Obligado por la movilización popular, el régimen orteguista ha tenido que reconocer y declarar la inviabilidad del proyecto de explotación minera en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa.
El problema medioambiental es muy sensible en ese municipio rural, cuya principal actividad económica —la agricultura y la ganadería— ha sido seriamente afectada por la depredación de los bosques, la erosión de los suelos, las inundaciones de los ríos debido a la inestabilidad climática, la pérdida de su otrora rica fauna y flora, y en general, la disminución de sus recursos naturales. Todo lo cual, los pobladores de Rancho Grande tenían el temor de que se agravaría catastróficamente con la explotación minera proyectada por la empresa transnacional B2 Gold.
En realidad, aunque las inversiones de capital nacional y extranjero son indispensables para crear riqueza e impulsar el crecimiento económico, y por ende para disminuir la pobreza —pero en la realidad, no solo en las cifras oficiales—, sin embargo no toda inversión es beneficiosa para el país y sobre todo para la gente que es la que más debe importar. Y las autoridades correspondientes del Estado deben tener capacidad y honestidad para saber determinarlo, ya sea en el caso de un proyecto de explotación minera como el de Rancho Grande, o en el de una gigantesca obra de construcción canalera como el que se le ha concedido al empresario chino Wang Jing.
Sobre la decisión gubernamental de declarar inviable el proyecto minero de Rancho Grande, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, señaló que la unidad entre la población y la Iglesia católica “fueron determinantes para que la naturaleza no fuera destruida por la explotación que podría darse de una empresa extranjera”. En realidad, hay que felicitar a los pobladores de Rancho Grande que con su lucha obligaron al Gobierno a cancelar la concesión para una explotación minera que podría ser muy perjudicial para el medioambiente y los intereses económicos y sociales de la comunidad. Pero también y ante todo merece ser felicitado monseñor Álvarez, lo mismo que el cura párroco de Rancho Grande, padre Pablo Espinoza, quienes han sido los orientadores y conductores de esta lucha ejemplarmente cívica y pacífica de los pobladores de dicho municipio —incluso mediante manifestaciones públicas multitudinarias como la del 3 de octubre que el oficialismo intentó sabotear—, demostrando que no es necesario recurrir a la violencia para alcanzar objetivos sociales y económicos, y de ninguna otra naturaleza.
Esto es muy importante destacarlo a la luz de los acontecimientos de Mina El Limón, donde las protestas de los mineros y los pobladores que los apoyan han sido violentas, incluso causando la muerte de un policía. Una violencia que no se debe a la supuesta instigación de la oposición o los medios de comunicación, como impúdicamente dicen los voceros del orteguismo y sus asociados, sino que es consecuencia de la irracional forma de protesta vandálica que promovió el Frente Sandinista y que ahora él mismo tiene que aguantar.
