El presidente inconstitucional Daniel Ortega introdujo una iniciativa en la Asamblea Nacional para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana —en vigencia desde 2010— y aprobar una nueva ley que es considerada por expertos de seguridad y juristas como un retroceso a los tiempos de la seguridad del Estado.
La iniciativa fue introducida el pasado 12 de octubre con el nombre de “Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua”.
“Se refuerza el estado policial, da suprapoderes a la Policía, al Ejército y a la Dirección de Investigación para la Defensa (DID). Del sistema de seguridad ciudadana pasamos a la seguridad del Estado”, dijo el experto en temas de seguridad Roberto Orozco.
En el inciso tres del artículo siete de la iniciativa se determina que puede considerarse riesgos a la seguridad soberana cualquier factor que “genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”.
El artículo ocho establece las “Amenazas a la Seguridad Soberana”. Según la iniciativa entre las amenazas se cuenta el espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, “cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, además de “actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales (…)”.
“En su artículo tres están definidas abiertamente con el término ‘factores adversos’, con lo cual queda a la discreción del Estado definir qué (es) o qué no son amenazas a su seguridad. Por su naturaleza, esta es una ley de seguridad del Estado, con lo cual el Ejecutivo pega un tiro de gracia al Estado de Derecho y fortalece el Estado Policial que de hecho hemos venido viendo”, dijo Orozco.
Según Orozco es sospechoso que el Gobierno introduzca la iniciativa días antes de que se efectúe en Managua la marcha nacional contra el canal. “Cualquier día suspenden garantías constitucionales ante una marcha de cincuenta mil personas y mandan a un estado de excepción si los órganos de seguridad así lo deciden, ellos van a tomar la última palabra ante cualquier amenaza política para el régimen”, expresó.
LA PRENSA intentó conocer la versión del Ejército sobre estos señalamientos, pero el vocero de la institución, el coronel Manuel Guevara, no contestó llamadas a su celular ni en el número convencional de su oficina.
Por su parte, el diputado de la Bapli, Eliseo Núñez consideró que “el Ejecutivo ahora podrá decidir, por ejemplo, que si la huelga o el levantamiento que hay en la Mina El Limón es un atentado contra la soberanía nacional, puede mandar a intervenir al Ejército, no solamente a la Policía; puede incluso, bajo esta amenaza, considerar enemigos de la patria a las personas que hagan este tipo de protesta”.
TIRAN A LA BASURA LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
El jurista José Pallais, era diputado en 2010 cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana y presidía la Comisión de Justicia del Parlamento. Califica la nueva iniciativa de Ortega como un retroceso. “Es totalmente totalitario el concepto de seguridad que quieren establecer”, expresó.
Pallais recuerda que la actual Ley de Seguridad Ciudadana fue fruto del consenso en el 2010 cuando el Frente Sandinista no era mayoría en el congreso.
En aquel momento “se logró consenso después de una negociación muy intensa con el Ejército y el Gobierno… Ya esa correlación de fuerzas que los obligó a contenerse ha cambiado ya no existe, ahora vuelven a su objetivo original, que es tener una visión obsoleta ya superada de seguridad nacional”, dijo Pallais, también ex viceministro de Gobernación en la administración de Violeta Barrios de Chamorro.
RIESGO PARA LOS NICARAGÜENSES
Ortega quiere volver, según Pallais, a los viejos sistemas de seguridad de los años 40 y 70 abandonando conceptos de avanzada de seguridad ciudadana y seguridad democrática.
“Eso significa un riesgo para las libertades y los derechos de los nicaragüenses… Podría ser una puerta para todo porque le deja al presidente una gran discrecionalidad: interpretar, por ejemplo, cuáles son los intereses soberanos e interponer su interpretación encima de los derechos de los ciudadanos”, resaltó Pallais.
La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, dijo que la iniciativa contiene algunos puntos que podrían considerarse críticos.
“Por ejemplo, ¿qué nivel de subordinación, si es que habrá, van tener la Policía y el Ministerio Público respecto al Ejército y la DID? ¿Quién, cómo y cuándo define los riesgos y amenazas a la seguridad soberana ¿Cómo funcionará el sistema de supervisión y control para garantizar que las instituciones del sistema observen las prohibiciones?”, cuestionó.
ABC DE LA INICIATIVA
La propuesta de ley crea el Sistema Nacional de Seguridad Soberana. Lo coordinará el presidente de la República y se delega al Ejército para que, a través de la DID lo coordine.
También estará integrado por la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
La iniciativa establece que la búsqueda de información es necesaria para mantener la seguridad nacional.
PROPÓSITOS DE LA LEY
El Sistema Nacional de Seguridad Soberana tendrá entre sus funciones informarle a Daniel Ortega lo que ellos consideren riesgos a la seguridad nacional. Deberán entregar también informes de inteligencia. Asimismo, podrán informar una vez al año a la Asamblea Nacional sobre sus apreciaciones en torno a los riesgos de la seguridad nacional. Sin embargo, solo si ellos así lo estiman conveniente. La iniciativa de ley pasará al pleno de la Asamblea y luego será enviada a Comisión.
