Con la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua el Gobierno busca el retorno a la década de los ochenta, callar a los movimientos sociales y la criminalización de la protesta, aseguran defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. “Esta es una estocada al estado de derecho. Hemos venido diciendo que hay un retroceso significativo en materia de derechos humanos, el Gobierno desea volver a tiempos de los años ochenta, (cuando) donde todos los ciudadanos perdíamos los derechos constitucionales”, afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Por su parte, una nota del Partido Liberal Independiente (PLI), refiere que el diputado Luis Callejas, consideró que con esto el Gobierno busca “resucitar la seguridad del Estado para que proteja los intereses económicos y políticos de la clase gobernante”.
Callejas, presidente de la Comisión de Gobernación del Parlamento, adelantó que con esto el Gobierno busca “motivar a la población a más rebeldía, ante la represión que quieren implantar”.
Adelantó que la Bapli se opondrá a esta iniciativa porque consideran que el único fin es impedir las marchas contra el Canal y los miércoles de protesta. Asimismo agregó que es motivada por los recientes hechos ocurridos en la Mina Limón y en Chichigalpa.
Por su parte la excomandante guerrillera, Mónica Baltodano, señala que de por sí el Código Penal es bastante duro con el tema de la protesta, de rebelión, y de movilizaciones ciudadanas, por lo que de prosperar la iniciativa, “vendría a volver prácticamente criminales a cualquiera que levante su voz para defender un derecho humano”.
Mencionó Baltodano que entre los derechos en riesgo están el derecho al trabajo, a la libertad sindical, a ser consultado y a la movilización ciudadana. Por lo que consideró que serían “retrocesos brutales a la legislación” y vendría a legalizar el espionaje interno.
En el inciso tres del artículo siete de la iniciativa se determina que puede considerarse riesgos a la seguridad soberana cualquier factor que “genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”.
Según el mismo, entre las amenazas se cuenta el espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, “cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, además de “actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales (…)”.
“Yo he estado estudiando mucho el tema del manejo del somocismo en los años sesenta y setenta y esto se está pareciendo mucho en ese sentido”, sostuvo Baltodano, quien considera “gravísimo” que puedan vincular algunos actos a la seguridad o a la soberanía, pues facultaría al Ejército a intervenir, cuando hasta ahora según la Constitución y la ley solo puede hacerlo en situaciones relacionadas con la defensa y soberanía nacional.
Por su parte, la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Juanita Jiménez, señaló que esto demuestra que “es la dictadura institucionalizada y el despojo total de los derechos individuales”.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez , criticó por su parte, que con la iniciativa revistan de más poder a la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército de Nicaragua, lo cual dijo, es peligroso.
“Es grave porque además de tomar otra forma, al Estado se le está dando más atribuciones que pueden terminar en algunos abusos que trastoquen derechos humanos de forma directa de los nicaragüenses de parte del Poder Ejecutivo”, afirmó Leiva.
ES PARA PREVENCIONES, DICE CASTRO
El jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, negó que la iniciativa establezca “amenazas”, sino que dijo, son “prevenciones”.
Ante los cuestionamientos de LA PRENSA y del periodista de Radio Corporación, Larry Sevilla, sobre el propósito de esta ley que establece términos como “traición a la patria”, el diputado Castro se dirigió a Sevilla con desdén, le tomó la identificación de Prensa que portaba en la camisa y le dijo: “Perdón ¿quién sos vos para llegar tan “agresivo?” Luego el diputado se rio y repitió que “esta es una ley envolvente de la soberanía” y que “protege a la ciudadanía”.
Esta propuesta de ley fue pasada a la agenda base de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, donde la próxima semana, en sesión plena, será enviada a la Comisión correspondiente.
AGRAVARÁ SITUACIÓN
De aprobar la aplanadora orteguista en el parlamento esta iniciativa de ley, la excomandante Mónica Baltodano considera que “agravaría la ya precaria condición de los derechos humanos” en Nicaragua.
“Ya estamos viendo (que) ellos han decretado que las calles son de ellos que no puede movilizarse la gente, ha organizado las contramarchas, lanzan grupos de jóvenes contra las movilizaciones ciudadanas o las cosas que hemos visto el uso exagerado de la Policía en ciertas situaciones”, dijo Baltodano.
(Colaboración Yohany López.)