El plan del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de pactar la paz a cualquier precio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sufrido un severo golpe político y moral con la renuncia del expresidente colombiano Andrés Pastrana a seguir participando en la Comisión Asesora de Paz.
La renuncia de Pastrana ha sido causada por el controversial acuerdo de “justicia transicional” entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que fue dado a conocer el 23 de septiembre pasado como un supuesto gran logro para hacer justicia y castigar todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.
El presidente Santos y el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias “Timochenko”) anunciaron ese acuerdo en La Habana, teniendo como testigo de “honor” al dictador cubano Raúl Castro. Pero si fuese cierto lo dicho por Santos y “Timochenko”, esta sería la primera vez en la historia que después de un conflicto armado en el cual nadie ha resultado vencedor, se castiguen los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Siempre al concluir las guerras los vencedores imponen su justicia a los derrotados. Y cuando los conflictos armados terminan sin vencedores ni vencidos, la paz es sellada por amnistías que dejan impunes los crímenes de toda clase cometidos en la contienda.
La experiencia no muy lejana de Nicaragua es muy ilustrativa al respecto. Cuando terminó la guerra de 1977 a 1979 los vencedores sandinistas juzgaron y castigaron a los somocistas derrotados, mediante juicios y sentencias de tribunales especiales. Por el contrario, al concluir la contienda civil de los años ochenta, sin vencedores ni vencidos en el campo de batalla, en vez de hacer justicia se dispuso una amplia amnistía que dejó los crímenes de guerra sin castigo.
En el caso de Colombia, según lo poco que se ha dado a conocer sobre el acuerdo de “justicia transicional” entre el Gobierno y las FARC, los crímenes de guerra y de lesa humanidad serán juzgados por una jurisdicción especial que impondrá penas simbólicas a quienes reconozcan su culpa y mandará a la cárcel solo a los que se nieguen a reconocerla. De allí que el expresidente Andrés Pastrana exprese en su carta de renuncia a la Comisión Asesora de Paz, que ese acuerdo es la mayor concesión lograda por las FARC tras la aceptación del narcotráfico como delito conexo a sus “ideales”. Y agrega que la “jurisdicción especial” contemplada en el acuerdo del presidente Santos con las FARC, “suplantará el Poder Judicial y los organismos de control —Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría—, mientras se perfila para ello la revocatoria del Poder Legislativo para tramitar una Ley Habilitante de poderes dictatoriales para el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la República”.
Al parecer, en el mejor de los casos el presidente de Colombia considera que la paz es un bien supremo que justifica cualquier sacrificio, incluso de la justicia. Pero este es un criterio oportunista que choca contra el principio fundamental de humanidad y civilización, de que sin justicia real no puede haber una paz verdadera.
