Asociación; y José Luis Nicoya, presidente de la misma, quienes fueron llevados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en El Chipote, Managua.
Lira agregó que ambos directivos padecen IRC y están siendo acusados de crimen organizado.